Verde que te quiero verde
Sequía e inundación. Falta de agua y exceso de agua. Calor. El cambio climático causado por el ser humano está afectando fenómenos meteorológicos alrededor del mundo generando impactos adversos generalizados.
Uruguay no es ajeno a los vaivenes meteorológicos. En el 2023 se vivió la peor sequía en setenta años con una caída equivalente a 3% del PIB nacional. Además, el déficit hídrico secó el Paso Severino, la principal fuente de abastecimiento de agua potable de Montevideo, provocando una crisis (salada) sin precedentes.
Cuando escuchamos estos titulares es frecuente asociar la discusión del cambio climático con catástrofes e imágenes de niños en manifestaciones o destruyendo arte. Sin embargo, la historia nos enseña que la solución puede surgir de cambios tecnológicos, además de transformaciones culturales y en los hábitos. En los ochenta y noventa, los ríos y playas que estaban contaminados fueron recuperados gracias a mejoras tecnológicas. Con los incentivos adecuados, las industrias sucias redujeron la contaminación de forma dramática. Muchas veces la tecnología existe y es cuestión de incentivos lograr efectuar el cambio.
La “tragedia de los comunes” es un concepto descrito por Garrett Hardin (1968) que trata de situaciones en las cuales varios individuos, motivados solo por el interés personal y actuando independiente pero racionalmente, terminan por destruir un recurso compartido limitado (el común) aunque a ninguno de ellos les convenga que tal destrucción suceda. Hardin argumentó que la libertad en un bien de uso común conduce a la ruina para todos, ya que cada individuo está motivado a aumentar su ganancia sin límite en un mundo finito. Hardin entonces plantea cómo regular recursos compartidos.
Y en ese sentido son muchos los países y organismos que están acudiendo al reto de regular, generar incentivos e imponer sanciones para controlar el cambio climático. Pero la regulación y subsidio tienen su contracara ya que fomentan el proteccionismo. Las políticas de transformación verde son un arma de doble filo: sirven para catalizar el cambio tecnológico para proteger al planeta pero pueden ser también medidas proteccionistas.
En EEUU, el Inflation Reduction Act es un paquete de incentivos a la industria americana de unos 370 mil millones de dólares de inversiones en forma de créditos fiscales para aumentar la demanda de vehículos eléctricos, materiales de construcción de baja emisión de carbono, fomentar la energía renovable y estimular la innovación en tecnologías limpias. Una de las grandes apuestas es la tecnología de captura de carbono que promete enterrar en la tierra el exceso de carbono que circula en la atmósfera.
Considerando que Estados Unidos es uno de los mayores emisores de carbono per cápita, estas medidas son bienvenidas por el bien común. Sin embargo, es importante tener presente que estas medidas también buscan disminuir la dependencia de EEUU de las cadenas de suministro globales, optando por insumos locales. La administración de Biden sostiene que los subsidios verdes merecen tratamiento especial por parte de la OMC dado su impacto ambiental.
En Europa, el acuerdo con el Mercosur sigue empantanado porque se señala la deforestación en el Amazonas. Tras décadas, es evidente que Europa no ha presentado una propuesta alternativa para colaborar con Sudamérica en la protección de ese recurso. Por otro lado, la Unión Europea propone un nuevo arancel (Carbon Border Adjustment Mechanism o CBAM) que busca gravar a las importaciones de industrias sucias. Lo que se busca es evitar que las industrias se trasladen a países con menores regulaciones pero ¿se justifica el aumento del proteccionismo en aras del bien común?
Ante estas potencias y economías gigantes, Uruguay no tiene influencia debido a su reducido tamaño. Uruguay ya tiene una matriz energética espectacularmente limpia. En cuanto al metano, la producción ganadera uruguaya equivale a una muy pequeña fracción de la emisión mundial.
Por otro lado, la economía uruguaya es muy dependiente de la industria agroexportadora y debería tomar recaudo. Se puede pensar, por ejemplo, en los sistemas de riego y tecnologías que permitan el mejor uso del agua en situaciones extremas así como adaptar cosechas y productos a los vaivenes climáticos. También son claves los seguros que alienten a los productores a invertir en las cosechas. El debate sobre cómo adaptarse y acompañar el cambio climático debería ser un tema clave para todos los uruguayos.
Dicho esto, es importante destacar que la deuda soberana uruguaya tiene una excelente calificación ambiental —la más alta entre los mercados emergentes— precisamente por ser una economía particularmente verde. Esto hace muy atractiva la deuda uruguaya para los fondos de inversión (enverdece sus portafolios) y se traduce en mejores condiciones para la financiación. De forma conservadora se puede estimar ese ahorro como 1% (comparando el costo de financiación con otros países con similar credit rating, aun luego de la mejora del rating soberano anunciada la semana pasada). Si se emitieron 4 mil millones al año, durante los últimos 4 años, el ahorro por la alta demanda de deuda uruguaya por sus características amigables con el medioambiente ya está en 160 millones de dólares anuales.
Uruguay ya está capitalizando su marca país, “Uruguay natural”, por el bien de todos.
Las políticas de transformación verde son un arma de doble filo: sirven para proteger al planeta pero pueden ser proteccionistas.