Un mes de la desaparición de un activista en Argentina
Se lo vio por última vez durante una protesta de la comunidad mapuche.
La suerte del activista Santiago Maldonado es un misterio desde que desapareció tras una acción policial hace un mes, el 1 de agosto, en una comunidad mapuche de la Patagonia. Crece como escándalo político y moviliza a Argentina, donde el tema de los desaparecidos es una herida abierta. “¿Dónde está Santiago Maldonado? el Estado es responsable”, es el lema en afiches que cuelgan en hospitales, escuelas, estaciones de transporte, equipos de fútbol, y un reflejo del impacto negativo de esta desaparición para el gobierno de Mauricio Macri, bajo sospechas de buena parte de la ciudadanía.
En los 34 años de democracia tras la dictadura que vivió Argentina entre 1976-83, la ONG Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) cuenta más 210 desapariciones a manos de fuerzas de seguridad. Pero es la primera vez que se instala la duda sobre si el Estado o el gobierno tuvieron arte y parte en la desaparición de Maldonado, artesano de 28 años, ‘mochilero’ y que “no es mapuche, simplemente es defensor de todo tipo de causas”, según su amigo Marcos Ampuero.
El chico blanco, ojos claros, delgado, de barba y cabellera rasta, fue visto por última vez el 1 de agosto en un operativo de la gendarmería (policía militarizada) en la comunidad mapuche Pu Lof de Chubut (sur), en tierras compradas por el magnate italiano Luciano Benetton. Una multisectorial humanitaria convoca el viernes a una segunda marcha en la Plaza de Mayo de Buenos Aires para reclamar que Maldonado aparezca con vida.
Cabos sueltos
No hay pistas de su paradero. Testimonios de indígenas mapuches y de la familia hablan de una “desaparición forzada”a manos de gendarmería, tesis que el gobierno rechaza de plano. “En nombre del Presidente, digo que somos los primeros interesados en que aparezca”, lanzó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ante el Congreso, al insistir en que trabaja “con todas las herramientas del Estado para llegar a una respuesta”.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desde el primer momento se apresuró en negar la implicación de gendarmería y lanzó la hipótesis de que se perdió el rastro de Maldonado antes del 21 de julio, negada por la familia.
“El hecho de que la ministra se haya pronunciado antes de hacer la investigación incrementó muchísimo la sospecha de la sociedad en contra de la fuerza y en contra del accionar que hubo desde ese momento”, dijo Alejandro Grimson, docente en el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES).
Desaparecidos = escalofrío
Argentina sufrió una de las dictaduras más violentas en América Latina, donde aplicó un plan sistemático de desapariciones.
El caso Maldonado se politizó en un país polarizado y en tiempos electorales, donde los seguidores de Macri acusan a los simpatizantes del kirchnerismo de impulsar una supuesta campaña para manchar la reputación del gobierno. Detractores del presidente comparan su accionar en derechos humanos con la dictadura.
Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, responsabilizaron a la gendarmería y al Estado. La fiscalía también calificó la causa como “desaparición forzada”, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado esclarecer el caso.
¿Otra desaparición más?
“El pacto en Argentina posterior a 1983 es que el Estado no puede ejercer un nivel de violencia que haga daños a la vida o la integridad de las personas. Cada vez que ese pacto se violó, generó un gran revuelo y una gran conmoción en la sociedad”, explicó Grimson. Otro caso emblemático fue el de Julio López durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007). Sobreviviente de detención clandestina durante la dictadura, desapareció en setiembre de 2006 poco después de declarar en el juicio por crímenes de lesa humanidad contra Miguel Etchecolatz, condenado a prisión perpetua. No hay rastros sobre su paradero.
“López se convirtió en ícono por la lucha de los derechos humanos, pero no hubo nadie que creyera que el Estado estuviera involucrado en la desaparición”, explica Grimson. La responsabilidad del Estado en el caso López es no haber podido encontrarlo o brindarle la protección debida.