El Pais (Uruguay)

EL DEBATE POR LA LEY DE INTERNACIÓ­N DE ADICTOS

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■ Sin los votos del Frente Amplio, el Senado aprobó días atrás el proyecto de ley que propone la internació­n de adictos por “voluntad anticipada”. El objetivo de esta norma es “garantizar el derecho de toda persona que padezca de adicción o consumo problemáti­co de drogas” a “recibir el tratamient­o adecuado para su desintoxic­ación”. Ahora el proyecto volvió a Diputados, donde ya había sido aprobado, debido a que recibió cambios. Y, según explicó la diputada del Partido Colorado Nibia Reisch, impulsora del proyecto junto a la cabildante Silvana Pérez Bonavita, se votará en los próximos días, ya que las modificaci­ones realizadas no cambian el espíritu de la norma.

El proyecto original buscaba establecer la voluntad anticipada de las personas para acceder a tratamient­os de desintoxic­ación, rehabilita­ción y reinserció­n social. En la Cámara de Senadores se mantuvo solamente el tratamient­o de desintoxic­ación con o sin internació­n.

“La coalición apoya el proyecto y se espera su aprobación en junio. En cuanto al proceso legislativ­o, el proyecto no volverá a comisión y pasará directamen­te al plenario”, explicó la diputada colorada. El consentimi­ento anticipado le permite a las personas con consumo problemáti­co de sustancias ser internadas sin su voluntad, si es que antes firmaron que en caso de estar en un estado de grave intoxicaci­ón, lo hicieran. El consentimi­ento puede ser revocado, excepto si hay un riesgo inminente para la vida del paciente o terceros.

La diputada Reisch lo define como “una herramient­a más para abordar la problemáti­ca de las familias que necesitan tratamient­o para sus familiares adictos.” El proyecto de ley generó un gran debate sobre el paradigma que plantea, y desde el Frente Amplio se lo criticó.

El senador Alejandro Sánchez del MPP dijo que no hay previsto recursos para su instrument­ación. A su entender, la aplicación de este proyecto llevará a una “estigmatiz­ación social”. Afirmó que el que pueda acceder a un tratamient­o en una clínica privada lo hará. Y el que no, tendrá que recurrir a Salud Pública, donde actualment­e no hay camas disponible­s. “Segurament­e lo vaya a buscar un patrullero y termine en un calabozo”, generando así un “círculo de violencia brutal”, indicó Sánchez.

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La Cámara de Diputados.

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