Derecha uruguaya con talante intervencionista
La dualidad de criterios en el abordaje, por parte de la oposición, de la grave situación de violencia suscitada en Venezuela durante la interpelación al canciller de la República, Rodolfo Nin Novoa, confirma la conocida identidad ideológica reaccionaria de la derecha uruguaya.
Esa burda actitud pone en tela de juicio una rica tradición nacional en materia de política exterior, que consagra el respeto a la autodeterminación de los pueblos enraizado en nuestro imaginario y establecido por la ONU.
Las destempladas posturas de los diputados del bloque conservador en su prédica de denuncia contra el gobierno venezolano, coinciden, en lo sustantivo, con el discurso de injerencia practicado por los Estados Unidos y por sus gobiernos obsecuentes en la región.
Ello se suma a la connivencia de la derecha uruguaya con la oposición del país caribeño, que sólo aspira a derrocar al presidente Nicolás Maduro, cuyo mandato, mal que les pese, tiene el aval de las urnas.
No menos cierto es que la OEA, que siempre fue funcional a Washington, ha desarrolló también acciones de permanente hostigamiento que no contribuyen a la pacificación del país.
Durante el llamado a sala, tanto el legislador colorado interpelante Ope Pasquet como sus aliados políticos, esbozaron una posición sesgada que para nada representa los intereses de toda la sociedad venezolana.
En ese contexto, se insistió en condenar las muertes durante las manifestaciones organizadas por la oposición de dicho país, sin que se lograra probar fehacientemente a qué bando pertenecen.
Pese al operativo de mentiras de las cadenas internacionales manipuladas por el poder imperial, se sabe -por otras fuentes independientes- que hay personas fallecidas en las filas opositoras pero también en las oficialistas.
En efecto, la tragedia del pueblo venezolano no sólo se origina en la represión de las fuerzas de seguridad, sino también en la violencia organizada por grupos armados enemigos del gobierno de Maduro.
Es claro que el plan de la oposición venezolana no es dialogar ni encontrar salidas consensuados, sino desplazar al partido gobernante del poder antes que se cumpla el período constitucional estipulado.
¿Qué hubieran dicho los blancos y colorados si -durante el paupérrimo gobierno de Jorge Batlle- el Frente Amplio organizaba concentraciones masivas para derrocarlo mediante la prepotencia?
Seguramente, se aducirá que la administración blanquicolorada que provocó la ruina del país era democrática y que el poder de Nicolás Maduro está sustentado únicamente en la fuerza, lo cual no es real.
Nadie ignora los problemas que afronta la hermana nación americana, originados en una grave crisis económica que tiene incluso visos humanitarios.
Tampoco se puede desconocer que la dramática tensión ha generado una fuerte polarización y desbordes autoritarios, que ponen en cuestión al propio sistema democrático.
Más allá de algunos disensos entre el FA y el gobierno, la diplomacia uruguaya ha actuado con la ponderación requerida, a los efectos de contribuir a que Venezuela supere sus antagonismos mediante el diálogo y el entendimiento.
Por supuesto, la otra alternativa es el sinuoso camino de la confrontación, encrucijada a la que actualmente está enfrentada la sociedad de esa balcanizada nación latinoamericana. Como siempre, Uruguay, según lo confirmó el propio canciller durante la convocatoria a la cámara baja, aportará herramientas mediadoras que contribuyan a la paz y la reconciliación, desestimando las actitudes irresponsables de la derecha vernácula que sólo alimentan el intervencionismo y el aislamiento de la Venezuela bolivariana.
A los reaccionarios que fustigan permanentemente a la Cuba socialista, habría que recordarles que esta experiencia histórica paradigmática no sólo nació del impulso revolucionario sino de la necesidad de protegerse de la permanente agresión imperialista.
Venezuela ha sido sometida a un bloqueo similar al que padeció y padece la isla caribeña, lo cual, entre otras consecuencias, ha causado escasez de alimentos, medicamentos e insumos indispensables para la supervivencia.
Esa situación, que es provocada por la alianza entre la poderosa oligarquía local y la abierta injerencia externa con los Estados Unidos a la cabeza, ha generado descontento, tensión y enojo. No en vano, el 11 de abril de 2002, se registró la primera gran agresión interna y externa contra la revolución bolivariana, con un abortado golpe de Estado que intentó vanamente derrocar al por entonces Presidente Hugo Chávez. En esa oportunidad, todo comenzó con un “golpe mediático” promovido por los propietarios de los medios de comunicación privados, que alentaron y auspiciaron el complot de inspiración gorila con participación indirecta de cipayos oligarcas.
Como en el presente, fue innegable el rol golpista del sector empresarial, ya que el efímero presidente de facto instalado por los conspiradores fue Pedro Carmona Estanga, quien era nada menos que el hombre fuerte de Fedecámaras, la principal organización patronal del país.
La discusión parlamentaria confirmó las flagrantes incongruencias de la derecha uruguaya, que mientras condena presuntas violaciones a los derechos humanos en Venezuela, tiene una larga y oscura historia de apoyo a la impunidad de los delitos de lesa humanidad perpetrados por la dictadura y consagrados por la ominosa Ley de Caducidad.
¿Qué autoridad política tiene ese bloque conservador para denunciar la violencia en Venezuela, cuando ignoró y hasta convalidó el inmoral golpe de Estado fraguado y ejecutado por una pandilla de corruptos en Brasil, que culminó con la destitución de la presidenta constitucional Dilma Rousseff?
Ni que hablar del silencio y la actitud de obsecuencia ante la sangrienta agresión militar perpetrada por los norteamericanos en Siria, mediante el lanzamiento de 59 misiles de crucero Tomahawk.
Tampoco recordamos expresiones de repudio, en el pasado reciente, contra las invasiones a Irak y Afganistán, dos aventuras bélicas que provocaron trágicas hecatombes.
La condena del ex presidente Julio María Sanguinetti a la Venezuela bolivariana, es una suerte de condecoración. Al respecto, el ex mandatario acusó al gobierno de Maduro de ser una“dictadura”y de“destruir el aparato económico”.
El último gobierno de su partido, pese a no ser autoritario, aniquiló al sector productivo, disparó la desocupación a casi un 20% y la pobreza a un 40%, entre otras calamidades.
Si blancos y colorados no quieren ser acusados de pro-imperialistas, que modifiquen su actitud y dejen de ser tan escandalosamente genuflexos con el poder hegemónico.