Monedas digitales emitidas por los bancos centrales: un reto para el sistema financiero
Las monedas digitales, y más concretamente las llamadas criptomonedas (monedas emitidas y gestionadas en redes descentralizadas mediante protocolos criptográficos), como bitcoin, surgieron hace casi una década, pero han adquirido especial notoriedad en el último año debido a una enorme revalorización que ha llevado a inversores tradicionales, e incluso al público en general, a interesarse por ellas como activo alternativo en un entorno de tipos de interés bajos o negativos.
Aunque el uso de criptomonedas a día de hoy es menor en comparación a las monedas fiduciarias, presentan características muy interesantes propiciadas por sus tecnologías subyacentes, las DLTs (Distributed Ledger Technologies). Éstas ofrecen un mecanismo para crear una alternativa digital al efectivo físico, algo hasta ahora imposible debido a la dificultad de replicar ciertos atributos, como son el anonimato y la transmisión entre iguales sin necesidad de intermediarios. La posibilidad de emisión de un efectivo digital, unida a la preocupación por el aumento del mercado de las criptomonedas externas al sistema financiero formal, ha llevado a los bancos centrales a interesarse por este fenómeno y analizar escenarios de emisión de una criptomoneda propia.
El primero en analizar este asunto fue el Banco de Inglaterra, en un documento publicado en julio de 2016. Posteriormente, los bancos centrales de Canadá, Rusia, China, Suecia y el Banco Central Europeo, entre otros, han establecido grupos de trabajo para estudiar esta opción y, en ciertos casos, para desarrollar proyectos piloto con diferentes alcances.
Un punto importante a señalar es que las DLT permiten la emisión de diferentes tipos de criptomoneda, con atributos que pueden variar: la moneda puede ser de acceso restringido (sólo utilizable para operaciones interbancarias) o universal; puede ser anónima o identificada; puede pagar intereses (cambiar de“valor facial”) o no. Cada una de estas variantes tiene diferentes ventajas e inconvenientes, que un banco central tendría que sopesar a la hora tomar una decisión.
Algunas de estas ventajas e inconvenientes son ciertamente evidentes. El efectivo digital es mucho más fácil de gestionar que el físico, pero además es mucho más trazable, especialmente en el caso de una moneda identificada; como consecuencia, el control por parte de la Hacienda Pública del dinero circulante sería total y se eliminarían tanto la evasión de impuestos como el blanqueo de dinero. Por otra parte, una criptomoneda que permita establecer tipos de interés, (tanto positivos como negativos) eliminaría el límite cero a los tipos de interés debido a la existencia de efectivo. Esto facilitaría la implementación de políticas monetarias, pero tendría un efecto negativo sobre la imagen de los bancos centrales porque no sólo permitiría la represión financiera, sino que podría hacer aparecer incentivos perversos para el banco central, dañando potencialmente la premisa de su independencia a la hora de implementar dichas políticas.
Una incógnita fundamental en este escenario es quién realizaría la función básica de conversión de los depósitos en créditos, teniendo en cuenta el papel residual que los bancos comerciales tendrían en la captación de depósitos, y la improbabilidad de que fuera el propio banco central el que asumiera esa función de forma directa.
En definitiva, la decisión de emitir o no una criptomoneda propia tiene un impacto potencial tan alto que es improbable que algún banco central la tome a corto plazo, al menos en su variante más disruptiva. Es más probable su utilización, de forma restringida, en el entorno interbancario aunque, como han manifestado muy recientemente el Banco Central Europeo y el Banco Central de Japón, la tecnología tiene que alcanzar un grado de madurez que aún no tiene.