REPAROS A PROYECTO DE LEY
La “burocratización” a la que hacen referencia tiene que ver con que el artículo 6 del proyecto indica que el propietario o administrador de la “vivienda de uso turístico” deberá realizar una declaración jurada ante el Registro de Prestadores de Servicios Turísticos del Ministerio de Turismo. También, en el caso de que una persona “intermedie de forma habitual en más de una propiedad” de este tipo deberá registrarse como inmobiliaria turística ante la cartera. El segundo caso es algo relativamente frecuente entre quienes ofrecen alojamientos en las aplicaciones, que muchas veces tienen varias cabañas o apartamentos similares a disposición del turista. Si se aprueba la ley, estos pasarán a tener igualdad de condiciones con las de una inmobiliaria.
“Claramente quienes escribieron este proyecto desconocen cómo funcionamos, no tiene sentido poner las mismas cargas burocráticas que puede llegar a tener un operador inmobiliario o un hotel, con la de una persona que alquila su casa o habitación como forma de complementar los ingresos para afrontar los gastos cotidianos o para pagar la contribución inmobiliaria”, manifiesta la carta enviada a los legisladores.
El País intentó comunicarse con la empresa Airbnb y esta prefirió no responder las consultas. Sin embargo, Aníbal López, líder de la comunidad de anfitriones de la app en Maldonado, manifiesta ante la consulta de cuál sería el tipo de regulación necesaria, que lo más importante es que haya un “registro con un proceso sencillo y centralizado para que todos los que participan del sector cumplan con el proceso”.
Según López, la inmensa mayoría de las personas que hoy ofrecen alojamiento en las plataformas durante más de cinco veces en el año o 90 días en el año —como indica el proyecto de ley— brindan “otro tipo de turismo” diferente al de
“los grandes hoteleros” porque este “es un turismo de experiencia”. “Muchos de nosotros nos encontramos en pequeñas localidades, balnearios del oeste o zonas con mucha riqueza natural. Vemos fin de semana tras fin de semana cómo los huéspedes llegan, se interesan por conocer la historia local, van a comprar los insumos al almacén del barrio, se introducen en la cultura local y contagian de todo a la comunidad”, expresa.
No son solo los que se verán afectados por las regulaciones a la “vivienda de uso turístico” los que se oponen al proyecto, sino que más de un legislador se manifestó en contra de la iniciativa en la visita de las autoridades de la cartera de Turismo a la comisión que estudia el tema. La senadora frenteamplista Liliam Kechichian, quien estuvo al frente del Ministerio de Turismo entre 2012 y 2020, manifestó allí que tiene sus “dudas” acerca de si “este es el mejor camino” para abordar la problemática con los alojamientos temporales. “Me preocupa cómo vamos a controlar eso de que se pueda alquilar cinco veces y no más. No de ahora sino que me preocupó siempre, porque en el período pasado tuvimos muchas dificultades de control ya que el
Un grupo de anfitriones de Airbnb envió una carta a los legisladores advirtiendo los “riesgos” del proyecto.
ministerio es débil en ese sentido; era débil y creo que sigue siéndolo”, dijo Kechichian, según la versión taquigráfica.
El senador Alejandro Sánchez, también frenteamplista, cuestionó el modo en el que está planteado el proyecto y sus posibles afectaciones sobre la clase media que “busca complementar sus ingresos” con este tipo de alquileres.
Desde el oficialismo, el senador colorado Raúl Batlle también calificó de “equivocado” al proyecto del Ministerio de Turismo, por su redacción. “Se habla de ofrecer y no de alquilar. Si uno pone su casa en cualquier plataforma y la ofrece todo el año o por más de cinco veces, tiene que ingresar en un registro; todas las casitas de balneario de todo el país tienen que estar en el registro según esta propuesta. Me parece que está mal redactado para tratar de sacar a unos seis o siete competidores desleales”, explicó
Batlle en comisión frente al ministro Viera. Además, el legislador aseguró que las plataformas como Airbnb o Booking vinieron “realmente a ayudar” porque “un montón de gente entró en el mercado” y agregó: “Antes una casita en Las Toscas, no tenían cómo alquilarla y ahora sí. Una casita de balneario ahora se alquila”.
En este sentido, el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU), Francisco Rodríguez, sostiene que hay una “gran confusión” con respecto al proyecto de ley porque “no se va contra las plataformas sino que se está tratando de proteger al turista” que “frecuentemente” cae en lugares que tienen algún tipo de problema y “nadie se hace responsable de eso”.
Rodríguez explica: “La inmensa mayoría de los hoteles trabajan con Booking así que no va por el lado de sacar nada, pero honestamente como sector no entendemos cómo en la parte política haya dudas de que esto sea beneficioso para el usuario y para la competencia desleal. Además de que sin regulación se fomenta el trabajo informal”.
El senador nacionalista Amín Niffouri, quien además preside la Comisión de Turismo, dice a El País que “hay voluntad política” de parte del Partido Nacional para que el proyecto de ley salga, aunque advierte que “posiblemente” sea con varias modificaciones. “El tema está sobre la mesa hace años, es cierto, pero también es cierto que tenemos que ser finos en la definición para no involucrar de repente a actores que no tendrían que quedar comprendidos en la ley”, dice Niffouri.
Tal como sucedió con Uber, la posible regulación de los alojamientos que hoy se concretan a través de las aplicaciones podría no lograr una luz verde con gran facilidad en Uruguay. Esto a pesar de que tanto los legisladores como las autoridades e incluso los involucrados en el tema están de acuerdo en que algo, por lo menos, habría que poner en regla cuando se habla de alojamientos informales. El debate está instalado.