De alegrías y dolores
El Ministerio del Interior confirmó reiterado uso del Hospital Policial por el ex Director Santiago González y ampliará denuncia penal en la causa que investiga a varios jerarcas de gobiernos anteriores por ese uso indebido.” Esto escribió Jorge Gandini, proclamando “Me alegra confirmar que en este gobierno lo jurídico está antes que lo político.”
Compartimos esta alegría con el senador blanco. Y compartimos la rotundidad del verbo “confirmar”, que es “corroborar la verdad, certeza o el grado de probabilidad de algo”; y el “algo” del caso es nada menos que la igualdad ante la ley, que la hace pareja, sin lemas. Es un “algo” que está en la médula del Derecho.
Felizmente, “en este gobierno” no es una excepción. Por motivos ético-jurídicos cayeron el Ministro de Turismo Cardoso, la Subsecretaria de RREE Ache, el Ministro de Ambiente Peña y la Ministra de Vivienda Moreira de Manini. Y por delitos, en este período fue condenado el ex Presidente de URSEC Cendoya, marchó a la cárcel la pandilla de Astesiano & Co. y está bajo lupa fiscal y vigilancia pública el senador Penadés.
Apenas profundizada la indagación del abuso del Hospital Policial que hizo el Director de Convivencia, González tuvo que desmentirse a sí mismo y renunciar. Su caso se sumará a la lista de prácticas similares perpetradas en el gobierno anterior. Nos alegra que confirmemos que en el Uruguay lo político NO esté por sobre lo jurídico, enterrando el dicterio de Mujica. Pero el hecho en sí no deja de dolernos. La convivencia ciudadana no merecía tener a su frente a alguien que, a horcajadas sobre un cargo, usó su rebanada de poder para ahorrarse tickets o conseguir fecha en un hospital público al que no tenía derecho.
Otro tanto puede decirse de los precedentes que repasamos, blancos, colorados y frenteamplistas. No debimos tener un Presidente de URSEC incurso en favoritismo y destrucción de documentos, ni un Ministro de Turismo que compró servicios locales a una empresa fantasma de Estonia, ni una Cancillería que ayudó a excarcelar a un narco, ni un Ministro de Ambiente que usaba un título que no tenía.
Tampoco debimos tener una Ministra que se creía con potestades para otorgar viviendas sin sorteo y que para defenderse invocó una resolución del 5 de octubre de 2009 cuyo texto completo —leído en Internet— no le otorga la autorización que adujo.
Todo eso nos habla de una debilidad de la conciencia jurídica que es el resultado de
Nos alegra que confirmemos que en el Uruguay lo político NO esté por sobre lo jurídico.
abandonar la exigencia normativa de que los principios valgan por sobre los hechos y las cosas.
Tenemos hoy un Derecho profuso pero débil y enfermo. No sólo por las tentaciones en que cayó una ínfima minoría sino por factores más generalizados que lo degradan: la pérdida de vigor del Poder Judicial; la desaparición del cara a cara que prometieron los Códigos de Procedimiento Civil y Penal, que hoy están hundiéndose en la impersonalización; el vaciamiento humano impuesto desde interpretaciones importadas; la defensa ruidosa de derechos perversos, como el derecho a drogarse, a mutilarse o a dormir en la calle: pretendidos derechos que ni realizan un ideal ni protegen un interés legítimo y son la nada mal pensada; etcétera.
Aplaudamos, pues, la alegría de que nuestra Justicia penal sea igualitaria y sin cintillos.
Pero dolámonos y rebelémonos ante el aflojamiento de nuestro Derecho, base inseparable de toda definición nacional.