Acuerdo: Código del Proceso Penal comenzará a funcionar en noviembre
Miranda consultó al Partido Nacional, al Partido Independiente y al Partido Colorado.
Emarchal nuevo Código del Proceso Penal que debía comenzar a regir a partir del 16 de julio se pondrá en recién el 1º de noviembre próximo. Así se resolvió tras un acuerdo entre los partidos políticos que resolvieron postergar la nueva normativa. Así lo confirmaron a LA REPÚBLICA los senadores Marcos Otheguy y Leonardo de León.
Las consultas que realizó el propio presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, a los distintos partidos políticos determinaron que existe unanimidad para postergar la entrada en vigencia del nuevo código.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo el viernes en la Mesa Política del Frente Amplio que si uno de los operadores del sistema judicial entendía que era necesario prorrogar la aplicación del nuevo código, se debería tomar esa decisión.
La opinión de distintos operadores judiciales así como la votación de proyectos de ley para ajustar la normativa al nuevo CPP llevó a los partidos políticos a decidir que lo más coherente era postergar la entrada en vigencia. Se aclaró que, de no hacerlo, por ejemplo, durante un tiempo estarían funcionando dos sistemas: por un lado el nuevo con los fiscales liderando la investigación y los juicios orales para los adultos, mientras que, por otro lado, seguiría vigente el mecanismo actual para los adolescentes.
Los partidos políticos están de acuerdo, la fecha será el 1° de noviembre, pero había algunos legisladores que preferían que el nuevo Código del Proceso Penal empezara en febrero de 2018. La aplicación del nuevo CPP para el 16 de julio había sido acordada con el Poder Ejecutivo en el diálogo por la seguridad al que convocó el presidenteTabaréVázquez, por lo que el Parlamento ahora informará al gobierno del aplazamiento a noviembre.
Fiscal de Corte
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, resaltó que la implementación de este nuevo código es imprescindible para el país, que ya ha sido denunciado ante organismos internacionales. “Uruguay no puede no estar cumpliendo con los derechos humanos de primera generación que implican someter a las personas acusadas de un delito a un juicio justo o debido proceso. Este nuevo sistema le reconoce los derechos a la víctima principal afectado por el conflicto penal”, agregó.
Asimismo, reconoció que la sociedad uruguaya deberá acostumbrarse a este nuevo código y anticipó que se realizará una campaña de comunicación al respecto. Finalmente resaltó que una correcta política pública de seguridad debe tener estratégicamente formuladas sus cuatro bases: prevención, conjuración, investigación y persecución.