Pintado, Mieres y Trobo debatieron sobre financiación de partidos políticos

El financiamiento de la campaña electoral de los partidos políticos es un tema que figura en el debate público, entendiéndose como un asunto que muestra la calidad democrática de un país. Por su importancia República Radio, que se emite por lacatorce10, convocó a una mesa especial de la que participaron: el senador por el Frente Amplio, Enrique Pintado, el diputado por el Partido Nacional, Jaime Trobo, el senador por el

Partido Independiente, Pablo Mieres y el politólogo Daniel Chasquetti.

“El peor enemigo de la democracia es el dinero. La idea general que se tiene de los partidos políticos es que deben representar a los ciudadanos, pero si el poder económico se transforma en un jugador, puede perfectamente romper la necesaria equidad en la competencia”, declaró Chasquetti.

Según expresó, los preceptos básicos de la democracia, como pueden ser la igualdad entre los ciudadanos basada en que todos los votos valen lo mismo y la equidad en las oportunidades para divulgar propuestas, pueden romperse con la irrupción del dinero.

“Eso es un dato de la realidad. Hay bastante evidencia que muestra que a ciertos partidos políticos los financian más empresas de determinados sectores. Sabemos que el dinero ha irrumpido desde larga data y de lo que se trata con estas leyes es equilibrar la situación para que la competencia no se vea viciada o influida por el dinero”, agregó.

Explicó que las leyes que regulan el financiamiento de los partidos políticos lo que pretenden hacer es regular el ingreso del dinero por medio de topes, en los que se establece un determinado monto, se definen procedimientos para que fuerzas políticas reciban dinero de los privados y se determina la duración de las campañas electorales en los medios de comunicación.

“Las leyes de financiamiento se ocupan de establecer mecanismos de control para que las propias normativas se cumplan. Cuando uno analiza las democracias del mundo, encuentra que estos dispositivos están por todas partes. En Uruguay, en cambio, hasta

1999 prácticamente no había reglas ni control”, agregó.

A partir de 1999, luego en 2004 y finalmente en 2009 se fueron votando leyes para acortar las campañas y obligar a los partidos a presentar declaraciones juradas de lo recibido. “La última Ley, que es de 2009, no es mala, pero sufre de un defecto principal: el organismo que tiene la responsabilidad de controlar y fiscalizar, que es la Corte Electoral, carece de toda capacidad para monitorear. Cuando analizamos las declaraciones juradas de los partidos encontramos muchas inconsistencias y datos que no resultan muy creíbles”.

En términos generales, advirtió que las declaraciones juradas de los partidos “no parecen razonables” y el principal problema es que el organismo contralor, que es la Corte Electoral, no tiene medios ni condiciones jurídicas para actuar; el número de donaciones que se declara es relativamente leve. “Nos cuesta creer que sean tan pocas las cifras que reciben. No está claro que los montos sean los que allí aparecen y, por tanto, tenemos una absoluta desconfianza en esas

DIXIT “Nos cuesta creer que sean tan pocas las cifras que reciben los partidos. No está claro que los montos sean los que allí aparecen y, por tanto, tenemos una absoluta desconfianza en esas declaraciones juradas.”

declaraciones juradas”.

EL PROYECTO ACTUAL

El politólogo mencionó que la iniciativa, que ya fue aprobada en Comisión Especial, intenta resolver algunos problemas como, por ejemplo, prohibir a las empresas donar o hacer que la Corte Electoral compre todos los minutos de televisión para vendérselos a los partidos con el objetivo de garantizar que todos paguen el mismo precio. “Esas cosas son buenas, pero tampoco tenemos absoluta certeza de que esto funcione, porque los propietarios de las empresas pueden donar. Es decir, perfectamente una empresa se las puede ingeniar para inyectar dinero a tal o cual partido. Entonces, el fenómeno del desvío de efectivo hacia determinados candidatos va a presente. No hay forma de evitarlo. Lo que se necesita, y en eso el proyecto es muy débil, es aumentar el control y para eso es necesario la voluntad política y muchos recursos.

Por tanto, el proyecto está bien, busca soluciones, pero todavía hay una interrogante que está pendiente”.