El negocio ignorado por el Estado: canon a los juegos de azar
La Cámara Uruguaya del Juego y del Entretenimiento pretende que esta actividad sea regulada por el Estado y que se le reconozcan sus derechos adquiridos.
Ante
el proyecto de ley que propone una reestructuración de los juegos de azar, el asesor de la Cámara Uruguaya del Juego y del Entretenimiento (CUDE) afirmó que existe una situación de conflicto con respecto a esta iniciativa: a pesar de que hay muchas maquinitas diseminadas por distintos lugares del país, el Estado ha optado por no regular ni legislar sobre este asunto.
Dicho asesor letrado de la Cámara, Gerardo Dibbern, afirmó a REPÚBLICA Radio, que“lamentablemente no nos incluyen en la regularización de ese proyecto. Hace más de 20 años que tenemos estas maquinitas tragamonedas en el país, pero el Estado ha obviado su reglamentación y regulación”.
Según sus palabras, el objetivo de CUDE es que exista una resolución que permita que el Estado fiscalice, controle y cobre el debido canon por esta actividad.“Se tiene que crear un marco normativo, en el cual se estipule en qué lugar se puede poner las máquinas y cuál es la cantidad que se puede tener. Actualmente se pueden ver máquinas en diferentes lugares, desde un bar hasta en una farmacia y eso es lo que no queremos. Incluso, como abogado he denunciado casos en que algunos menores estaban jugando con esas máquinas. Por tanto, el Estado debe fijar normas claras para generar certeza jurídica. Es importante mencionar que este asunto se ha regulado y reglamentado en otros lugares del mundo”.
Asimismo, expresó que la Cámara siempre está en contacto con las autoridades para tratar de hacer posible la inclusión de esta actividad en el proyecto de ley, el cual será tratado en el Parlamento luego de la Rendición de Cuentas.“Lo que queremos es que esta iniciativa reconozca nuestros derechos adquiridos ya que hace más de 20 años las empresas vienen pagando los impuestos y desarrollando esta actividad de forma pacífica, pública y legal”.
Según sus palabras, el Estado debería tener un registro de máquinas, lugares habilitados y de propietarios, con el objetivo de determinar un canon. “Lo que está sucediendo es que las empresas no lo están pagando, ya que el Estado debería brindar algún tipo de contraprestación, como puede ser fiscalizar, controlar y sancionar. Como el Estado lo ha omitido, no se paga al canon. Sin embargo, nosotros estamos dispuestos a pagarlo y se lo hemos dicho a todas las autoridades”.
Dibbern explicó que posiblemente existan 20 mil máquinas en todo el territorio y en el caso de que el Estado decidiera cobrar un canon de 500 dólares por máquina, tendría en sus manos 10 millones de dólares, lo que sería una suma muy importante de dinero para las arcas del país.
El asesor legal afirmó que las autoridades nunca han esgrimido una negativa directa para regularizar la actividad. “Nunca nos brindaron argumentos como para negarse. Por tanto, no tenemos una negativa, pero siempre que se ha hecho un proyecto de regulación estructural del juego en Uruguay, nos han ignorado”.
“Es una actividad comercial aceptada por los usuarios y genera ingresos para el Estado por medio del pago de impuestos”.
Queremos que se reconozcan nuestros derechos ya que hace más de 20 años pagamos impuestos y desarrollamos esta actividad de forma pacífica, pública y legal”.
Hemos ganado más de 53 juicios, y el Poder Judicial estableció que la actividad era totalmente lícita”.
“La actividad es totalmente lícita”
El abogado resaltó que usualmente la sociedad piensa que utilizar máquinas fuera de los casinos es un delito. Sin embargo, explicó que es una actividad lícita. “Esto tiene que quedar bien claro ya que en un Estado democrático y republicano como el nuestro, quien determina si existe delito o no es el Poder Judicial. Es importante mencionar que hemos tenido más de 53 juicios ganados en todo el territorio nacional desde 2004, en los cuales tanto los fiscales como los magistrados establecieron que la actividad era totalmente lícita y que no contravenía ninguna norma penal ni administrativa. Incluso, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo estableció que las máquinas son totalmente legales”.
Según sus palabras, lo medular es que no se confundan los términos ya que hay una diferencia radical entre lo que es una actividad comercial no reglamentada y lo que significa un delito. Asimismo, expresó que las empresas pagan sus correspondientes impuestos y que es una actividad que no ha generado ningún tipo de inconveniente en estos últimos 20 años.“En todos estos años no se ha escuchado que las máquinas no paguen los premios o que haya un problema con ellas”.
Datos sobre la producción
En primer lugar, cabe mencionar que CUDE es una Cámara que nuclea a más de 96 empresas nacionales, las cuales generan una cantidad importante de mano de obra.“Estas empresas se dedican básicamente a la explotación comercial y a la fabricación de estas máquinas, pero también tienen otros entretenimientos, como son los futbolitos”, explicó Dibbern.
Según sus palabras, las máquinas son de producción nacional, aunque algunas partes internas de las mismas pueden ser importadas. “Quiero dejar bien en claro que es una actividad que genera una cantidad de puestos de trabajo muy importante, porque alrededor de la máquina podemos encontrar carpinteros, electricistas, programadores, ingenieros en sistema, pintores y fleteros. En términos generales, hay una cantidad muy importante de gente que trabaja alrededor de esta actividad, por lo que podríamos hablar de una verdadera industria”.
Para ilustrar esta positiva situación, el abogado afirmó que en el año 2005 el Instituto Crandon hizo un trabajo de campo en el área metropolitana, que comprendió San José, Montevideo y Canelones.
De dicho trabajo se pudo constatar que esta actividad económica generaba mil puestos de trabajo en forma directa y 3 mil de forma indirecta. “Actualmente estamos hablando de más de 10 mil personas alrededor de esta industria. Sin embargo, entendemos que esta actividad comercial tiene que ser una ayuda y no la entrada principal del comercio.
Es decir, gracias a una maquinita, el dueño puede pagar el alquiler, la luz o el sueldo de algún empleado. Incluso esto pasa mucho con las cantinas del Interior”.
Legislación comparada
En opinión del asesor, esta actividad ya ha sido regulada en varias partes del mundo, mayormente en aquellos lugares de mejor situación económica. Sin embargo, en todos los casos consideró que prohibir el juego no es una solución sino que produce peores consecuencias, como lo que sucedió hace poco tiempo atrás en Brasil o lo que aconteció en Estados Unidos con la Ley Seca. “Prohibir produce efectos contraproducentes. Incluso este tema es similar al debate que ha ocurrido con la marihuana. Siempre es mejor regular y reglamentar para que el Estado fiscalice e invierta esos impuestos en actividades como la salud y la educación”.
Asimismo, explicó que esta actividad ha sido regularizada en los países más desarrollados como son España, Italia, Nueva Zelanda y Alemania. También mencionó que ha sucedido lo mismo en Colombia y Paraguay. “En términos generales, el mundo tiende a regular y reglamentar esta actividad. Lógicamente, el derecho debe buscar certeza jurídica para que todos los actores, incluido el Estado y los propietarios, puedan actuar bajo un marco establecido. Y eso es lo que venimos buscando desde hace más de 20 años”.