La ética de la derecha es una entelequia
El motivo por el cual la colectividad de Oribe no acudió a las negociaciones fue la prisión de su líder Wilson Ferreira Aldunate, quien, al igual que el Presidente del FA, Líber Seregni, no pudieron ser candidatos por encontrarse proscriptos. Lo que parece olvidar Pablo Iturralde es que su Partido Nacional sí participó en el secreto Pacto de Anchorena, en junio de 1985, que -aunque fue mantenido en la más absoluta reserva- está registrado en varios libros de investigación histórica.
La renuncia de Raúl Sendic a la vicepresidencia de la República y la designación de la senadora Lucía Topolanky para asumir dicha responsabilidad y también la presidencia del Senado y de la Asamblea General, generó nuevas derivaciones políticas. En ese contexto, la oposición hizo su juego al criticar ácidamente las reflexiones del Presidente de la República, Tabaré Vázquez, quien le bajó los decibeles a la situación y reafirmó la solidez institucional del país, que nunca estuvo en tela de juicio.
En efecto, el alejamiento de Sendic del segundo escalón de poder del Estado no generó ninguna repercusión indeseada, como sí sucede en otros países donde, ante circunstancias similares, la primera reacción suele ser la suba del dólar y la inestabilidad de los mercados.
Nada de esto pasó en Uruguay, salvo la obsesión de la oposición por prolongar el culebrón que tanta visibilidad y tantos réditos políticos le ha deparado.
En ese marco, el Partido Nacional criticó al presidente Vázquez por “minimizar y disimular la gravedad de los hechos”, en lugar de valorar la ponderación del primer mandatario.
Otro tanto sucedió en filas del Partido Colorado, con el redivivo senador Pedro Bordaberry –que se había llamado a silencio desde que anunció que no volvería ser candidato- afirmando que “es un momento triste para el país” y calificando la presente coyuntura como “algo malo y grave”.
Mientras tanto, también el Partido Independiente, a través del senador Pablo Mieres, y el Partido de la Gente, a través del empresario Edgardo Novick, aprovecharon para rasgarse las vestiduras y disfrazarse de moralistas.
Este circo mediático –que realmente asquea por su oportunismo y su impronta carroñera- jamás destacó la actitud de Sendic de abandonar su investidura por los cuestionamientos éticos de su fuerza política sin estar obligado a hacerlo, ni la valentía del Frente Amplio para juzgar a uno de sus miembros de mayor rango político.
Obviamente, todo es parte del ominoso juego de una prensa obsecuente con el bloque conservador, que está muy lejos de informar objetivamente y, en cambio, es funcional a intereses empresariales y de la derecha política.
Por si no fuera suficiente, el diputado nacionalista Pablo Iturralde denunció un supuesto “pacto de silencio” en torno a la salida de Sendic, afirmando que el hoy exvicepresidente debió haber sido sometido a juicio político.
Nadie en su sano juicio podría inferir que el legislador habló a título personal, ya que su planteo generó un nuevo hecho político aunque este parta de un supuesto realmente absurdo.
En efecto, el juicio político, que está previsto en el artículo 93 de la Constitución de la República y debe dirimirse en el ámbito de la Cámara de Senadores, procede únicamente en casos de violación a la propia Carta Magna o de responsabilidades penales debidamente probadas. En esa hipótesis, el proceso y la eventual remoción del acusado deben ser convalidadas por los dos tercios del total de componentes del cuerpo legislativo.
La impertinencia del planteo –que en esta circunstancia es contrario a derechodebe tomarse como una actitud de mala fe para seguir alimentando la telenovela. De lo contrario, la conclusión es que Iturralde es un ignorante pese a ser abogado.
No satisfecho con formular una propuesta tan inverosímil, el parlamentario blanco se refirió a un supuesto “pacto de silencio” en el seno del oficialismo, paragonándolo con el denominado Pacto del Club Naval de agosto de 1984 entre partidos políticos y militares, que permitió, en las postrimerías de la dictadura, la habilitación de la renga apertura política concretada a partir de 1985.
Como se recordará, ese acuerdo fue rubricado por los mandos castrenses, el Partido Colorado, el Frente Amplio y la Unión Cívica, sin participación del Partido Nacional.
El motivo por el cual la colectividad de Oribe no acudió a las negociaciones fue la prisión de su líder Wilson Ferreira Aldunate, quien, al igual que el Presidente del FA, Líber Seregni, no pudieron ser candidatos por encontrarse proscriptos.
Lo que parece olvidar Pablo Iturralde es que su Partido Nacional sí participó en el secreto Pacto de Anchorena, en junio de 1985, que -aunque fue mantenido en la más absoluta reserva- está registrado en varios libros de investigación histórica.
En esa oportunidad y bajo los auspicios del por entonces presidente Julio María Sanguinetti, se reunieron el comandante en jefe del Ejército Hugo Medina y los dirigentes nacionalistas Wilson Ferreira Aldunate, Carlos Julio Pereyra y Alberto Zumarán, las tres más importantes figuras del ala mayoritaria de dicha fuerza política.
Obviamente, no hay ningún documento que registre el tenor del diálogo, aunque se presume- con fundados motivos- que en ese ámbito se pactó la impunidad de los delitos de lesa humanidad perpetrados durante el gobierno autoritario.
Un año después, pretextando que existía un inminente peligro de ruptura institucional, blancos y colorados acordaron la sanción de la inconstitucional Ley de Caducidad, que clausuró todas las causas judiciales contra los represores.
Ese es apenas un rasgo más de la opacidad y falta de transparencia del Partido Nacional, cuya historia reciente lo inhabilita para dictar lecciones de ética.
No en vano el nacionalismo protegió enconadamente al ex intendente de Flores y ex diputado Carlos Mazullo y al también hoy ex diputado maragato Alberto Casas, quienes se ampararon en sus fueros para evadir sus responsabilidades penales con la aquiescencia y complicidad de su partido.
Mientras en el primer caso el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Segundo Turno ratificó la condena por “reiterados delitos de fraude”, en el segundo caso los delitos de “fraude” y “abuso de funciones” imputados a Casas durante su gestión en OSE prescribieron.
Por supuesto, nadie propuso un juicio político como hubiera sido menester para remover al legislador y posibilitar que este compareciera ante la Justicia como un ciudadano común.
Esas no son las únicas condenas por corrupción que registra el prontuario del Partido Nacional. Al respecto, cabe recordar los procesamientos de Enrique Braga, Daniel Cambón, Iván Coronel, Julio Grenno, Jorge Sacchi, Andrés Arocena y Walter Zimmer.
Tampoco debe olvidarse la sospechosa clausura de expedientes judiciales como el del escandaloso caso Focoex y los oscuros negociados del Banco Pan de Azúcar y el Banco Comercial, que permanecen impunes.
Que los blancos pretendan erigirse en referentes éticos de la sociedad uruguaya es una burda parodia. La historia reciente y la memoria colectiva los condena.