Ahora sí tenemos una Policía profesional
La construcción del relato de la derecha -que sigue siendo hegemónico por la recurrente propiedad privada de los medios de comunicación históricamente obsecuentes al bloque conservado rcolisiona radicalmente con la realidad cotidiana.
Así, en los últimos quince años, la responsabilidad de la devastadora crisis económica y social de 2002 se fue difuminando, al punto que los partidos tradicionales parecen haber exorcizado sus culpas como parteros del desastre.
Otro tanto sucede con las señales de alarma devenidas de la desaceleración económica que han sido manipuladas hasta el hartazgo, pese a que Uruguay ha completado trece años de crecimiento ininterrumpido desafiando la recesión regional.
El discurso es funcional a los intereses de clase de las cámaras empresariales, que justifican la destrucción de puestos de trabajo aduciendo problemas de competitividad y los altos costos de producción. Obviamente, los apocalípticos pronósticos de los agoreros mercenarios no se han confirmado.
En ese contexto, se atribuye la mejora de la economía únicamente al mentado viento de cola del escenario global y no -como está suficientemente probado- a las políticas distributivas emprendidas por los gobiernos progresistas, a través de diversas estrategias de generación de empleo, estímulo a la inversión y aumentos de salarios y pasividades.
Mientras lanzan a diestra y siniestra imputaciones sin pruebas de eventuales casos de corrupción contra el oficialismo, los voceros de la derecha siguen machacando con el tema de la inseguridad, pese a la sustantiva mejora de los indicadores en la materia.
Uno de los líderes de esa campaña de desinformación cargada de falacias -que es reproducida por los canales de televisión privados operados hace más de medio siglo por familias empresariales notoriamente reaccionarias- es el diario El País. En un editorial titulado “Policías amenazados”, el matutino acusa a los gobiernos frenteamplistas de no apoyar al instituto policial.
Al tiempo de afirmar que hay 800 policías amenazados por la delincuencia, la publicación afirma que los funcionarios se encuentran absolutamente desprotegidos.
Al respecto, afirman que muchos uniformados residen en viviendas emplazados en asentamientos irregulares, lo cual los expone, junto a sus familias, a eventuales represalias por parte de los infractores que ellos mismos combaten.
Si bien nadie duda, que la situación social de buena porción del contingente policial aun está lejos de ser la ideal, es notorio que, en estos últimos doce años, ha experimentado una considerable mejora.
No parece de recibo que un medio que siempre apoyó a los gobiernos conservadores que hambrearon y estrangularon presupuestalmente a la Policía, hoy se rasgue las vestiduras demandando apoyos que nunca auspició.
Al respecto, cabe recordar que cuando asumió el primer gobierno del Frente Amplio, el salario de un funcionario policial del grado más bajo del escalafón era de 5.000 pesos y actualmente es de 30.000 pesos, lo cual equivale a seis veces más. En concreto, la mejora alcanzó a más del 146% en términos reales.
Incluso, si el efectivo desarrolla sus funciones en el exitoso Programa de Alta Dedicación Operativa puede llegar a percibir hasta 40.000 pesos mensuales, ocho veces más que el punto de partida.
Aunque se pueda afirmar con razón que se trata de una actividad de alto riesgo, no menos cierto es que un policía cobra más que un maestro o un docente con estudios terciarios.
Asimismo, hoy los policías lucen uniformes nuevos así como equipamiento moderno y actualizado, contrariamente a lo que sucedía en el pasado, cuando vestían casacas y pantalones remendados y empuñaban armas obsoletas.
Ni que hablar de la tecnología de punta que dispone el instituto policial como apoyo logístico para combatir el delito, así como las numerosas cámaras de vigilancia emplazadas en Montevideo y los más importantes centros urbanos del Interior.
Una de las más flagrantes paradojas del matutino es que la información en torno a los policías amenazados parta precisamente de los sindicatos que aglutinan a los uniformados.
Como es notorio, durante los gobiernos de los partidos tradicionales, estaba estrictamente prohibido que los policías se organizaran gremialmente y todo intento de sindicalización era abortado.
Hoy, los uniformados al igual que las empleadas del personal doméstico y los peones rurales -que en el pasado eran una suerte de parias- gozan de la libertad de sindicalización consagrada por el artículo 57 de la Constitución de la República y pueden velar y defender sus legítimos derechos como cualquier trabajador.
Sin dudas, estas y otras medidas han contribuida a la dignificación de la labor policial, a lo cual se suma la extirpación de las prácticas de corrupción sistémica que eran comunes en la Policía durante los gobiernos blancos y colorados.
Cuando se afirma que hay funcionarios amenazados -lo cual es real- la conclusión es que la delincuencia ahora sí le tema al instituto policial, porque este es bastante más efectivo que en el pasado cuando sus problemas operativos le impedían cumplir correctamente con las funciones asignadas por la sociedad.
En ese entonces, si había amenazas, esa circunstancia permanecía en la más absoluta reserva, porque los policías tenían vedado expresarse públicamente.
Al respecto, una reciente encuesta pública realizada por una empresa privada evidenció que el 67% de la población valora de manera favorable el desempeño policial.
No en vano el rápido tiempo de respuesta y la exitosa operativa fue corroborado hace apenas un mes, durante un cinematográfica asalto con toma de rehenes a un supermercado del Buceo.
Por lo pronto, el año pasado, las rapiñas bajaron 4,5% en Montevideo y en algunos barrios descendieron hasta un 70%, indicadores que no tienen parangón desde 1980.
En tanto, según información preliminar procesada hasta el mes de abril, en el transcurso de este año las rapiñas fueron abatidas en un 10,8%, los hurtos en un 7% y los homicidios en un 10,4%.
Incluso, en el primer semestre de este año, fueron cerradas 229 bocas de venta de droga, en el marco de procedimientos sin precedentes contra el narcotráfico en Uruguay.
Mal que le pese a El País y a otros medios obsecuentes a la derecha que siguen alimentando la lógica del miedo, las evidencias revelan una considerable mejora de la seguridad.
Los funcionarios policiales son bastante más profesionales y respetados que en otros tiempos, cuando se dedicaban más a reprimir a estudiantes, obreros y homosexuales que a los propios delincuentes.