La violencia regresa a las favelas “pacificadas” en Rio
Los tiroteos entre policías y narcos regresan.
En 2008, Santa Marta fue la primera favela de Rio en ser “pacificada”. Conocida por haber sido escenario de un videoclip de Michael Jackson a finales de los 1990, rápidamente se convirtió en un modelo: la comunidad que abría sus puertas incluso a turistas extranjeros.
Pero las cosas han cambiado y no respetan ni siquiera al “rey del pop”. Hace un mes, su estatua de bronce, orgullo y atracción de esta barriada a los pies del Cristo Redentor, apareció con un fusil colgado al cuello. La imagen mostró quién manda de nuevo ahí.
Desde entonces, ha habido al menos seis tiroteos y un policía herido de bala: de la Santa Marta ejemplar al símbolo de la agonía de la “pacificación”. El proyecto nació hace casi una década con la mirada puesta en el Mundial-2014 y los Juegos Olímpicos-2016, cuando el gobierno de Rio decidió cambiar su estrategia de guerra al crimen instalando en las favelas las llamadas Unidades de Policía Pacificadora (UPP). Ese cuerpo, pensado para ser de proximidad, ha desplegado unos 9.500 agentes en 38 comunidades y, aunque desde 2013 empezó a acumular denuncias de actuaciones arbitrarias y corrupción, permitió que Santa Marta viviera seis años sin tiros. La favela que visitaron Madonna o Joe Biden tenía todos los ingredientes para triunfar: solo 5.000 habitantes, límites con la rica zona de Botafogo y el empuje de líderes fuertes.
Pero pasados los megaeventos deportivos, con Rio hundido en la crisis y policías pagados con retraso, los problemas se acentuaron. “Santa Marta ya no está pacificada. Se llama favela pacificada, pero ya no tenemos paz. En cualquier momento puede haber un tiroteo”, dice a la AFP ‘Ze’ Mario Hilario, el aguerrido presidente de la asociación de vecinos, de 57 años.
Un tabú
Aunque la violencia en favelas del extrarradio es peor, la tensión en Santa Marta es palpable. Casi nadie se atreve a hablar por miedo a represalias. “Aquí es mejor decir ‘yo no sé, yo no vi’”, resume una señora en la cola de una peluquería.
Las cifras oficiales ponen los pelos de punta: en el primer trimestre de 2017, hubo 623 enfrentamientos en favelas “pacificadas”, siete por día. Incluso en las que rodean las ricas Ipanema, Copacabana o Leblon, como el intenso tiroteo de cinco horas que este fin de semana dejó un muerto y tres heridos en Rocinha. Con más de 100 policías asesinados este año, ocho en UPP, la secretaría de Seguridad Pública ya no permite que periodistas visiten las unidades ni que entrevisten a sus agentes, ni siquiera en Santa Marta.
Una opción para conocerla, entonces, es el “Rio Top Tour”, el circuito que lanzaron en 2010 los vecinos. La última parada es en la cima, donde está la UPP. Al lado del edificio del que entran y salen agentes, una cabina de vigilancia parece abandonada. Más abajo, en la “plaza Michael Jackson”, cinco policías con chalecos antibalas y fusiles custodian la estatua. Poco antes del anochecer, apenas un visitante brasileño se animó a subir. “Con todo lo que está cayendo en las favelas, imagino que los turistas están recelosos”, dice Andrea Miranda, que vende souvenirs en la plaza. Minutos después, las estadísticas cobran vida: fuertes, secos y muy cercanos, estallan entre tres y cuatro tiros.
Abandonar las favelas
Silvia Ramos, coordinadora del Centro de Estudios sobre la Seguridad y la Ciudadanía, que ha estudiado el programa de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en la favela de Santa Marta, el 12 de septiembre de 2017 en su despacho en Rio de Janeiro© AFP Apu Gomes
Los narcotraficantes tratan de retomar el control de las favelas desde 2013, aprovechando resbalones de las UPP, como el caso de la desaparición del albañil Amarildo Dias tras ser detenido por agentes de Rocinha. El futuro parece incierto para este proyecto y para esos barrios donde vive un cuarto de la población de Rio.
En agosto, la secretaría de Seguridad anunció que retirará 3.000 agentes de las UPP para reforzar el patrullaje en zonas metropolitanas donde “se concentra el 86% del crimen”.“Mientras sea secretario, las UPP no van a acabar”, garantizó Roberto Sa. Aunque casi 70% de los habitantes de comunidades con UPP las considera fallidas, 60% quiere que permanezcan, según el Centro de Estudios sobre la Seguridad y la Ciudadanía.