Ataque al sistema de Justicia
La decisión de una abogada del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, de llevar el caso de la denuncia de violación grupal en el barrio Cordón de Montevideo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un ataque directo al sistema de Justicia en Uruguay. Además de un despilfarro frívolo del dinero de los contribuyentes.
El caso es bien recordado por la mayoría de los uruguayos informados. Una joven que denunció haber sido salvajemente violada por cuatro hombres, uno de ellos menor de edad, que la habrían engañado en un bar para llevarla a su propio departamento, donde se habría concretado la agresión. De inmediato, la denuncia generó la consternación de toda la sociedad, y hasta el presidente de la República pidió la mayor de las penas a los acusados.
Pero a medida que avanzaba la investigación fueron ocurriendo cosas que marcaron el devenir de la causa. Para empezar, se conoció información relevante gracias a un programa radial, que ponía en serio entredicho la denuncia en sí misma. Audios del encuentro que marcaban que el tono del mismo distaba mucho del de una violación grupal.
Al mismo tiempo, una operación mediática con pocos precedentes para presionar a la Fiscalía, en la cual el propio Fiscal de Corte recibió en tiempo récord a organizaciones civiles de cuestionable representatividad, derivó a los pocos días en la remoción del fiscal de la causa.
Para agregar ingredientes al caldo, el nuevo fiscal y la jueza de la causa, ordenaron requisar el teléfono del periodista que había difundido los audios, en una violación flagrante de derechos constitucionales. Algo que quedó en nada porque el periodista no se encontraba donde lo fue a buscar la policía, y ante el escándalo público, la medida se desactivó. Insólitamente, el Fiscal de Corte de entonces negó que la diligencia se hubiera solicitado (pese a que la policía lo confirmó), y nadie debió responder por esta salvajada institucional.
El hecho es que la causa pasó por tres fiscales diferentes. Y pese a que la Fiscalía es un órgano particularmente adepto a la llamada “perspectiva de género”, y en el que los profesionales que no se adaptan a esa polémica mirada que asume institucionalmente la desigualdad de los ciudadanos ante la ley, han sido apartados poco a poco, no se encontró ningún elemento como para justificar una acusación penal.
O sea, no es que hubo acusación y un juez descartó el delito. Ninguno de los tres fiscales encontró nada mínimamente de lo que agarrarse para presentarse a un juez. Y eso que hoy el nuevo proceso ni siquiera les exige semiplena prueba. ¡Imagínese!
En el transcurso de esta causa, la vida de los cuatro jóvenes injustamente acusados se arruinó. Tres de ellos, mayores de edad, debieron padecer cárcel, pérdida de estudios, trabajo, además de una furibunda condena social. ¿Quién les compensa lo sufrido ahora?
Aquí volvemos al Consultorio Jurídico de la Udelar, cuyo rol en los últimos años es francamente lastimoso. Este servicio gratuito, que financiamos todos los contribuyentes para ser escudo final de quienes no tienen recursos para pagar un abogado, ha sido tomado por completo por gente que lo usa para incidir en la vida política, y para buscar un protagonismo que nunca lograría en la vida profesional privada.
Lejos de amilanarse por el triple rechazo a su pretensión de llevar a juicio a los jóvenes acusados injustamente, los encargados de este servicio público quieren prolongar la agonía de los mismos, llevando la causa a un organismo internacional.
Esto, primero que nada, es un agravio a nuestra Justicia. Resulta que para el Consultorio Jurídico de la Udelar, Uruguay no da garantías a quien denuncia una violación, y buscan que un magistrado de Suriname, Guatemala o Barbados nos enmiende la plana, y nos explique cómo se deben hacer las cosas. Esto no solo ostenta un nivel de cipayismo aberrante, sino que es una afrenta a todo el sistema judicial nacional. Por no mencionar, de nuevo, el costo que financiaremos los contribuyentes.
Cualquiera que lea las noticias, mucho más quienes conocen la interna del funcionamiento de Fiscalía, sabe que en estos casos la balanza está totalmente inclinada en favor de la denunciante. Pero incluso ante ese panorama, no hubo chance de conseguir una evidencia que sostuviera esta acusación. Y sin embargo, burócratas rentados con impuestos, insisten en alargar el calvario de los acusados, buscando que otros burócratas internacionales nos presionen a hacer lo que ellos quieren. Un verdadero papelón.
Para el Consultorio Jurídico de la Udelar, Uruguay no da garantías a quien denuncia una violación, y buscan que un magistrado de Suriname, Guatemala o Barbados nos enmiende la plana