Presiones gremiales y responsabilidades
Marcelo Gioscia Civitate | Montevideo
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La instrucción del sumario administrativo dispuesto por las autoridades a quien se desempeñaba como Director del Liceo N° 35 de Montevideo, más conocido como I.A.V.A. (Instituto Alfredo Vázquez Acevedo) con separación del cargo y retención de sus haberes por seis meses, llevó a efectuar un llamado para la elección de ese cargo.
Como ha sido hecho público, el funcionario sujeto a jerarquía se habría negado a obedecer la orden de su superior, que implicaba “recuperar” un espacio del histórico edificio ocupado por la gremial de estudiantes del cual ni siquiera conservaba una de las tres llaves existentes, según ha trascendido.
El gremio de profesores y algunos padres, así como personas que ocupan cargos de relevancia política, y posibles candidatos del Frente Amplio, expresaron por distintos medios su malestar con las autoridades de la Enseñanza, así como con la decisión administrativa adoptada con respecto a este funcionario público.
Concretamente, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria instó a que ningún profesor se presentara al llamado para cubrir transitoriamente la vacante, anteponiendo -a nuestro leal entender- los intereses político gremiales a los del interés público, que implica nada menos que el correcto funcionamiento del centro de estudios, así como el pleno ejercicio de la autoridad.
Al parecer, ningún aspirante -si es que se presentó algunohabría reunido las condiciones para ejercer el cargo; en consecuencia, las autoridades de Enseñanza Secundaria designaron a dos inspectoras para que asumieran en forma conjunta la dirección de ese centro, a las que se suman dos subdirectoras de los turnos diurno y nocturno, integrando las cuatro funcionarias un equipo de dirección denominado “Grupo de Organización y Gestión Pedagógica del Liceo 35”, a quienes debe augurárseles el mejor desempeño.
Sabido es lo altamente politizado que siempre ha caracterizado a ese emblemático liceo, tal vez por ello, sumado a la presión gremial, nadie finalmente se presentó al llamado.
Nuevamente se pretendió ocupar el inmueble por parte de algunos estudiantes y algún docente, pero la autoridad policial procedió a su desalojo, recrudeciendo —por parte de los ocupantes— las críticas contra la medida dispuesta.
Estos jóvenes, no llegan a comprender la falta total de fundamento legal para pretender mantener el uso del espacio -que en estado deplorable ocupaban como si fuera propioni tampoco advierten, ni menos respetan, el principio de jerarquía que alcanza a quienes deben cumplir en forma reglada con sus cometidos legalmente establecidos.
Al parecer, estos jóvenes -en su inconsistencia conceptualno llegan a advertir que están siendo utilizados por adultos que buscan alentar y mantener un hecho político, interesados exclusivamente en sus propios fines.
Tampoco advierten que su actitud contestataria excede los límites de una protesta o reclamo legítimo y que al causar un daño en un bien público de valor patrimonial, pueden ser llamados a responsabilidad – por su menor edad- no sólo ellos, sino hasta sus padres, en caso de una acción de recupero de la que podrían ser objeto.
¿Hasta cuándo y sin razón, seguirán exponiéndose?