Explotación laboral en el medio rural
La denuncia de explotación laboral de un peón rural contra la senadora nacionalista Carol Aviaga, que pertenece a “Todos”, el sector que lidera el también senador Luis Lacalle Pou, confirma el recurrente abuso patronal al cual son sometidos algunos trabajadores de la desolada campaña uruguaya.
Si bien el reclamo del trabajador está ahora en la órbita de la Justicia, la acusación desnuda flagrantes inequidades en las relaciones de dependencia en el campo, ahora, coincidentemente, con participación de dirigentes políticos de derecha.
Como se recordará, ante la brutal agresión perpetrada contra un trabajador en la estancia Flor del Ceibo de Salto, el secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República, Nelson Villarreal Durán, afirmó que “el Uruguay profundo tiene sistemas serviles, casi feudales que emergen esporádicamente”.
Esta reflexión, que fue enérgicamente cuestionada por la Federación Rural del Uruguay, abrió un nuevo ángulo del debate sobre la situación y las condiciones de trabajo de los asalariados rurales y el maltrato al cual son frecuentemente sometidos por parte de los latifundistas.
Si bien la legisladora afirmó que regularizó la situación con el peón reclamante en el pasado mes de julio con retroactividad a enero de este año, el empleado aduce que trabajó desde diciembre de 2015 sin aportes al Banco de Previsión Social hasta el momento de su renuncia.
Empero, el trabajador, que oficiaba de casero en el establecimiento rural ubicado en el departamento de Lavalleja, denunció que cobraba 10.000 pesos por mes, por “trabajar todo el día”, lo cual constituye una violación al laudo establecido en el Consejo de Salarios del sector.
Sin embargo, cuando se presentó al BPS, figuraba con un salario de 16.000 pesos por cuarenta horas de trabajo a partir de enero de 2017, pese a que, según explicó, no tenía descansos semanales, no cobraba salario vacacional y percibía como aguinaldo entre 2.000 y 3.000 pesos.
Incluso, según el denunciante, Aviaga le ofreció pagarle $ 28.000 en seis cuotas para dar por cerrado el tema, lo cual constituye una suerte de despido simbólico que no se ajustaría a la realidad del vínculo laboral.
En función de las versiones contrapuestas entre demandada y demandante, la Justicia deberá dilucidar si existió o no ilegalidad, si hay un período de trabajos sin aportes y si la declaración ante el BPS se ajusta a derecho.
Si se lograra probar fehacientemente la veracidad del testimonio del denunciante, la legisladora, en su calidad de contratante, habría incurrido en el delito de apropiación indebida previsto por el artículo 351 del Código Penal y, eventualmente, también en la figura de defraudación al Estado.
Aunque esta hipótesis no ha sido corroborada y resulta temerario afirmar que hubo ilicitud, es evidente que la relación entre la propietaria y su subordinado no era la mejor. No en vano el vínculo se rompió tan abruptamente y terminó en los estrados judiciales, luego del fracaso de la instancia de conciliación en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Este nuevo episodio, que se suma al de Salto, involucra directamente en este caso a una legisladora del Partido Nacional, quien paradójicamente es integrante de la comisión parlamentaria especial que investiga la trata de personas en Uruguay.
“La esclavitud del siglo XXI existe. Hablar hoy de trata de personas es como hablar hace 20 años de violencia doméstica. Se sabe que está pero de eso no se habla. La fortaleza de tratar de dar herramientas para enfrentar este flagelo es que se hable del tema”, señaló Carol Aviaga sobre el particular.
Si bien el tema de la trata de personas no es totalmente asimilable a la explotación laboral, es evidente que esta es una declaración para la tribuna, que para nada es compatible con las conductas de la parlamentaria en el ámbito privado.
Más allá de eventuales marcos legales -que obviamente deberían ser respetados- se trata de un tópico que tiene que ser ponderado en el subjetivo terreno de la ética.
Realmente, no le falta razón al secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Nelson Villarreal Durán, cuando denuncia la persistencia de situaciones aberrantes en la campaña.
Ese cuadro de abierta violación de derechos humanos de los trabajadores del campo rigió con absoluta impunidad hasta la sanción de la norma que reguló hace nueve años el trabajo rural, pese a que la denominada “ley de las ocho horas” se remonta a 1915, durante la segunda presidencia del caudillo reformista colorado José Batlle y Ordóñez.
En efecto, pasaron 97 años antes que los obreros que se desempeñan en el campo tuvieran los mismos derechos que sus demás colegas, por la actitud cómplice y prescindente de los gobiernos conservadores que toleraron los abusos patronales.
También se violó inmoralmente la ley 10.449, del 12 de noviembre de 1943, que creó los Consejos de Salarios, la cual no fue aplicada para la actividad rural remunerada hasta 2008.
No sorprende que la senadora Carol Aviaga enfrente un conflicto de esta naturaleza, porque pertenece a un sector del nacionalismo que se opone abiertamente a la limitación de la jornada laboral en la campaña.
No en vano, durante la campaña electoral de 2014, el por entonces candidato a la Presidencia por el Partido Nacional Luis Lacalle Pou rechazó la limitación de la jornada laboral en el agro, afirmando que “las ocho horas no se adecuan al medio rural, porque se debe considerar la estacionalidad del trabajo”. Por supuesto, siendo diputado no la votó, porque, coincidentemente, ese día estaba de licencia.
En esa oportunidad, el parlamentario blanco Jaime Trobo explicó que su colectividad política no acompañó la ley por “diferencias en la aplicación”, lo cual constituye un burdo pretexto.
Los blancos no comparten el espíritu de la ley que regula el trabajo rural, porque están históricamente comprometidos con los intereses de la oligarquía terrateniente a la cual pertenecen.
Asimismo, por creerse depositarios de una rancia estirpe burguesa que los diferenciaría del resto de la sociedad, suelen despreciar a las personas que no ostentan su estatus social de privilegio.
Durante la campaña electoral de 2009, el líder herrerista Luis Alberto Lacalle Herrera denostó a los beneficiarios del Plan Nacional de Asistencia a la Emergencia Social, afirmando que
“le damos dinero a 80.000 atorrantes para que no hagan nada”.
Más allá de eventuales inflexiones demagógicas y oportunistas, con esos genes no podemos esperar una actitud diferente de su hijo Luis Lacalle Pou y de los dirigentes del sector “Todos”, que pertenecen a su misma casta.