¿QUÉ SE CUMPLIÓ Y QUÉ NO A 4 AÑOS?

near” la política exterior “con los principios del Derecho Internacional, la solución pacífica de las controversias, la democracia, la defensa de los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho”. Durante la campaña uno de los principales reproches que la coalición hacía al Frente Amplio era su falta de consenso interno para decir que los gobiernos de Venezuela y Cuba son dictaduras. Al contrario de lo que pasaba antes, ahora el gobierno está alineado con la postura del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien denunció los abusos en esos países en reiteradas ocasiones. Por lo tanto, el punto se puede clasificar como cumplido.

Otra de las promesas donde sí hubo avances es “impulsar nuevos acuerdos económicos con los principales países del Sudeste y Sur de Asia”. Por fuera del Mercosur, Uruguay buscó avanzar hacia un posible TLC con Turquía en 2021, pero una iniciativa del Parlamento uruguayo sobre el genocidio armenio parece haber dejado esa posibilidad por el camino.

En conjunto con el bloque regional se logró avanzar hacia un posible TLC con Corea y se concretó otro con Singapur. Además, el excanciller Francisco Bustillo presentó el año pasado una carta de adhesión para que Uruguay se sume al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Cptpp, por su sigla en inglés) y, aunque aún no hubo novedades al respecto, los expertos aseguran que se trata de un paso importante para Uruguay en las relaciones con los países asiáticos.

Los especialistas en la materia están de acuerdo en que, a pesar de que el gobierno se planteó al inicio del mandato hacer una reforma de la Cancillería, hubo pocos progresos en este sentido. Sin embargo, es cierto que en 2020 Bustillo informó el cierre de tres embajadas y seis consulados por motivos presupuestales.

“Reorientar, reentrenar y redesplegar el servicio exterior para transformarlo en una gran fuerza comercial”, es lo que se proponía el gobierno previo al 1° de marzo de 2020, y aunque hubo cambios en la estructura del servicio exterior, la reforma del Ministerio de Relaciones Exteriores no tuvo la dimensión que se esperaba.

Las políticas sociales o asistenciales también estuvieron en el centro del debate de campaña entre los partidos de la coalición y el Frente Amplio. Mientras que la izquierda reivindicaba haber constituido el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y combatido la pobreza y la desigualdad, desde los partidos que hoy conforman el oficialismo denunciaban un deterioro de los resultados de esas políticas en la segunda mitad del ciclo frenteamplista, y planteaban nuevas recetas para luchar contra la “fractura social”.

El primer punto que se proponía el gobierno de Lacalle Pou para proteger a los más débiles era incrementar la efectividad y reducir la burocracia del Mides “descentralizando la ejecución de programas sociales”. En este sentido hubo avances, porque se hicieron reestructuras en el organigrama del ministerio, pero la reducción de la burocracia y la discrecionalidad son aspectos que también entran en la categoría de lo discutible.

También se propuso el gobierno “dar prioridad a la primera infancia” y “asegurar una intención integral” a los niños de esa edad. El grado de cumplimiento de ese punto resulta algo ambiguo, porque durante los últimos cuatro años no mejoraron las cifras de pobreza infantil, pero a la vez es cierto que se le dio más recursos a las áreas de primera infancia, con el establecimiento del Bono Crianza, que incluyó la partida de 50 millones de dólares anuales para atender esa franja etaria. También vinculado a los menores de edad, el gobierno cumplió con el aceleramiento de los procesos de adopción en todo el país y el mecanismo nuevo provocó que 2022 fuera el año récord en cifras de adopción, con un total de 151 niñas y niños adoptados.

En cuanto a lo que sucede en la calle, el último censo del Mides dio a conocer que hubo un incremento del 24% en la población de calle con respecto a 2021. En total, las autoridades contabilizaron unas 540 personas más. Tras la divulgalas ción de las cifras, la directora nacional de Protección Social de la cartera, Fernanda Auersperg, dijo que el 85% de las personas que viven en la calle tienen un uso problemático de sustancias.

Entre las diferentes propuestas del Compromiso por el país, el gobierno se proponía “fortalecer y coordinar” los programas dirigidos al tratamiento de adicciones y el consumo problemático de drogas y alcohol. Esto se hizo en la última Rendición de Cuentas, cuando se puso en marcha el Plan Nacional de Salud Mental y Adicciones con una inversión de 20 millones de dólares distribuidos entre ASSE, el Mides, la Junta Nacional de Drogas y otros centros específicos.

En relación al endeudamiento de los jubilados, el gobierno propuso como medida de mitigación una reducción progresiva de las tasas de interés de los préstamos que el Banco de Previsión Social (BPS) y el Banco República (BROU) ofrecen a los pasivos, pero por el momento no se cumplió.

El BPS no tocó los porcentajes mientras que el BROU hizo algún avance rebajando dos puntos de las tasas únicamente durante los dos meses (noviembre – diciembre) en que se habilita la renovación de los créditos.

Otra de las medidas que se proponía el gobierno de Lacalle Pou —y que se incluyó en el capítulo de “Protección a los más débiles”— era “iniciar un proceso que conduzca a una reforma de la seguridad social con sólida base técnica y amplio apoyo político”. Ese compromiso se cumplió primero a través de la convocatoria de una comisión de expertos con representantes de todos los partidos y organizaciones sociales, y luego a través de su traducción en una ley, que sin embargo fue aprobada solo con el respaldo del oficialismo y luego de arduas negociaciones internas.

La última propuesta en este plano tuvo un cumplimiento parcial: la eliminación gradual del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS). La ley de Rendición de Cuentas votada en 2023 incluyó una reducción de las tasas progresionales que se aplican sobre los ingresos anuales.

La transparencia, así como la necesidad de tener un estado más ágil, inteligente y moderno, fue otro puntal del discurso de los partidos que llegaron al gobierno en marzo de 2020, justo antes del inicio de la pandemia.

Sin embargo, se trata del capítulo con mayores grados de incumplimiento, con la concreción de solo una de las doce medidas según el análisis realizado por El País: la creación de una Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas (a través de la LUC).

La categoría “sin avances” fue la más presente en este capítulo, e incluyó además algunas de las propuestas más importantes. Pese a que la coalición se comprometió a fortalecer la Jun ta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), no solo no se le aumentaron los recursos —como se planteó en campaña— sino que también se le quitó jerarquía política. Tampoco existió el prometido fortalecimiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ni del Tribunal de Cuentas.

Otros compromisos sin avances fueron el de promover una normativa que establezca el concurso y el mérito en el ingreso y ascenso de personas contratadas por los gobiernos departamentales, así como la promesa de incorporar un paquete de leyes anticorrupción que abarque las figuras de enriquecimiento ilícito, arrepentido y extinción de dominio. Sobre el primer punto, el senador colorado Adrián Peña presentó un proyecto de ley cuyo tratamiento se dilató ante resistencias de intendentes blancos. El asunto se seguirá discutiendo este año, aunque su avance es por el momento incierto. Sobre el segundo punto, Cabildo Abierto presentó —en paralelo a otro del Frente Amplio— un proyecto de ley para establecer la figura de “enriquecimiento ilícito”, pero su discusión en la comisión de la Cámara Alta también quedó postergada y sin garantías de concretarse en este año electoral.

Esas cinco promesas de momento incumplidas se suman a otras dos de avance discutible. El primero de ellos es el “Plan de desburocratización y simplificación de trámites”, que no tuvo un impulso unificado ni significativo más allá de los avances usuales que hay en esa materia. El segundo es la reorganización de los mecanismos de selección, ingreso, inducción y redistribución de funcionarios públicos. En este punto, la Oficina Nacional de Servicio Civil impulsó —con apoyo de OPP— una reforma del Estado para darle mayor flexibilidad y modernidad a la carrera administrativa en el Estado, e identificó las diferentes ocupaciones existentes en la Administración Central, pero los respaldos políticos para avanzar a fondo, actualizando la escala salarial y las dispares compensaciones que reciben los funcionarios, fueron muy escuetos.

Después hubo cuatro medidas con avances parciales. Allí aparece por ejemplo el fortalecimiento de las compras públicas, con avances incipientes tales como la transformación de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, dependiente de Presidencia, en un órgano desconcentrado llamado Agencia Reguladora de Compras del Estado (ARCE), dándole autonomía técnica.

También se empezó a trabajar en una plataforma que integre la gestión de compras y abastecimiento, financiera y humana. Otra promesa con grados de avance es la referida al aprovechamiento de inmuebles del Estado: la ley de Presupuesto de 2020 creó un Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado, por el cual se identificaron alrededor de 8.000 en desuso, y se comenzaron los remates de unas decenas de ellos. Asimismo, se incluye en esa categoría el fortalecimiento de las garantías de los contribuyentes ante la autoridad impositiva, cuyo tratamiento parlamentario comenzó en 2023 y no ha recibido mayores resistencias por el momento.

ROBERT SILVA

CODICEN

El dirigente colorado fue el hombre a cargo de la reforma educativa. Renunció para ser precandidato a la Presidencia.

Azucena Arbeleche

ECONOMÍA

Es de las pocas figuras del gabinete que se mantiene desde el inicio.

FRANCISCO BUSTILLO

CANCILLERÍA

Suplantó a Ernesto Talvi tras su salida en julio de 2020. Debió renunciar en noviembre pasado en medio de una crisis.