El rol del Estado: el real y el esperado HOY EL SISTEMA ES FUNCIONAL A LOS LABORATORIOS

Por qué el acceso a la marihuana medicinal es tan malo?

¿Qué debería hacer el

Estado para solucionar este problema? Todas estas interrogantes comienzan a surgir cuando se observa que la implementación de la última faceta de la Ley Nº 19.172 no ha sido aplicada. Según Robaina, desde Monitor Cannabis también se han interesado por observar las características del Estado uruguayo y su formulación en las políticas públicas.

“Tenemos un Estado diseñado en forma funcional a los laboratorios. La mayoría de los medicamentos y tratamientos son introducidos al país por laboratorios extranjeros. Por tanto, nuestro país nunca ha tenido una postura proactiva en este tema, ha optado por ignorar las posibilidades que genera la producción de un medicamento o de un compuesto de este tipo”, declaró.

En términos generales, el investigador considera que el Estado está diseñado institucionalmente para favorecer a los laboratorios y, cuando quiere generar una iniciativa local, se enfrenta contra todo el sistema. “El decreto, que fue firmado en febrero de 2015, prevé dos vías de producción de cannabis medicinal. Por un lado, lo que se llaman las especialidades farmacéuticas y, por otro, lo que se denomina especialidades vegetales. Sin embargo, lo importante es observar que hay diferencias sutiles”. Según Robaina, el Estado asume un rol activo cuando se refiere al consumo recreativo pero toma una posición pasiva con respecto al cannabis medicinal. “Para el caso del cáñamo industrial y del cannabis medicinal, el decreto genera condiciones. Ósea, lo que va a hacer el Estado es habilitar a los privados que presenten propuestas y, como autoridad sanitaria o reguladora, el gobierno concede la posibilidad de acción o la prohíbe”, agregó. Asimismo, mencionó que uno de los problemas de la normativa vigente es que no contempla el hecho de que Uruguay firmó la lista de estupefacientes en el año

60, en lacual el cannabis pasaba a ser una sustancia controlada.

“Es por esto que no es posible tratar al cannabis de igual forma que otras sustancias que no están prohibidas por la lista. Este es un primer punto donde el cannabis choca con el sistema institucional que tiene tanto Uruguay como otros países”.

Por su parte, la Dra. Galzerano mencionó que la actitud del Estado ha sido muy desinteresada. “El decreto está pero estamos muy lejos de tener una efectiva implementación”. Además, explicó que a la hora de patentar medicamentos, el cannabis no podría entrar en dicho trámite debido a que es una droga multipropósito. “En general, los medicamentos se patentan para un síntoma o para una enfermedad, no se pueden implementar para todo”. “Tenemos un Estado diseñado en forma funcional a los laboratorios, en los que la mayoría de los medicamentos y tratamientos son introducidos al país por extranjeros”. Ante este requerimiento, la doctora afirma que se necesita un extensivo trabajo de investigación sobre el cannabis pero que, sin embargo, el país se encuentra con otro problema: no hay producción farmacéutica uruguaya. “Incluso nos preguntábamos si hay un laboratorio estatal y lo cierto es que existe pero funciona a media máquina”.

Para solucionar este problema, la doctora consideró que lomás efectivo era flexibilizar o modificar el decreto. Otros problemas

“El Estado quiere hacer las cosas bien, el problema es que mientras tanto la gente consume cosas que no sabemosque tienen”, declaró Galzerano. La doctora entiende que algunos cultivadores deberían presentarse ante el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), para realizar estudios sobre sus productos con el objetivo de observar si tienen metales pesados, hongos o cualquier otra sustancia contaminante. Sin embargo, entiende que esa acción tiene un costo.

“Les hemos dicho que se presenten al IRCCA para que les expliquen cómo hacer un proyecto. En este momento, estamos tratando de ver con los distintos actores de qué manera este proceso puede funcionar: vuelvo a decir, no es que la gente no tenga acceso, sino que puede importar. El problema es que muchas veces esto no es legal. El uruguayo cuando quiere algo, lo va a conseguir”.

Por su parte, Robaina afirmó que el principal drama que existe es ignorar las dolencias que tienen las personas. “Es obvio que estos individuos van a buscar soluciones a su sufrimiento. Además, hoy tenemos una Ley que nos garantiza, teóricamente, el derecho a acceder a ese producto pero el país no se ha encargado de brindarlo. Estamos lejos de ir a la farmacia de la mutualista o del hospital para poder reiterar cannabis medicinal”. Asimismo, el especialista explicó que el costo que tiene que asumir la persona implicada por su propia enfermedad es muy grande. Robaina entiende que no sólo tiene que gastar en los medicamentos que el sistema tradicional le sugiere, sino que debe tener dinero para una consulta, para realizar el trámite y para después pagar 300 dólares, de forma mensual, en algún producto de cannabis medicinal. Es claro que este costo no es para cualquier persona, por lo que este problema presenta una situación de desigualdad a pesar de que esta ley tiene como origen ir en contra de las inequidades”.

En términos generales, Robaina se mostró convencido en que Uruguay necesita garantizar el acceso a productos de calidad y de bajo costo. “Pueden ser de especialidad farmacéutica o no. Sin embargo, si queremos que sea de esta forma, el producto tiene que cumplir dos premisas: seguridad y eficacia, las cuales deben ser implementadas tanto en el sector médico como en el de la industria farmacéutica y química. Para cumplir estos dos principios, mse debe realizar un ensayo clínico estandarizado, el cual implica un montón de procedimientos que llevan aproximadamente unos 5 o 10 años de investigación”. A modo de conclusión, la actitud pasiva del Estado lo único que produce es el aplazamiento de un tema que posiblemente lleve muchos años para dilucidar y solucionar. Un ejemplo de ello es la cantidad de años de investigación que se necesitan para que un producto sea inscripto como especialidad farmacéutica. Por tanto, para que el Estado implemente un cannabis medicinal accesible y rigurosamente controlado en su calidad, debería empezar inmediatamente con las investigaciones, antes de que se tengan que esperar unos 20 o 30 años más.