El abuso de la objeción de conciencia obstaculizaría acceso al servicio
El integrante de Mujer y Salud en Uruguay, Santiago Puyol, expresó que la objeción de conciencia, -argumento esgrimido por los médicos para no realizar abortos- puede obstaculizar el acceso de las mujeres al servicio.
La Ley sobre despenalización del aborto prevé la objeción de conciencia, pero desde Mujer y Salud en Uruguay entendemos que si este recurso es utilizado de forma abusiva puede obstaculizar la implementación de los servicios, puesto que terminan existiendo muy pocos profesionales que realmente se hagan cargo de estas tareas”, declaró a REPÚBLICA Radio que se emite por lacatorce10 Santiago Puyol, licenciado en Ciencia Política y coordinador del equipo de monitoreo del Observatorio en género y salud sexual y reproductiva de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU).
Esta declaración se realizó en referencia al evento llevado a cabo ayer, denominado “Estado de situación de los servicios de salud sexual y reproductiva y aborto en las instituciones públicas y mutuales de Montevideo”. Dicha actividad fue realizada en el Hotel Cristal Palace.
Por otro lado, para el licenciado el hecho de que sea posible el argumento de objeción de conciencia, frecuentemente utilizado por los médicos para negarse a realizar abortos, puede significar grandes dificultades para el acceso. “Hemos encontrado, en general, que los porcentajes de objeción de conciencia son elevados y que están por encima del 40%. Por tanto, esto puede generar grandes vulnerabilidades sociales”.
El aborto y la objeción de conciencia
Según palabras de Puyol, el impacto de la objeción de conciencia, propuesta por la Ley, era difícil prever en su momento. Sin embargo, mediante el monitoreo realizado por MYSU se encontraron diversas realidades, que distaban según las localidades y los arreglos institucionales.
“Lo central es que muchas veces el argumento de la objeción de conciencia se utiliza por otros motivos que no tienen nada que ver con él. A veces responde a otros tipos de intereses, los cuales pueden ser corporativos. Además, es una práctica que está desprestigiada incluso dentro de los propios profesionales de ginecología por lo que encontramos que falta estimular a los profesionales para que se involucren en este tipo de prestaciones”.
Por otro lado, el coordinador del equipo de monitoreo del Observatorio advirtió que muchas veces en el Interior los profesionales tienen que derivar a los servicios de la capital y ello genera muchas dificultades económicas para las mujeres.
Como alternativas para mejorar esta conflictiva situación, Puyol explicó que es necesario producir una mejor regulación y definición sobre lo que se entiende por objeción de conciencia.“Es necesaria una mejor definición porque la Ley es un tanto ambigua y a veces no queda claro en qué casos se puede objetar”.
Además, afirmó que se debería garantizar el conocimiento de cuáles son los profesionales que objetan para que las mujeres puedan tener la capacidad de elegir a que médicos consultar sobre el tema.“Muchas veces ha pasado que una mujer ha asistido a un profesional que es objetor de conciencia y el mismo ha entorpecido el procedimiento simplemente porque no
está de acuerdo con ello”.
La situación de acceso a los anticonceptivos
“En general encontramos que los servicios de anticoncepción funcionan bastante bien. La canasta de anticonceptivos que se ofrece es bastante amplia y cubre todos los métodos. Sin embargo, encontramos que siguen estando focalizados en las propias mujeres”.
Además, Puyol declaró que los varones no asisten al sistema de salud para recurrir a métodos anticonceptivos. “Si bien es positiva la oferta que hay de anticonceptivos, particularmente los orales, los implantes subdérmicos y también los preservativos masculinos, encontramos que falta difundir los servicios o buscar otras estratégicas para asegurar que los individuos asistan a los prestadores de salud”.
Los datos del informe
El informe, presentado ayer por el Observatorio de MYSU, ha estudiado los departamentos de Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Rivera, Florida, Maldonado, Cerro Largo, Rocha y Montevideo.
Las prestaciones que analizó fueron: anticoncepción, aborto voluntario, ITS/VIH, violencia doméstica y sexual, embarazo, parto y los espacios adolescentes.
Una de las primeras afirmaciones que se destaca del documento es que resulta imposible calcular el porcentaje de profesionales objetores en cada departamento. “Solo se pudo conocer la cantidad de profesionales objetores por institución de salud monitoreada y continúa siendo preocupante los datos obtenidos: son objetores 52,9% de la RAP ASSE metropolitana; 44% de Cosem; 66% de RAP ASSE Cerro Largo; 100% en la localidad de Castillos, Rocha. El porcentaje de objeción de conciencia en el Hospital Policial es 34% pero solamente 2 profesionales realizan IVE (0,5%), en Cosem, solo 8 profesionales lo realizan (30%) y 7 en la Médica Uruguaya (11%)”.
Otro de los datos que se presenta en el informe es que existe un alto índice de cesáreas, lo cual indica cifras que se sitúan por encima de las recomendaciones realizadas por la OMS (15%).“Los porcentajes más bajos registrados corresponden al Hospital de la Mujer (25,3%) y al Hospital del Chuy (24%). El Hospital Policial tiene 51% de cesáreas superando el promedio nacional del sistema público (36,1%) y también el que registra las instituciones privadas (50,4%). Médica Uruguaya tiene 48% de cesáreas y Cosem, es de los más altos del país con 68,1%”.
Hemos encontrado, en general, que los porcentajes de objeción de conciencia son elevados y que están por encima del 40%. Por tanto, esto puede generar grandes vulnerabilidades sociales”. Lo central es que muchas veces el argumento de la objeción de conciencia se utiliza por otros motivos que no tienen nada que ver con él. A veces responde a otros tipos de intereses, los cuales pueden ser corporativos”.