Bascou y Ezquerra ponen en aprietos a los blancos
Analizan si llevarán al Tribunal de Ética los casos del intendente y el diputado.
En la era post-Sendic la discusión sobre la ética pasó del FA al Partido Nacional. La Mesa del Directorio de ese partido se entrevistará el miércoles por separado con el diputado por Tacuarembó Wilson Ezquerra y con el intendente de Soriano, Agustín Bascou, para abordar sus respectivas situaciones judiciales. Posteriormente, las autoridades partidarias se reunirán con el Tribunal de Ética.
En la era post-Sendic la discusión sobre la ética pasó del FA al Partido Nacional. La Mesa del Directorio de ese partido se entrevistará el miércoles por separado con el diputado por Tacuarembó Wilson Ezquerra y con el intendente de Soriano, Agustín Bascou, para abordar sus respectivas situaciones judiciales. Posteriormente, las autoridades partidarias se reunirán con el Tribunal de Ética para trasladarle lo conversado y acordar el inicio formal del estudio de los casos que involucran a los dos dirigentes blancos.
Bascou resolvió que elTribunal de Ética analice su conducta tras haber librado cheques sin fondo para cubrir deudas de su emprendimiento agropecuario, y tras haber sido acusado de contratar el suministro de combustible a la flota municipal con una estación de servicio de su propiedad.
En tanto, Ezquerra es indagado en Maldonado por haber atropellado alcoholizado a una mujer mientras conducía su vehículo. El martes se presentará ante la Justicia fernandina para responder por este episodio, y ya anunció que está dispuesto a solicitar su desafuero ante la Cámara de Representantes en caso que su calidad de legislador impida el desarrollo del proceso.
Por ambos casos. el debate de la ética política empieza a repiquetear en las tiendas del Partido Nacional.
El caso Ezquerra
El diputado por Tacuarembo Wilson Ezquerra tuvo un accidente semanas atrás que puso en riesgo su vida y la de otras. También puso en riesgo su joven carrera política.
Al atropellar a una motonetista en ruta Interbalnearia se comprobó que estaba alcoholizado. Es un asunto particular, pero a nadie se le escapa que el Parlamento -que Ezquerra integra- acaba de votar leyes de tránsito y en particular sobre el consumo de alcohol. Ezquerra enfrentó el trance, atendió a la mujer y se hizo cargo del episodio. Pero quedó libre de toda responsabilidad porque no se hizo la denuncia.
Mientras la justicia anunciaba un pedido de desafuero, en la víspera el legislador decidió adelantarse a los hechos y, mediante una conferencia de prensa, expresó sus disculpas públicas por el accidente que protagonizó en tales condiciones, y dijo que renunciaría a los fueros para concurrir a la justicia.
La impunidad del diputado fue intensamente criticada al entenderse que debió haber quedado demorado y haber sido sometido al tribunal de faltas mientras se procesaba la recuperación de la víctima. Este aspecto era clave ya que la justicia solo podía actuar de oficio en caso de que se entendiera que había“lesiones gravísimas”.
Era el caso ya que la mujer estuvo grave y sufrió lesiones de entidad en la cadera.
Desde el Frente Amplio esperan que además de la justicia el Partido Nacional inicie un proceso de discusión ética similar al que se procesó en el Caso Sendic. Mientras que Jorge Larrañaga habla de “revanchismo” del Frente.
El caso Bascou
No menos conflictivo es lo que vive el intendente de Soriano, Agustín Bascou, quien enfrenta embargos por varios millones de dólares a raíz de libramiento de cheques sin fondos.
En ese aspecto, Bascou aceptó un concurso de acreedores y ante la justicia se compromtió a buscar soluciones en 15 días para evitar ser denunciado por estafa.
Al mismo tiempo su situación política se contamina peligrosamente en cuanto a su condición de intendente al admitir que durante largos meses las camionetas municipales cargaron combustible y pagaron servicios en dos estaciones de servicio de su propiedad.
El intendente vendió en abril esas estaciones de servicio pero las pruebas de las operaciones son usadas por el Frente amplio local para anunciar que llevarán al Parlamento a Bascou para iniciarle un juicio político por conjunción del interés público y privado.
La situación generó roces entre dirigentes de Alianza Nacional -sector liderado por Jorge Larrañaga al que pertenece Bascou- y la ascendente senadora Verónica Alonso, cuyo nombre aparece en todos los análisis políticos como una posible precandidata o integrante de la próximo fórmula presidencial blanca.
Alonso opinó que el intendente de Soriano debería abandonar su cargo mientras no resuelva los problemas financieros que lo llevaron a la Justicia. Esto motivó la airada respuesta del senador blanco, Javier García, quien señaló que “Verónica Alonso le pide a Agustín Bascou en 24 horas lo que no le pidió a Raúl Sendic en un año y medio”.
A su criterio, En “el caso de Bascou se trata de un tema económico que va a tener una solución económica”, y no puede compararse con el del vicepresidente.
El caso Alonso
Otra situación es la que enfrenta la senadora Alonso. Este jueves el diario El Observador informó que el Juzgado Letrado de 1° Instancia en lo Civil de 8°Turno a cargo del juez Federico Tobía había trabado un embargo sobre parte de los bienes de la senadora del Partido Nacional, Verónica Alonso a raíz de un conflicto de pago con una imprenta.
Sin embargo, la senadora y su entorno reaccionaron con sorpresa, ya que no habían sido notificados. Según supo Subrayado, los abogados de Alonso verificaron tanto en el Juzgado Letrado Civil de 8º Turno como en el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno, que no había ninguna medida de embargo solicitada ni decretada. Es más, el número de decreto de embargo que circulaba en varios medios ni siquiera existía.
Sin embargo por la tarde el mismo diario publicó una nota en la que afirma que “el dueño de la imprenta que la demandó difundió un documento falso” según el cual se le trababa embargo. Sin embargo la causa judicial sigue adelante.
Otro hecho bajo la lupa del Frente Amplio es el del intendente de Maldonado, Enrique Antía, a quien se pretende investigar por la compra de cámaras de televigilancia realizada a través del conocido empresario de Punta del Este, Rolando Rozemblum.
Desde la intendencia negaron totalmente el hecho y afirmaron que el sistema de videovigilancia permitió bajar sensiblemente el número de delitos.