Temer se enfrenta ahora a los índígenas
Lucha por las tierras.
Las tensiones entre pueblos originarios y hacendados en Brasil le costaron el puesto al presidente de la Funai, el organismo a cargo de cuestiones indígenas, cinco días después de una brutal agresión de dueños de campos contra miembros de la tribu Gamela, en el noreste amazónico.
Los conflictos por la tierra se multiplicaron en los últimos años en Brasil, ante el fuerte empuje del agronegocio, sobre todo en la región amazónica y en la sabana de la planicie central.
Las ONG denuncian otros focos de tensión, especialmente en Mato Grosso do Sul, donde la fiscalía emplazó al ministerio a concluir en un mes la delimitación de los territorios de la tribu TaunayIpegue. En ese estado de plena expansión de la frontera agrícola, limítrofe con Paraguay y Bolivia, 36 indígenas fueron asesinados en 2015, de un total de 137 en todo el país. El Diario Oficial anunció ayer la destitución de Antonio Fernandes Toninho Costa, al frente desde enero de la Fundación Nacional del Indio (Funai), dependiente del Ministerio de Justicia. Según el ministerio, su exoneración se debió a la necesidad de una "gestión más ágil y eficiente, que no se venía dando".
"Hay varios temas que exigen soluciones y acciones urgentes, como el desbloqueo de carreteras [cortadas por protestas indígenas] en varias regiones y la demarcación de tierras", subrayó la asesoría de prensa de esa cartera.
Una versión que no comparten Costa ni los defensores de la causa indígena.
El funcionario despedido estimó que había sido sancionado por no haber cedido a presiones del lobby del agronegocio, sumamente poderoso en la base aliada del presidente conservador Michel Temer. Acusó en particular al jefe de la mayoría en la Cámara de Diputados, André Moura, vinculado a la bancada ruralista y a las iglesias neopentecostales.
Moura "quería colocar en la Funai a 20 personas que no vieron un indígena en sus vidas. Me despiden por honesto, por no pactar con las fechorías y por defender la causa indígena ante un ministro ruralista", afirmó en declaraciones al portal de noticias G1, del grupo Globo.
Para Cleber Buzzatto, dirigente del Consejo Indigenista Misionero (Cimi), vinculado a la Iglesia Católica, la exoneración de Costa "fue una decisión política". Pagó así el precio de "no estar de acuerdo con la instrumentación y la subordinación de la Funai a los intereses ruralistas y de los fundamentalistas religiosos", agregó Buzzatto en un mail enviado a la AFP.
Al menos trece indígenas de la etnia Gamela fueron heridos el domingo por unos 200 hombres armados, cuando abandonaban una tierra que habían ocupado la semana pasada en el estado de Maranhao. El hecho tuvo una fuerte repercusión dentro y fuera de Brasil.
La ONU expresó el jueves su "preocupación" y exigió "tolerancia cero" en las investigaciones, ante la "gravedad" del episodio.
Costa había declarado el martes que la Funai carecía de personal y recursos para llevar a cabo su tarea de demarcación de tierras indígenas y que esa situación se vio agravada por los recortes presupuestarios del gobierno Temer. El ministro de Justicia, Osmar Serraglio, repuso que los recortes afectaban a todos los organismos oficiales, pero se comprometió a acelerar el proceso de demarcación.