No se vislumbra diálogo por Cataluña en España
En prisión dos dirigentes independentistas.
No hay indicio de que el presidente de Cataluña rectifique antes del jueves y responda al presidente español Mariano Rajoy en su requerimiento sobre si ha declarado o no la independencia de esa comunidad autónoma.
Mariano Rajoy y Carles Puigdemont se ofrecieron mutuamente diálogo en cartas que cruzaron ayer pero entienden cosas muy diferentes sobre cuál debería ser el punto de partida. El jefe del Ejecutivo español sigue dispuesto a reunirse con Puigdemont para tratar del autogobierno de Cataluña dentro del respeto a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Cataluña.
El gobernante catalán quiere hablar de sus aspiraciones y atribuye a la “mayoría de los catalanes” haberse expresado a favor de formar parte de “un país independiente”. El Gobierno de España no acepta ese planteamiento que Puigdemont atribuye a una mayoría de la sociedad catalana y entiende que no se pueden permitir más pasos contrarios a la legalidad.
Tras el cruce de cartas de ayer queda claro que no hay marcha atrás por ninguna de las dos partes. Rajoy, con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, sigue adelante en su idea de restablecer “el orden constitucional” en Cataluña. Mientras, Puigdemont hace como que la respuesta del Gobierno central no le afecta y mantiene su propuesta, expresada
por carta, de abrir un plazo de dos meses para dialogar. En caso de que este diálogo no se produzca, como parece previsible, el presidente catalán amenaza con mantener el camino de la independencia unilateral. Para suma más tensión, una jueza de la Audiencia Nacional de España, Carmen Lamela, ha dictaminado el ingreso en prisión sin fianza de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural —Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente—, dos organizaciones soberanistas catalanas.
Sánchez y Cuixart están acusados de sedición por su presunta implicación en los disturbios que tuvieron lugar el pasado 20 de septiembre, cuando sus organizaciones habrían incitado a los ciudadanos a concentrarse frente a la sede de la Consejería de Economía de Cataluña mientras las autoridades españolas registraban el lugar. Esa magistrada ha acusado a ambos líderes de “promover” concentraciones masivas durante la acción de la Guardia Civil con el fin de proteger a los gobernantes catalanes, en lugar de realizar un llamamiento a celebrar una manifestación pacífica.