Lo que cambió
La construcción del Antel Arena será por siempre uno de los negocios públicos más opacos de la historia nacional. Suele decirse que legalmente “hay dos bibliotecas” para interpretar la legislación entendida como la totalidad de las normas jurídicas —Constitución, leyes, decretos, etc.— que nos rigen. No es así. El que se inicia en la vida del Derecho aprende de arranque una máxima contenida en el art. 17, del Título Preliminar del Código Civil que dice: “Cuando el tenor de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu”. Y se agrega luego que solo ante expresiones de la ley oscuras es posible recurrir a su espíritu consultando a la historia de su sanción.
El artículo 190 de la Constitución nacional dice que: “Los Entes Autónomos” —actualmente denominados “empresas públicas”— “no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades”. Es clarísimo el tenor literal de esta norma que consagra lo que se conoce como el principio de especialidad que se aplica a las empresas públicas. En relación con Antel significa que su cometido son las telecomunicaciones — como lo dice la ley de su creación Nº 14.235— entre las que no revista convertirse en inversor de un costoso circo destinado a espectáculos musicales o partidos de basket-ball.
La norma constitucional se redactó para evitar al país que los directivos de las empresas públicas cuando son políticos que operan al mismo tiempo en el terreno electoral —como ocurre con el caso de la Ing. Carolina Cosse y el Antel Arena— gasten los dineros del Estado en la promoción de su persona.
Lo expresado es suficiente como para censurar un gasto de Antel que pasó de 40 millones a casi 120 millones de dólares. Y, es solo un botón de muestra ya que —entre otras cosas— no hay fundamentos que justifiquen la necesidad del proyecto, no hubo licitación pública para convocar a interesados en el negocio, no existe un plan previo de inversión que explique qué beneficio económico obtendría fundadamente Antel del emprendimiento, ni cuándo operaría el retorno de la inversión; y, el valor de mercado del inmueble por estas consideraciones se ha estimado es la cuarta parte de su costo. Además, se sabe estamos ante un gasto que nunca será amortizado, y que genera gastos ingentes y permanentes de mantenimiento y administración, que serán atendidos indefinidamente con el bolsillo de Juan Pueblo. En su tiempo el Dr. Tabaré Vázquez y el ministro de Economía Danilo Astori, afirmaron la conveniencia de postergar esta construcción hecha cuando no era posible económicamente encarar proyectos como la Represa Casupá, necesaria al incremento de las reservas de agua potable.
Presentada denuncia penal por Antel originalmente el fiscal en Delitos Económicos y Complejos Enrique Rodríguez fue quien tomó conocimiento, avanzando con firmeza en la investigación, llegando a convocar como imputados a exjerarcas frentistas de Antel. En enero de 2023 actuando como fiscal de Corte Juan Gómez, se sustituyó al fiscal mencionado por Alejandro Machado. Quien en un informe reciente de plena adhesión a la posición desarrollada por la defensa de las autoridades frenteamplistas acaba de archivar el expediente sin llamar a responsabilidad a nadie. El escandaloso despropósito público que los hechos implican sigue de pie. Lo único que cambió fue el fiscal asignado al caso.
La Constitución y el marco legal siguen iguales, lo que se cambió fue al fiscal.