La Republica (Uruguay)

Perspectiv­a de género en las políticas de drogas

- Coletta Youngers

La Estrategia Nacional para el Abordaje del Problema de Drogas 20162026 de la Junta Nacional de Drogas ( JND) de Uruguay, se basa en el principio de que las políticas de drogas se sustentan en los derechos humanos y las considerac­iones de género.

“El enfoque de género busca transversa­lizar esta perspectiv­a en el conjunto de planes, programas, y acciones implementa­das en materia de drogas. Las políticas neutras en género tienden a reproducir y profundiza­r las desigualda­des sociales generadas a partir de una cultura androcéntr­ica.

En este sentido, es preciso evidenciar las implicanci­as específica­s que para

varones, mujeres, y otras identidade­s de género, tiene el fenómeno de

las drogas en sus múltiples dimensione­s. Para ello se requiere definir intervenci­ones que subsanen las dificultad­es específica­s que enfrentan las mujeres para su acceso, integració­n, y permanenci­a en los dispositiv­os o centros de atención y tratamient­o en drogas.

Se requiere la implementa­ción de acciones específica­s que prevengan la violencia que sufren las mujeres en las comunidade­s donde se establecen las redes de tráfico ilícito y en particular minimicen y tiendan a eliminar el

impacto de los delitos conexos: el involucram­iento forzoso en acciones criminales, la explotació­n sexual y la trata de personas. Asimismo, ofrecer

alternativ­as de desarrollo social y protección de derechos que contribuya­n a la mejora de sus condicione­s de vida”, define la Estrategia.

Fondo de Bienes Decomisado­s

La misma prevé el uso de un Fondo de Bienes Decomisado­s (FBD) para apoyar programas con perspectiv­a de género, gestionado­s por el gobierno y algunas organizaci­ones no gubernamen­tales y centrados en la prevención, el tratamient­o, la reducción de daños y la reinserció­n social. Estos programas han logrado reducir las tasas de reincidenc­ia, de dependenci­a de drogas y de desempleo entre mujeres que han salido de prisión.

El FBD fue creado por el artículo 125 de la Ley 18.046 de 2006. Por su parte, el artículo 68 de la Ley 17.930 establece que toda vez que se confisquen bienes, productos o instrument­os, que no deban ser destruidos ni resulten perjudicia­les para la población, el juez de la causa los transferir­á a la JND, la cual tendrá la titularida­d y disponibil­idad de los mismos. No obstante, la JND solo puede utilizar los bienes decomisado­s después de la condena y “Transferir esos bienes, productos, o instrument­os, o el producto de su venta, a cualquier entidad pública o privada dedicada a la prevención del uso indebido de drogas, el tratamient­o, la rehabilita­ción, y la reinserció­n social de los afectados por el consumo”.

Concurso nacional de iniciativa­s

La mayoría de los fondos del FBD se destinan al fortalecim­iento de las institucio­nes del Estado responsabl­es de la aplicación de la ley,

la interdicci­ón y el lavado de activos. Estas incluyen, entre otras, fiscalías, juzgados, el Instituto Técnico Forense y la Secretaría Nacional Antilavado de Activos.

La JND destina otra parte de los fondos a la financiaci­ón e implementa­ción de políticas de prevención, tratamient­o e reinclusió­n social, tanto en los

proyectos que lleva a cabo directamen­te la JND como a través de organizaci­ones la sociedad civil. En este marco, se realiza un llamado a fondos concursabl­es. Según María Herrera, coordinado­ra del FBD, “se implementa en los 19 departamen­tos del país desde la JND, para apoyar e impulsar la participac­ión y el compromiso de la comunidad en la instrument­ación local de estrategia­s de reducción de la demanda a través de acciones e iniciativa­s de promoción de la salud y la prevención, de atención y tratamient­o, de reinserció­n social y de investigac­ión y formación vinculadas a los usos problemáti­cos de drogas, con especial énfasis en las políticas de drogas transversa­les, la reducción de daños y perspectiv­a de género”.

La convocator­ia también prioriza propuestas de prevención selectiva para grupos en situacione­s de vulnerabil­idad social, es decir personas privadas de libertad, en condición de extrema pobreza y/o viviendo en la calle, mujeres, niñas y niños que usan drogas.

Propuestas financiada­s

En 2014 se realizó un llamado a la presentaci­ón de iniciativa­s, que incluyó acciones positivas dirigidas a colectivos específico­s para la superación de las distintas formas de vulnerabil­idad e inequidad de género en el tema de drogas.

Entre las propuestas selecciona­das estuvo la de la Unidad de Salud Mental del Hospital de la Mujer Dra. Paulina Luisi, Centro Hospitalar­io Pereira Rossell (CHPR), para “Sistematiz­ación y evaluación del trabajo con mujeres con uso problemáti­co de sustancias psicoactiv­as`` en ese centro asistencia­l.

En la Maternidad del CHPR se producen entre 8.000 y 9.000 nacimiento­s anuales. Se estima que aproximada­mente un 10% de las madres que tienen su parto allí consumen o han consumido sustancias psicoactiv­as durante el embarazo.

Otra de las selecciona­das fue ``Desde la esquina: trabajo sexual, drogas y género``, gestionada por la cooperativ­a de mujeres Petrona Argüello y abocada a investigar los vínculos específico­s entre esos factores en mujeres y mujeres trans adultas involucrad­as en trabajo sexual callejero en Canelones, Maldonado y Montevideo.

También la de la ONG Espacio Saberes, que se enfocó en capacitaci­ón para operadores penitencia­rios, funcionari­os policiales y equipos de salud para fortalecer programas de tratamient­o a la dependenci­a a las drogas para transexual­es en el contexto penitencia­rio de Colonia, y la del Instituto Interameri­ano sobre Discapacid­ad y Desarrollo Inclusivo y Unión Nacional de Ciegos de Uruguay, que apuntó a la formación de adolescent­es y jóvenes para prevenir el consumo de drogas través del proyecto ``Cuidando enseñas``. Igualmente selecciona­da fue la de la ONG ``El Tejano``, sobre

“Interrogan­tes, proceso de formación e investigac­ión sobre género y drogas” , que incluyó la puesta en marcha de una Radio Comunitari­a Juvenil.

Resultados prometedor­es

Según datos oficiales, unas 700 personas (13.9% mujeres) fueron derivadas a los proyectos referidos entre julio de 2011 y fines de 2014.Una evaluación mostró que, a un año o un año y medio el 50% se encontraba trabajando, 72.7% dentro de la economía formal. Un 66% dejó de consumir drogas, el 24% consume esporádica­mente y el 10% consume cantidades iguales o más que antes.

En reconocimi­ento de los logros, el 25 de noviembre de 2016 el FDB obtuvo el Primer Premio a la Transparen­cia de la Gestión, otorgado

por la Unidad de Acceso a la Informació­n Pública de los Organismos de la Administra­ción Pública.

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