Son horas cruciales para Cataluña: Puigdemont entre la espada y la pared
La alcaldesa de Barcelona habla de peligro de “cohesión social”.
La peor crisis política de la democracia española afronta 24 horas dramáticas en las que el presidente catalán, Carles Puigdemont, decidirá si cede a amenazas y apelaciones de derecha e izquierda, o declara la independencia como le exigen sus aliados.
El último llamamiento a Puigdemont para que renunciase a la proclamación lo hizo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, asegurando que ésta pondría en peligro “la cohesión social”. “Los resultados del 1 de octubre no pueden ser un aval para proclamar la independencia”, dijo en una declaración institucional, solicitando al mismo tiempo al jefe de gobierno de español, Mariano Rajoy, que no suspenda la autonomía de Cataluña y que retire los refuerzos policiales enviados a la región.
El ejecutivo de Rajoy fue más allá: si Puigdemont sigue adelante “habrá que tomar medidas”, advirtió la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, en declaraciones a la emisora de radio COPE. Y pidió a los independentistas “que no se tiren al precipicio”.
Hoy Puigdemont tendrá una primera oportunidad de proclamar la independencia en su comparecencia ante el Parlamento regional catalán tras el referéndum de autodeterminación prohibido del 1 de octubre. Según su ejecutivo en éste la secesión logró el 90% de los votos con una participación del 43%.
La última vez que un gobierno catalán declaró la independencia, en 1934, su presidente Lluís Companys acabó en la cárcel, un hecho que este lunes un dirigente del Partido Popular de Rajoy, Pablo Casado, le recordó a Puigdemont.
La respuesta del Estado
La vicepresidenta eludió concretar si el gobierno aplicaría el artículo 155 de la Constitución española, que prevé la suspensión e intervención del gobierno regional catalán, pero deslizó que el Senado debería ser parte de la respuesta, y es precisamente la Cámara Alta la que debe dar el visto bueno a esa medida. El líder del primer partido de la oposición española, el socialista Pedro Sánchez, también pidió a Puigdemont que “pare las máquinas y no haga la declaración unilateral de independencia”.
Ayer tres empresas catalanas más –la inmobiliaria Colonial, la operadora de autopistas Abertis y su filial de telecomunicaciones Cellnex– anunciaron que trasladaban su sede social de Barcelona a Madrid, con lo que la región perdió seis de sus siete compañías en el índice bursátil español Ibex 35.
Para la principal patronal catalana, Fomento del Trabajo, esto“es un reflejo claro del grado máximo de preocupación” del mundo empresarial, señaló en un comunicado, pidiendo a los independentistas frenar sus planes que podrían llevar“hacia la insolvencia económica”.
Presión de los aliados
Pero en una entrevista el domingo, Puigdemont dio a entender que, si Madrid no acepta una mediación, seguirán adelante con la secesión. “Hemos abierto la puerta de la mediación, y hemos dicho sí a tantas opciones de mediación como nos han planteado (…) Pasan los días, y si el Estado español no contesta positivamente, nosotros haremos lo que hemos venido a hacer”, advirtió Puigdemont. Por su parte, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), aliado de Puigdemont en la coalición que gobierna la región, rechazó el lunes “las amenazas” del gobierno. “Nosotros vamos a seguir con este proceso”, dijo su portavoz Sergi Sabrià, aunque mantuvo “una puerta abierta al diálogo”. El más radical de los socios de Puigdemont, el partido de extrema izquierda CUP, defendió una declaración unilateral de independencia.
“La única forma de poder asumir un escenario de diálogo y de mediación con el Estado es poder hacerlo como iguales, (…) hacer emerger un nuevo Estado que es la República Catalana”, dijo su portavoz Benet Salellas. Una de las grandes organizaciones de la órbita independentista, la Asamblea Nacional de Cataluña, convocó una manifestación ante el Parlamento el martes durante la intervención de Puigdemont para dar la bienvenida “a la nueva república”.