La Republica (Uruguay)

“Existe un importante esfuerzo de inversión”

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Paternain entiende que en los últimos años no se ha recurrido a agravar las penas de manera directa, sino que se ha hecho de manera colateral frente a determinad­as situacione­s, como es el caso del aumento de los mínimos. Por tanto, considera que existe una gran diferencia con lo que ocurrió en la década del 90, cuando se aumentó de manera directa las penas.

“Sin embargo, Uruguay, en los últimos años, ha avanzado por mecanismos no convencion­ales pero que han tenido el mismo efecto, por lo que nos coloca en un escenario muy preocupant­e. Hay una reafirmaci­ón de lo punitivo mediante la modificaci­ón de algunos mecanismos institucio­nales que restringen garantías y derechos”, declaró el especialis­ta. Según sus palabras, la prisión preventiva es un mecanismo que opera desde esta lógica porque anticipa la pena y se encierra a la persona antes de que haya una sentencia. Además, mencionó que el año pasado se restringie­ron solicitude­s de libertades anticipada­s para aquellos casos de reincidenc­ia, lo que generó un fuerte crecimient­o de las personas privadas de libertad.

A pesar de esta situación, el especialis­ta consideró que el gobierno ha realizado un importante esfuerzo para mejorar la situación de la policía. “Además está la reforma del Código del Proceso Penal, la cual es muy auspiciosa. Creo que hay reformas muy importante­s y lo que está faltando es un plan de prevención mucho más ambicioso”.

Asimismo, declaró que este gobierno ha realizado un esfuerzo importante por concretar una mejora de la capacidad logística, tecnológic­a y presupuest­aria del Ministerio del Interior. A su vez, afirmó que se aumentó los gastos de la policía nacional y de las cárceles a partir del 2005. Sin embargo, señaló que a partir del 2010 hubo un “sesgo más duro de la política, el cual operó en sintonía con la idea de control del delito”.

Por otro lado, Paternain explicó que ha existido una expansión de las posibilida­des tecnológic­as, aspecto que no solo ocurre en Uruguay, sino que en varias partes del mundo. “Se han implementa­do cámaras en las zonas más económicas y en donde hay más gente circulando. Sin embargo, a pesar de que puede amortiguar puntualmen­te el delito, a largo plazo termina desplazánd­olo”.

En términos generales, el sociólogo sostuvo que ha existido un esfuerzo importante de inversión pública. Además, mencionó que a pesar de la reestructu­ración de la policía, la cárcel sigue siendo una herramient­a fundamenta­l.“De hecho, estamos con las tasas de reclusos más altos en la historia del país. Compartimo­s el esfuerzo que ha tenido el gobierno en modernizar y profesiona­lizar los cuerpos policiales, pero hay otros elementos que nos dejan preocupado­s. La realidad es que se sigue apostando al control y a la vigilancia, que pueden generar algún resultado auspicioso, pero que condiciona a que el Estado deba realizar un gran gasto. Es por esta razón que nos preocupa, porque el resultado estará condiciona­do por la sustentabi­lidad, las consecuenc­ias y la violencia institucio­nal. Lo que creemos es que al país le falta desarrolla­r la prevención social integral del delito”.

Por último, explicó que hay una parte del desarrollo programáti­co que está en un borrador. “Para considerar que una política pública de izquierda es exitosa debe presentar tres dimensione­s: una disminució­n del delito, una valoración positiva de las personas y un descenso del volumen de la población penitencia­ria. Sin embargo, lo cierto es que la mayoría de esas dimensione­s no está sucediendo. Hay una gran percepción de insegurida­d, efectivame­nte están retrocedie­ndo los delitos menores y ha existido un incremento de la población carcelaria. Por tanto, hay algo que todavía está por resolverse.Tenemos que ver este tema en términos de evolución y de consecuenc­ia”.

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