Quién progresa y quién conserva

El debate sobre el proyecto de ley de voluntad anticipada para tratamiento e internación por adicciones, que acaba de ser aprobado en el Senado con los 16 votos del oficialismo y vuelve a la cámara baja, es revelador de las maneras de entender la gestión política, que diferencian al gobierno de la oposición.

Desde la sociedad civil se venía reclamando desde hacía siete años una solución legal que permitiera a las familias tratar o internar a los adictos, aun en contra de su voluntad inmediata. Discutible o no, la voluntad anticipada habilita a que la persona, en el pleno uso de sus facultades, autorice ser sometida a tratamientos en el momento en que eventualmente pierda el control racional de sus decisiones, un problema que suele ocurrir y que somete, tanto a los adictos como a sus familiares, a verdaderos calvarios de indefensión.

El cartel que alzaban los manifestantes a favor del proyecto de ley, en las inmediaciones del Palacio Legislativo, lo decía todo: “No más hijos muriendo en calle. Soluciones ya”.

Desde que las legisladoras Nibia Reisch (Partido Colorado) y Silvana Pérez Bonavita (Cabildo Abierto) presentaron el proyecto, hubo diversas consultas a la sociedad civil y a la academia, que lo mejoraron sustancialmente.

Pero esta semana, no fue votado por la bancada opositora. El senador socialista José Nunes argumentó en su contra que “esta norma no solo permite retener contra su voluntad a la persona que se ha internado para desintoxicarse, sino que también permite internarla contra su voluntad”, como si un adicto problemático de pasta base estuviera en uso de sus facultades cuando rechaza someterse a un tratamiento que apunte a liberarlo de ese veneno… Pero al mismo tiempo Nunes aclara que la internación involuntaria “ya está claramente establecida en la ley 19.529 de Salud Mental (de 2017), y no se necesita que firme ninguna voluntad anticipada en ese sentido”.

La indignada respuesta del colectivo “Madres del Cerro”, que sufre el drama en carne propia, no se hizo esperar. Su vocera Gabriela Jost declaró a Medios Públicos que “los que acá se quejaron en el parlamento, de que todo lo que está en la nueva ley, se aplica ya en la de Salud Mental, que vengan a decirnos a las familias en la cara, que hace siete años estamos recorriendo los hospitales, y nunca se aplicó. ¡Que vengan a decirnos a nosotros! Vergüenza tendrían que tener, sentados en el parlamento, sabiendo que hay familias que tenemos a hijos muriéndose en la calle, que vamos a la puerta de los hospitales y no encontramos un psiquiatra, o que la internación involuntaria de la que tanto se jactan, acá no existe”.

Una declaración de la Sociedad de Psiquiatría, hace más de un año, iba en línea con la oposición al proyecto, en el entendido de que el sistema de salud no cuenta con los recursos suficientes para enfrentar una alta demanda de tratamientos e internaciones. Pero el presidente Lacalle Pou dejó en su discurso del pasado 2 de marzo absolutamente en claro que la salud mental y las adicciones deberán atenderse con el énfasis debido en la próxima rendición de cuentas.

Por eso vemos en el debate de esta ley un nuevo ejemplo de las actitudes diametralmente opuestas que separan al gobierno de coalición del Frente Amplio. De un lado están quienes se resignan a que todo quede como está, a que los cambios no se produzcan porque no

Conservadores son ellos, que se asumen incapaces de realizar los cambios que benefician a las futuras generaciones.

se puede. Del otro, quienes entendemos que el gobierno está para hacer lo que hay que hacer, y no para disculparse y flotar como un corcho.

Ya ocurrió con el FA declamando que los indigentes que pernoctan en la calle “tienen derecho” a esa indignidad. También cuando declararon la esencialidad en la enseñanza y después la levantaron, sacando de sus cargos a dos jerarcas que intentaban renovarla y regalándosela en bandeja a los sindicatos. Y también cuando manifestaron la urgencia de dar sustentabilidad al sistema previsional, pero nada hicieron al respecto.

Es hasta gracioso, porque en un reciente posteo en Twitter el senador frenteamplista José Carlos Mahía calificó a la coalición de “conservadora”: “el bloque conservador podrá mostrar matices en el discurso público, pero no en las acciones. No cambia nada”.

Conservadores son ellos, que se asumen incapaces de realizar los cambios que benefician a las futuras generaciones y ni siquiera acompañan al gobierno con el voto de sus legisladores, cuando este los encara con resolución y firmeza.

Si ellos son “progresistas”, uno ya no sabe qué calificar de retrógrado.