Dibarboure: “Para nosotros, la transparencia es una obsesión”
La empresa pública tiene que estar al servicio de la política económica macro y micro.
Las cuentas públicas, las tarifas de los servicios del Estado, el presupuesto de las empresas estatales, el desarrollo de una política que sirva para más sostenibilidad y eficacia y la desconfianza que algunos actores presentan ante las acciones de los entes autónomos y los servicios descentralizados, son los temas críticos de los que habló Martín Dibarboure, subdirector de la OPP, a REPÚBLICA Radio.
“Todo el mundo sabe lo que implica medir para poder gestionar. Esto nos pasa con la salud, cuando uno va al médico, lo hace con los resultados de los análisis, y ve una barrita que dice que este dato tiene que estar entre tal escala. Lo mismo hacemos nosotros con las empresas públicas”, declaró Dibarboure.
¿Puede hacer un resumen sobre lo que se viene haciendo des- de hace dos años desde la OPP?
En primer lugar, quiero aclarar que esto es un proceso que nace en el plan de gestión 2015. Nosotros nos vinculamos con las empresas estatales para ver los indicadores de gestión, los compromisos aceptados y el alineamiento de los indicadores al plan estratégico de cada una de las empresas involucradas. Para nosotros esto es una tarea permanente, que toma algunos hitos o algunas relevancias puntuales como la que pasó esta semana, donde involucrando a los mandos medios y a la alta gerencia de las empresas, pudimos identificar como seleccionan a los indicadores. Es importante aclarar que no es que no los tengan sino que es diverso el mundo de las empresas públicas. En la Constitución no se las nombra como empresas sino como entes autónomos y servicios descentralizados. Todas estos emprendimientos tienen características muy distintas; pongo un ejemplo el Banco República no es lo mismo que Antel, Ancap, UTE, ASSE o el INAU. Todos tienen indicadores diferentes, lo que estamos tratando de hacer es sistematizarlos, identificar cuáles son los más representativos, cuáles son los mecanismos por los cuales lo designan, y, después, ver cuál es la fortaleza interna de la estructura. Por tanto, el indicador es casi que el producto final del proceso que estamos transitando. La buena noticia es que, a través de encuestas hechas por los mismos actores y con colaboración de algún multilateral, en particular del Banco Mundial, estamos llevando información de calidad.
Hasta ahora se han conocido que algunos de los Entes han mostrado indicadores de eficiencia. ¿Cuáles han sido los resultados logrados?
Esto se relaciona con el proceso que hemos realizado durante estos dos últimos años. La OPP tiene, dentro de sus competencias, una función de seguimiento de los balances anuales y de cumplimiento financiero de esos resúmenes. Recordémosle a la gente que el presupuesto anual, si bien es quinquenal, las empresas lo hacen anualmente y eso genera una masa crítica. Estos dos últimos años pusimos el foco en aquellos casos en donde veíamos que habían algunas carencias. La destreza nuestra, en este caso, fue tratar de no aplicar la misma receta para todas porque no es lo mismo los indicadores financieros del Banco Central o del República como lo pueden ser los indicadores sociales de OSE o del correo. No es similar, incluso, hay algunos indicadores que no son financieros y que pueden ser medioambientales, de impacto social o que estén alineados con los compromisos de gestión. Una cosa es que la UTE se comprometa a restablecer en 24 horas el servicio de energía eléctrica, que puede ser un compromiso de gestión con la ciudadanía, y otra muy diferente es que se com-
No alcanza ya, en el mundo, tener un estado de cómo está el patrimonio, los ingresos, la rentabilidad, la solvencia financiera de una empresa, sino que también hay que empezar a medir sus impactos ambientales y sociales”.
prometa la misma empresa, con el Poder Ejecutivo, a que su rentabilidad sea del 5% de los ingresos. Por tanto, estamos hablando de indicadores distintos. Tratamos de despejar algunos prejuicios que el colectivo político dice libremente y que nosotros, en forma silenciosa, codificamos de forma distinta.
¿Cuál es el mejor indicador para medir el rendimiento de una empresa?
Para empezar, ya no se discute que las áreas como energía, comunicaciones y agua son estratégicas. La contribución al producto interno en generación de mano de obra y, en definitiva, en herramientas de política pública, son aspectos claves que estos emprendimientos brindan. Estos entes autónomos contribuyen con ese valor agregado y con esa generación de la riqueza del país porque el patrimonio que tienen es de todos los uruguayos. Por lo tanto, un buen indicador es que sean sanas y que sean eficientes, que brinden servicios a la comunidad con calidad, con buen precio, que tengan, a su vez, eficiencia en su gestión y que sean efectivas. Sin embargo, cuando uno va a la empresa que trabaja en el área comercial o industrial del Estado como puede ser UTE, ANTEL o el puerto, sin duda que el resultado del balance, medidos en términos financieros y su aportación a rentas generales, es uno de los indicadores más importantes. Ahora bien, las felicidades no son completas si tenemos algún caso donde hay algún déficit financiero o una pérdida puntual en algún año. Cuando la empresa empieza a dar resultados muy positivos puede ser una mala noticia porque los ciudadanos pueden preguntar de por qué ganan tanto y por qué no bajan el precio de los productos públicos. En definitiva, el mensaje nuestro y del presidente es la sostenibilidad, la reinversión permanente y la modernización. Ahora, las personas pueden pagar la factura de los servicios públicos por teléfono y tienen una buena vinculación con los sitios web de los mismos. Esto es muy transversal, es un eje estratégico, coordinado con la Presidencia de la República, y creo que estamos dando avances en uno de los temas más asintomáticos, los cuales son los indicadores. Todo el mundo sabe lo que implica medir para poder gestionar. Esto nos pasa con la salud, cuando uno va al médico, va con los resultados de los análisis, y ve una barrita que dice que este dato tiene que estar entre tal escala. Lo mismo hacemos nosotros con las empresas públicas. Esa es un área de trabajo, la otra son las mejoras prácticas para gobernar más eficientemente a estas empresas. Para ello, miramos ejemplos en la región y hemos estudiado los antecedentes de varios países, que han tomado una identidad para centralizar. En definitiva, en otros casos hemos analizado la posibilidad de crear gabinetes especiales.
¿Esta mejora de gestión puede abaratar las tarifas públicas?
Claro que sí. La empresa pública tiene que estar al servicio de la política económica macro y micro. Tiene que haber un sano equilibro entre usarla como una herramienta de política pública y manejarla para que existan buenos porcentajes de inversión con respecto a su patrimonio. La tarifa es el precio del producto y del servicio y estará acorde a la calidad y a la contraprestación que el ciudadano reclama. Esto está muy bien analizado por nuestros técnicos y por el Ministerio de Economía. Y siempre surge de profesionales análisis, que son hechos por los propios directorios. Ahora bien, nosotros estamos por encima de todo esto en el sentido de que miramos al tema de forma global.
Una de las medidas que propuso la OPP, hace dos años, fue el tema de bajar el salario de los gerentes de las empresas públicas para que no supere el 60% del sueldo del presidente de la República. ¿Esto ha dado resultados efectivos?
De hecho, está vigente a partir de la Ley de Rendición de Cuentas del año anterior. Es cierto lo que usted dice. La iniciativa estaba pensada con un espíritu ejemplarizante, basado en lo que llamamos presupuesto con una austeridad responsable. Teníamos, en ese caso, muchas asimetrías en gerencias. Estaban muy involucradas las sociedades que son subsidiarias de los entes autónomos. Nos pareció una buena cosa tener un gesto hacia la población de austeridad. Fue una iniciativa que surgió de la oficina de planeamiento. Se generan este tipo de ideas prácticamente todos los meses porque es un trabajo permanente, que constantemente nos interpela para buscar mecanismos de mejora. Hay veces que se utiliza el dispositivo del instructivo, como hacemos anualmente con los presupuestos de las empresas, determinando qué coordenadas debe tener. Lo que sucede es que cuando eso baja a las empresas, que se rigen por el derecho privado y su paquete accionario es del Estado, ahí se nos va la cosa de las manos porque la autonomía de las sociedades del sector privado tienen las posibilidades de la Leyde Asociaciones Comerciales. Por tanto, pueden realizar algunas cuestiones sin el acuerdo del accionista. En definitiva, estamos tratando de que las buenas prácticas del gobierno corporativo tengan una suerte de influencia vinculante con todas estas sociedades.
Hay alrededor de cuarenta sociedades, parece ser un número alto. ¿Lo es?
Sí, lo es. Cada una tiene un motivo y un objeto por el cual fue creada. No estamos previendo el por qué o el para qué sino que estamos mirando con la visión del mediano plazo. Es decir, ¿este emprendimiento es funcional a los objetivos de la empresa madre? Lo importante es que sus indicadores de gestión estén alineados al plan principal de gobierno. La tecnología es la segunda dimensión en la que estamos trabajando. Todas las empresas han ido incorporando un sistema de gestión informático con accesibilidad remota. Sin embargo, la gran mayoría de las empresas tiene orígenes distintos y bases de datos diferentes porque se fueron incorporando en tiempos dispares. Entonces, estamos tratando de dar cierta integralidad con el apoyo de la Agencia de Gobierno Electrónico. Tener la posibilidad de un reservorio de información centralizado, donde todas estas instituciones, las madres y las hijas, vuelquen la información para tenerla en un solo lugar, es central para que el análisis sea mucho más integral y transversal.
El tema de las empresas públicas siempre ha estado en el debate político. Incluso, desde algunos sectores, se relaciona la eficiencia y la transparencia sólo con las empresas privadas, lo cual la ciudadanía lo debate frecuentemente. ¿Llegaremos al momento en que el ciudadano común tenga acceso a una información continua e incluso pueda participar de estos procesos de transparencia de las empresas públicas?
Le agradezco la pregunta porque es una muy buena forma de redondear este tema. Para nosotros, la transparencia y la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda tener acceso a la información de las empresas, que en parte son suyas, es una obsesión. Vamos a hacer honestos también: ya hay mucha información. Sin embargo, no son todas las páginas tan amigables como para poder acceder a ellas. La gente tiene que tener accesibilidad a esa información en forma más clara, más fácil. En el caso de este momento, hay personas que podrían decir que el sistema es transparente aunque Juan López no pueda entenderlo. Pero hay que recordar que la transparencia está asociada a la manera en cómo uno informa. Como tenemos un gobierno abierto, como ha definido Vázquez, de cercanía, la gente tiene no solamente el derecho sino que nosotros tenemos la obligación de transparentar la gestión. No alcanza ya, en el mundo, tener un estado de cómo está el patrimonio, los ingresos, la rentabilidad, la solvencia financiera de una empresa, sino que también hay que empezar a medir sus impactos ambientales y sociales. Tenemos que explicárselo a la gente porque es parte de que la empresa está inmersa en una sociedad. Estamos trabajando fuertemente con el logro de los objetivos del desarrollo sostenible. En ese sentido, la salud, el bienestar del medioambiente, la equidad de género son todas cuestiones en que las empresas públicas tienen que dar el ejemplo.
“La gran mayoría de las empresas tiene orígenes distintos y bases de datos diferentes porque se fueron incorporando en tiempos dispares. “La tarifa es el precio del producto y del servicio y estará acorde a la calidad y a la contraprestación que el ciudadano reclama.