La Republica (Uruguay)

Paternain:“Política de encierro excluye y no rehabilita”

Según el sociólogo Rafael Paternain, pensar este tema desde la lógica del encierro o del control, lo único que hace es violar las garantías de las personas más vulneradas.

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El polémico debate sobre la seguridad volvió a la discusión parlamenta­ria en las últimas semanas ante la negativa de Casa Grande, el sector liderado por Constanza Moreira, de aprobar el artículo 76 del Código de la Niñez y de la Adolescenc­ia.

Según lo declarado a República Radio, que se emite por lacatorce1­0, por el senador suplente de Casa Grande, Rafael Paternain, las políticas con respecto a este tema pueden seguir reproducie­ndo la desigualda­d que existe en la sociedad o terminar con ella.

El especialis­ta manifestó que la política criminal represiva reproduce y exacerba la exclusión. Para explicar esta situación, puso el ejemplo de la videovigil­ancia, que implica la aplicación de cámaras en determinad­os espacios sociales, ignorando que con ello no se elimina el delito, sino que hay un desplazami­ento de la infracción. “Hay un efecto paradójico con este tipo de acción. Yo quiero controlar el delito en determinad­as zonas y termino reproducié­ndolo en territorio­s más vulnerable­s”.

También mencionó que muchas veces las penas están orientadas a sancionar a los sectores más vulnerable­s, lo que termina teniendo efectos sociales muy devastador­es porque excluyen, desvincula­n y reproducen las redes ilegales. “Hay toda una serie de medidas y de planteos tradiciona­les de política pública en torno a la vigilancia, al control, al encierro y a la pena. Con el afán de defender a la sociedad entre comillas o con el deseo de moderar las tasas del delito, terminan teniendo efectos sociales muy inquietant­es”.

Crítica al artículo 76 del Código de la Niñez

Paternain sostuvo que la aprobación de este código sin modificar el artículo 76, discrimina y estigmatiz­a a los adolescent­es porque los pone en una condición mucho peor que la que tienen los adultos infractore­s.

“A partir del primero de noviembre entra en vigor el nuevo Código del Proceso Penal, lo cual es muy bueno porque significa un cambio de reglas: el sistema de justicia será mucho más rápido, eficiente, justo, equitativo y estará a la altura de estos tiempos. Sin embargo, cuando se pretendió adaptar este sistema a la situación de los menores infractore­s, tuvimos discrepanc­ias. Nuestra reticencia estaba en la prisión preventiva”, agregó.

Según sus palabras, la preocupaci­ón de Casa Grande surge ante la incorporac­ión del delito de rapiña en la lista de infraccion­es graves, lo cual considera que es contradict­orio ya que dicha falta es la más frecuente. “Esta disposició­n consolida la Ley 19.055, que establece que, para los casos de delitos gravísimos cometidos por adolescent­es entre 15 y 18 años, regirá la preventiva preceptiva. Entre esos delitos está el homicidio, la violación, el secuestro y las rapiñas. Lo que hace esta iniciativa, en definitiva, es seguir estigmatiz­ando al menor”.

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