Abusos y abusos
Afinales de agosto de 2002, el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, renunció a su cargo luego de que una denuncia periodística revelara que el jerarca se había atendido, en su caso para una consulta oftalmológica que pagó de su bolsillo, en el Hospital Policial.
Menos de nueve meses después, y tras negarlo con particular énfasis durante algunos días, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, también debió presentar su dimisión luego que un periodista revelara que se había atendido y hasta retirado medicamentos del Hospital Policial.
“Jamás me aproveché del poder, pero si algo está mal, está mal”, escribió González en su carta de renuncia. ¿No sabía González que lo que estaba haciendo estaba mal? ¿Y por qué entonces no actuó como correspondía?
La ciudadanía tiene razones para indignarse cuando un jerarca usa, para sí o para allegados, un servicio de manera indebida. El Hospital Policial debe atender a los trabajadores policiales y a sus familias, y no a jerarcas políticos, legisladores o allegados. Son los trabajadores policiales, con sus aportes, los que lo financian. Como esos aportes no alcanzan para soportar las prestaciones que ofrece, el Estado debe socorrer cada mes al Hospital Policial con 21 millones de dólares. ¿De dónde sale ese dinero? De los contribuyentes. ¿Se entiende por qué no corresponde que los políticos, sus familiares o sus correligionarios utilicen este servicio?
Sin embargo, a nadie pareció indignarle tanto que el exministro del Interior, Eduardo Bonomi, utilizara de manera frecuente el Hospital Policial. ¿Estaba bien? No. ¿Era un abuso? Sí. ¿Alguien le pidió la renuncia por ello? Nadie.
Tampoco pareció provocar la misma indignación la revelación periodística de hace algunas semanas, que indicaba que la senadora del MPP, Susana Pereyra, se atendió en el Policial de manera reiterada cuando su esposo Eduardo Bonomi era ministro del Interior.
Pereyra se atendía en el Hospital Policial bajo la calidad de “oficial subayudante” de la Policía. Es decir, siendo legisladora, se hizo pasar —o la hicieron pasar— por policía. Las denuncias indican que se atendió al menos en 21 oportunidades en la policlínica de ese centro de salud entre 2010 y 2017. También realizó 21 consultas paraclínicas, 47 exámenes de laboratorio y retiro de 41 medicamentos. ¿Eso no es acaso un abuso?
¿Y lo que hizo el entonces director general del Ministerio del Interior, Charles Carrera, también del MPP, cuando hizo atender en el Hospital Policial a un civil que había quedado en silla de ruedas por un disparo policial?
¿Y el hecho de que la exesposa del propio Carrera, la ciudadana Andrea Epifanio, se atendiera en el Hospital Policial haciéndose pasar por oficial subayudante cuando era una civil? La mujer se atendió al menos 42 veces, generando gastos por unos 26 mil dólares por consultas y estudios que nunca pagó.
¿Acaso eso no es también un abuso?
¿Y entonces? ¿Por qué algunos se indignan y piden renuncias y explicaciones cuando el abuso es de un contrincante, pero miran para el costado y denuncian persecuciones cuando quien abusó es un correligionario?