Claro como el agua
La grave sequía que soporta el país ha puesto sobre la mesa su posible falta para la población de tres departamentos. Los expertos afirman que esta es la mayor sequía en el lapso de los 74 años que se llevan registros en Uruguay y si las lluvias no llegan pronto, el abastecimiento en Montevideo, Canelones y Lavalleja entrará en crisis.
El lunes pasado por primera vez se realizó una reunión cumbre en la Torre Ejecutiva entre el gobierno y los intendentes de los departamentos afectados, con presencia del presidente de OSE y el ministro de Medio Ambiente. La emergencia lo exigía. El martes, la conferencia de prensa ofrecida por el gobierno pretendió dar tranquilidad a la población con el anuncio de medidas y recaudos ante la crisis hídrica que pueden asegurar un consumo de agua con la calidad actual. Sin embargo se dijo que se siguen esperando las lluvias que es la forma inmediata de resolver el problema. El miércoles, la interpelación parlamentaria que promovió la oposición completó tres días en los que el tema excluyente fue el agua. Finalmente esa noche, en una emisión especial del programa Telemundo, quedó claro desde cuándo arrastramos el problema y cuántas cosas no se hicieron que debieron hacerse. Expertos coincidieron en que no se puede tener una única fuente de agua potable para el 60% de los habitantes del país.
La sequía y la falta de agua han crecido en difusión y en polémicas, muchas de ellas teñidas de intención política y buscando réditos en la desgracia colectiva. Se llegaron a convocar marchas y paros en contra del fenómeno climático. La oposición acusó al gobierno de no haber previsto y realizado las obras necesarias para paliar el desastre. Este respondió que ni siquiera habiéndolas empezado el primer día de instalado, se hubieran podido terminar para que estuvieran operativas. Una administración iniciada hace poco más de tres años, que ha debido enfrentar otras calamidades de honda repercusión social, como la pandemia y la inflación internacional producto de la guerra de Ucrania, ahora debe afrontar la falta de lluvias y la amenaza de quedarse sin agua potable. Eso se llama ligar mal y aunque la presente sequía hace tres años que existe, la inoperancia del sistema político llevó a que se demoraran y postergasen obras que hoy podían evitar el riesgo.
Hay que recordar que el 31 de octubre de 2004, en consonancia con las elecciones nacionales, se plebiscitó la reforma constitucional que puso totalmente en manos del Estado la distribución de agua potable y saneamiento en Uruguay. La propuesta contó con un 64,58% de apoyo, por lo que fue homologada. Esto dio rango constitucional a la exclusividad estatal del manejo del agua en todas las modalidades de uso, lo cual hizo caer las concesiones privadas que operaban en Maldonado con la multinacional francesa Suez Lyonnese Des Aux y la española Aguas de Barcelona. Privado había sido el suministro y gestión del agua entre 1879 y 1950, a cargo de la compañía inglesa The Montevideo Waterworks Co. En 1952 fue creada OSE para poner en el dominio estatal el saneamiento y distribución de agua en el país.
Hace 19 años que el agua del territorio nacional es administrada y gestionada solo por el Estado. No hay gestión privada. A su vez el Estado no
Hace 19 años que el agua del territorio nacional es administrada y gestionada solo por el Estado.
es de ningún partido político, porque la alternancia democrática en el poder determina cambios en su administración. Se puede decir sin faltar a la verdad que de estos 19 años que pasaron desde el plebiscito, el Frente Amplio gobernó durante 15. Y esto significa que tiene responsabilidad por lo que debió hacerse y no se hizo en ese tiempo, por las previsiones no tomadas o por la falta de planificación al respecto. Sin embargo, le está exigiendo al gobierno lo que en tres lustros no realizó.
A la gente no le interesa quién tiene o tuvo la culpa. El ciudadano le exige al Estado —sea quien sea el que lo administre— que lo provea de agua potable y haga todas las obras necesarias para enfrentar una sequía como la que se padece. Desde la creación de OSE, y en especial a partir de 2004, el agua es una cuestión de Estado, no de partidos ni de gobiernos. Paradójicamente, OSE es el ente estatal que históricamente menores inversiones ha recibido. Y en este aspecto, es el sistema político el que ha fallado. Y lo viene haciendo desde mucho antes de 2004, pero hasta hoy eso no se notó.
Si se consulta en la web el portal educativo de OSE, se lee: “Existen en Uruguay varios acuíferos de importancia, como el de Raigón en la parte sur del país o en Mercedes en la zona litoral oeste. El de mayor potencial hídrico es el Sistema
Acuífero Guaraní, que se desarrolla en la Cuenca Norte. Es compartido con Argentina, Brasil y Paraguay, y ocupa en Uruguay un área de 43.000 km2. Representa una de las más importantes reservas subterráneas de agua dulce en el mundo, —la tercera, agrego yo— con un potencial hídrico del orden de los 40.000 km3. (…). Actualmente en Uruguay su explotación está destinada principalmente a la industria turística, aunque hay ciudades como Rivera y Artigas que cubren su demanda para consumo humano con agua subterránea de este acuífero.” Por lo que la propia OSE informa, su potencial es aprovechado, en el caso de Rivera, en el 100% de su agua potable extraída del acuífero. De la totalidad de agua disponible de ese inmenso reservorio, el ente estatal utiliza solo el 30%.
Un país que está ubicado sobre una parte de la tercera reserva de agua dulce subterránea del mundo no puede estar sometido al regimen de lluvias, a los avatares del cambio climático y a discutir entre Casupá y Arazatí. Pero también se debe tener en cuenta que, de acuerdo a estudios realizados por la Universidad de California, 13 de los 37 acuíferos más grandes del planeta, estudiados entre 2003 y 2013, se están agotando, y reciben poca o ninguna recarga, entre ellos el Guaraní. Usémoslo antes de que desaparezca.
Por último: de una vez por todas hay que entender que el agua es un recurso tan valioso y estratégico como lo ha sido el petróleo. ¿Cuándo va a acordarse e implementarse una política de Estado al respecto? Uruguay no puede dejar el agua como rehén de disputas políticas y en manos de la burocracia irresoluta. Eso es claro como el agua que hoy falta.