Debilitando el control del Estado

El Frente Amplio históricamente se ha autoproclamado como el gran garante de la defensa del Estado ante los embates “neoliberales” de los gobiernos de los partidos tradicionales. Esta fue una de las principales banderas que ese partido levantó durante décadas, liderando el combate a las privatizaciones y reivindicando la necesidad de defender el poder del Estado como garantía de los débiles.

Esta postura fue parte del proceso de crecimiento electoral del Frente Amplio y de su ubicación como una alternativa que reivindicaba el viejo modelo uruguayo estatista típico de los tiempos batllistas.

Pues bien, ¿cuál es el panorama actual luego de más de una década de gobiernos mayoritarios de ese partido? Paradójicamente se ha producido en estos años un importante debilitamiento del Estado mediante el incremento de un manejo impune de instrumentos que han evadido al control de los recursos públicos mediante la traslación del manejo de los mismos a las reglas del derecho privado.

En efecto, particularmente durante la gestión del segundo gobierno del Frente Amplio se produjo de manera creciente un traslado de cada vez más recursos a la lógica del derecho privado, impidiendo de este modo que se pudiera fiscalizar y controlar de manera adecuada la utilización de esos recursos que son de todos.

Se ha producido una modalidad de privatización indirecta a favor de amigos y de algunos jerarcas públicos que han utilizado esos recursos en su provecho propio.

Un ejemplo paradigmático de este tipo de privatización para favorecer a amigos o eludir las reglas de control del derecho público fue lo que pasó con algunos de los negocios de Ancap. El uso de las empresas subsidiarias de derecho privado permitió escapar a las reglas del Tocaf, permitiendo realizar adjudicaciones “a dedo”.

Cuando Ancap decidió comenzar a producir cal, significativamente no lo hizo en forma directa, como lo había hecho y lo sigue haciendo en el caso del cemento, sino que utilizó a Cementos del Plata, una sociedad anónima propiedad de Ancap, que le permitía evitar los procedimientos exigentes de las licitaciones públicas. Así otorgó “a dedo”el contrato de transporte de cal, escandalosamente caro, argumentando de manera insólita que no había otra empresa que pudiera cumplir con ese servicio.

Lo mismo se hizo con ALUR cuando se definió la construcción de la Planta de Bioetanol de Paysandú. De esta forma no se realizó un llamado abierto, sino que se seleccionó a un pequeño grupo de empresas y luego, entre ellas, se fue direccionando el resultado a favor del “caballo del comisario”.

En ambos casos se evadió, además, el control del Tribunal de Cuentas. Una verdadera sustracción de recursos con respecto al control del Estado.

La creación del Fondes es otro ejemplo paradigmático del debilitamiento del Estado y de la privatización de dineros públicos.

En efecto, el Fondes se creó con recursos del BROU para promover una línea de préstamos con el objetivo proclamado de promover inversiones con fines sociales. Sin embargo, en vez de abrir una línea especial dentro del BROU que habría estado sujeta a los controles técnicos del BCU, se creó esta figura jurídica que, al margen de los criterios estatales, manejó decenas de millones de dólares otorgando préstamos sin ningún tipo de garantía a empresas de “amigos” que, en casi su totalidad, eran inviables y determinaron que el Fondes no tenga capacidad de recuperación de casi el 90% de los fondos prestados.

Si eso no fue una privatización de recursos públicos, no sabemos cómo llamarlos.

También el Plan Juntos pasó por el costado de la fiscalización del gasto. Se creó un fideicomiso en el ámbito de la CND que estuvo ajeno al control del Tribunal de Cuentas. A través de ese proyecto se ejecutaron más de 40 millones de dólares. No sabemos si estos recursos se administraron bien, porque se evadió el control público.

En el mismo sentido, el uso descontrolado de las tarjetas corporativas incluyendo gastos personales con fondos estatales o el uso de la publicidad de una empresa pública para catapultar una carrera electoral, son otras formas de privatización corrupta de los dineros públicos.

Mientras tanto, cada vez una mayor proporción de los recursos del Estado se evade a los mecanismos de contralor estatales y los que están sujetos a ese contralor sufren la impotencia de un Tribunal de Cuentas con poderes casi nulos para hacerse obedecer y de una Junta Anticorrupción que está reclamando mayores competencias para cumplir su tarea.

Lo más sorprendente es que estas cosas se han disparado en manos de un partido que llegó al poder proclamándose el mayor defensor del Estado.