Dictadura y omertá
El 27 de junio de 1973 es el día más oscuro de la historia de nuestro país. Ese día el presidente electo por el Partido Colorado, Juan María Bordaberry, envió al Ejército a clausurar el Parlamento, se consumó así el Golpe de Estado del 73. A partir de ese día, se“legalizó”la impunidad. El descontrol operativo de las fuerzas conjuntas desembocó en su control del poder. Las bandas parapoliciales y paramilitares obtuvieron el visado oficial, ya no tenían que seguir actuando clandestinamente – como lo hicieron, groseramente, durante el pachecato-. La máquina del terrorismo de estado quedó sin frenos: desapariciones, vejaciones, censuras, robos, destituciones, cambios de identidad, secuestros, torturas. La infamia.
Al pueblo le robaron vidas, libertades, proyectos, sueños. Hay quienes sostienen que todo eso “ya fue”; que no se puede estar mirando por el espejo retrovisor; que hay que esperar que mueran los responsables; que los militares de ahora no tienen vínculo con los de antes; que a la juventud no le interesa ese“pasado remoto” y un sinfín de falsas oposiciones que intentan encubrir la barbarie. Quieren que la amnesia le gane a la justicia o que la responsabilidad sea un concepto de uso discrecional.
La democracia fue recuperada hace más de tres décadas. Sin embargo recién con los gobiernos del Frente Amplio – hace poco más de diez años - se promovieron acciones reparatorias para las víctimas del terrorismo de estado; se removieron obstáculos para facilitar la investigación y así proveer de elementos a la justicia; se encarcelaron a varios de los golpistas y se avanzó en el hallazgo de compatriotas desaparecidos y secuestrados. Aún falta. Falta mucho.
Desde donde poco se ha hecho por la verdad y la justicia es desde los estamentos militares. Nunca se escuchó una palabra de arrepentimiento por parte de la institución militar. A nadie le puede caber duda cuánto ello contribuiría a superar la sombra de ese trágico pasado.
Hace apenas dos semanas, el excomandante de la Fuerza Aérea, exjefe del Estado Mayor de la Defensa y excoordinador de Inteligencia del Estado, José Bonilla, expresó en entrevista radial, que“por una ley que llevó a la no prescripción de los delitos militares, el Uruguay se perdió un momento muy importante para esclarecer esas situaciones, porque nadie va a hablar para ir preso”. Es una excusa inadmisible. Primero, es admitir que efectivamente se dispone de información. Segundo, callar esa información es perpetuar el dolor de los familiares de las víctimas así como el estigma de la institución militar.
La semana pasada, se hizo público que el Centro Militar iba a rendirle homenaje al dictador Gregorio Álvarez, por ser “víctima de la guerra psico-política desarrollada por el terrorismo internacional, al cumplirse seis meses de su fallecimiento en cautiverio”, según decía la invitación. Una inexcusable mezcla de torpeza, insania y provocación. Inmediatamente, el ministerio de Defensa instruyó para que ningún militar en actividad asistiera a ese acto injustificable y de evidente contravención democrática. Los viejos gorilas replegaron sus aviesas intenciones: al menos públicamente, no homenajearán al mayor símbolo de la dictadura.
Esta clase de conductas y pensamientos es absolutamente irreconciliable con el significado de libertad, justicia y valentía. Mientras la institución militar no reconozca sus delitos de lesa humanidad vinculados a la dictadura, le será imposible recuperar el honor perdido, solo le quedará el aciago refugio de la omertá.