La reforma necesaria y nunca tratada (1ra. parte)
Roque Gallego Curbelo | Montevideo
@| Dada la extensión de la carta que no permite sea publicada en una sola edición, he solicitado que la misma se publique en dos ediciones consecutivas.
La macrocefalia se define como un crecimiento del perímetro cefálico por encima de dos desviaciones estándar (DS) para la media de edad, edad gestacional y sexo. Si bien la anterior es una definición científica, el DRAE lo simplifica definiéndola como “cualidad de macrocéfalo” siendo macrocéfalo un adjetivo que equivale a: “Dicho de una persona o de un animal: Que tiene la cabeza demasiado grande con relación a su cuerpo”.
En El País del 21 de agosto de 2015 bajo el título: “Uruguay, el que más gasta en financiar legisladores”, se publica un trabajo del Centro Regional de Estrategias Económicas y Sostenibles (Crees) titulado “¿Cuánto cuestan los congresos de América Latina?”; señala que en Uruguay hay 38,2 legisladores por millón de habitante, colocándose así primero, bastante lejos del número dos de la lista, República Dominicana, que tiene 22,5. El que menos tiene es Brasil, con 2,9.
Los datos del estudio corresponden al año 2014. Uruguay también está primero en lo que respecta al gasto legislativo por habitante, con una cifra de 40,87 dólares a lo largo de 2014. La “sobrerrepresentatividad” parlamentaria nuestra queda en evidencia diciendo que nuestros legisladores, cada uno, representa a 24.931 de nosotros, cuando la media en la región es de 112.361 y en un país del poderío económico de Brasil es de 321.260 por habitante.
Es de hacer notar que a pesar de ser datos del año 2014, las cifras respecto del número de legisladores no ha variado mucho en lo que respecta al gasto; aunque tampoco es de señalar que más que el gasto lo que hay que atender es a su distribución. Es así que en el programa “En Perspectiva”, Gonzalo Pérez del Castillo, haciendo cálculos aproximados, dice que en 2016 el Parlamento costó 132 millones de dólares, el gasto en sueldo de los legisladores debió ser de 15 millones de dólares y se pregunta: el resto entre los 132 millones y los 15 millones, ¿en qué se gastó?
El mismo Gonzalo Pérez del Castillo responde aquella pregunta: “Los parlamentos se crearon originalmente para el control del gasto, es decir, poner un límite a los impuestos que decretaba el Soberano (un Rey). Pero resulta que, en mi país, el organismo responsable del control del gasto incurría en un bochornoso despilfarro de recursos propios y era totalmente incapaz de controlar el gasto del Ejecutivo. No tenía (ni quería tener) los medios técnicos para hacerlo. El desproporcionado presupuesto parlamentario se repartía mayoritariamente entre más de 1500 funcionarios todos ellos, con la excepción de los taquígrafos y pocos más, contratados a dedo.”
Hasta aquí esta primera parte que gracias a la amabilidad de la Sección Ecos de El País se continuará y finalizará en próxima edición con una solución propuesta a tan incongruente panorama antes descrito.