La grosera politización del patriciado rural
En un manifiesto inequívocamente político, la Federación Rural, una de los gremios empresariales que aglutina a los productores rurales y defiende los intereses de clase del patriciado vernáculo, lanzó duras invectivas contra el gobierno de Tabaré Vázquez.
No en vano su presidente, Jorge Riani, fue candidato a la Intendencia de Artigas en 2010 por Vamos Uruguay, el sector más derechista del Partido Colorado, es sobrino del exintendente artiguense y exdirector de UTE pachequista Ariel Riani e hijo del exconsejero del Estado de la dictadura Ruben Riani.
Con semejantes genes solo se puede suponer que se trata de un reaccionario a ultranza, que ahora ocupa un cargo cupular en una de las organizaciones patronales más recalcitrantes del país.
Durante el congreso de la referida federación celebrado en Lascano, departamento de Rocha, lanzó una andanada de críticas contra la administración progresista.
Al tiempo de reclamar una regla fiscal que“limite la discrecionalidad en el gasto y el endeudamiento del gobierno”, el dirigente fustigó el “déficit fiscal crónico”, considerando que “no se puede gastar más que lo que se produce”.
Evidentemente, el oblicuo cerebro de Riani le impide asimilar que buena parte del gasto que tanto denosta es realmente inversión en políticas sociales, como la asistencia a los sectores socialmente más vulnerables y la indispensable mejora de los presupuestos de la educación, la salud, la vivienda y el Sistema Nacional de Cuidados.
No satisfecho con manifestaciones tan teñidas de talante político, también la emprendió contra el déficit de Ancap y en particular de Alur, contra la eventual construcción de la regasificadora y contra el cierre de Pluna.
Corroborando su ideología anti-obrera, también cuestionó lo que considera “omnipotencia del poder” de los sindicatos, sumándose, asimismo, a la irracional queja de las cámaras empresariales ante la OIT, que reclama la eliminación de la exitosa negociación salarial tripartita, entre otras medidas.
Paradójicamente, consideró que ese presunto poder genera enfrentamientos y divisiones en la sociedad, cuando la que motiva esa fractura es la actitud de intransigencia de la clase social a la cual él pertenece.
Por supuesto, hizo causa común con otras organizaciones de la oligarquía económica que detenta la propiedad de los medios de producción, al reclamar la libre importación de combustibles para mejorar la competitividad, un dólar más alto, tarifas públicas más bajas y una menor carga tributaria.
Como siempre, en este país tan peculiar, los que se quejan son los que se apropian y detentan la porción más importante de la renta y no quienes viven únicamente de un salario o una jubilación.
Empero, el pasaje más insólito de su discurso fue cuando afirmó que la Federación Rural es “apolítica y sin ataduras”, pese a que dicha organización siempre se alineó con los intereses del bloque conservador y de los partidos tradicionales.
Obviamente, también fue obsecuente con la dictadura cívicomilitar, al igual que las demás organizaciones patronales, quedurante casi doce años- usufructuaron en beneficio propio la prohibición de la actividad sindical y del derecho de huelga, consagrados específicamente por la Constitución de la República.
Al respecto, es pertinente explicitar que la tradicional intransigencia de las poderosas gremiales que aglutinan a los empresarios agropecuarios se ha transformado en un traumático problema en los Consejos de Salarios del sector, cuyos delegados suele retirarse de dicho ámbito de negociación colectiva.
Lo que realmente molesta a estos oligarcas es que, por primera vez en la historia y desde que el Frente Amplio es gobierno, tienen que respetar los derechos de los trabajadores del campo.
En el pasado, los latifundistas gozaban de absoluta discrecionalidad para fijar unilateralmente el valor del trabajo de los obreros agropecuarios, en un contexto de total y absoluta desregulación en el cual no existían laudos, jornales mínimos ni limitación de la jornada de labor.
Por supuesto, al campear la informalidad la relación entre las partes estaba claramente distorsionada, groseramente devaluada y vacía de la más elemental equidad.
Las patronales del agro no están acostumbradas a consensuar y ni siquiera a dialogar, porque existe una tradición de absoluta impunidad y prepotencia que siempre les reservó el doble rol de juez y parte en las relaciones laborales, ante la total ausencia y prescindencia del Estado.
En efecto, el sector estaba regido por la lógica del más despiadado capitalismo salvaje sin restricciones, acorde con los fundamentos ideológicos del dogma neoliberal.
Este estado de situación se mantuvo, por supuesto, durante los gobiernos de derecha, que -por acción u omisión- siempre fueron afines a los intereses del gran capital y el alto empresariado.
Desde 2008, cuando se inauguró por primera vez la negociación colectiva en el sector agropecuario, los convenios han sido firmados sin la aprobación del sector empleador, prueba de la férrea resistencia de los productores rurales a evolucionar hacia una relación más armónica con sus trabajadores.
Pese a los sustantivos avances registrados durante ese período, los salarios de los obreros siguen estando sumergidos. Al respecto, los laudos establecidos en la última ronda de los Consejos de Salarios establecen una remuneración mínima de 17.219 pesos para un peón y de 20.736 para un capataz, en el sector arrocero.
En lo que tiene relación con los tambos, las retribuciones oscilan entre los 14.751 pesos para un trabajador y los 20.736 pesos para un capataz de establecimiento.
En tanto, para los demás sectores, con excepción del azucarero, el salario es de 14.795 pesos para un peón y de 20.786 pesos para un capataz general.
Se trata de remuneraciones de hambre, que contrastan claramente con las cuantiosas ganancias de uno de los sectores más prósperos y rentables de la economía nacional.
En la sesgada visión de estos señores feudales contemporáneos los más de 90.000 empleados son un auténtico ejército de reserva de parias cuasi marginales que viven en la periferia de la sociedad, cuyo único valor es económico en tanto fungen como mera fuerza de trabajo.
Evidentemente, en el sector agropecuario -que es calificado eufemísticamente como el motor de la economía nacional- la distribución de la renta sigue siendo groseramente asimétrica.
Sin embargo, estos patricios que viajan en camionetas 4X4, visten camisas de seda importadas y veranean en el Caribe o en Miami, siguen quejándose como María Magdalena cuando estaba a punto de ser lapidada.