Fiscal pidió el procesamiento de Sanabria por lavado de activos
Uso ilegal de su empresa “para captar fondos de clientes, los que a su vez eran desviados a sociedades de su propiedad”.
El fiscal Carlos Negro solicitó el procesamiento del ex diputado suplente del Partido Colorado y dueño del Cambio Nelson, Francisco Sanabria por el delito de lavado de activos ya que habría blanqueado más de 3 millones de dólares de clientes, según indica el fiscal. Ahora la jueza del caso Beatriz Larrieu deberá expedirse sobre si dará lugar al pedido del fiscal.
En caso de dictarse el procesamiento, se sumaría a los que tiene por librar cheques sin fondo, apropiación indebida y falsificación ideológica. Negro también solicitó el procesamiento para la ex contadora del cambio por la asistencia al lavado de activos.
Sanabria declaró ante el Juzgado del Crimen Organizado de Beatriz Larrieu después de ser trasladado hacia dicho lugar desde la cárcel de Campanero en Lavalleja. Allí está procesado por libramiento de cheques sin fondo, apropiación indebida y falsificación ideológica, después del repentino cierre del Cambio Nelson y su viaje a Miami, de donde volvió en abril de este año, siendo detenido y posteriormente procesado con prisión.
El fiscal Carlos Negro solicitó el procesamiento del exdiputado colorado por el delito de lavado de activos, señalando en su dictamen tanto las conductas de Francisco Sanabria, como de su colaboradora, Soledad Ubilla, exoficial de cumplimiento del Cambio Nelson ante el Banco Central del Uruguay,“encartan por tanto en las hipótesis legalmente previstas como lavado de activos, en las modalidades de transferencia y conversión del producto de la apropiación indebida de la que aquel fuera provisoriamente responsabilizado en calidad de autor”.
El pedido surge porque quedó en evidencia el uso ilegal de la empresa de Sanabria como “un medio para captar fondos de clientes, los que a su vez eran desviados a sociedades y empresas de su propiedad o con su participación directa”. “Del relato fáctico que se propone en el auto de procesamiento de la sede penal de Maldonado, resulta suficientemente acreditada la participación de Ubilla asistiendo a Sanabria en la conversión de activos provenientes de la apropiación de fondos, por lo menos, en su calidad de sujeto obligado a la evitación del daño generado por las maniobras delictivas constatadas”, indica el dictamen.
De esta forma Sanabria al destinar los fondos pertenecientes a los clientes del cambio que regenteaba a cuentas y emprendimientos comerciales propios, a la vez que “se los apropiaba, los transfería y/o convertía sea en dinero que se destinaba a pagos de salarios, gastos personales, o inversiones en sus diversas empresas y negocios”. De igual forma, el dictamen señala que con su accionar, Sanabria “lesionó dos bienes jurídicos, a saber por un lado la propiedad privada de los clientes del cambio, y por el otro introdujo importantes sumas de dinero en el mercado de capitales en forma de inversiones inmobiliarias y pagos de deudas de otras empresas, alterado así el orden socioeconómico del Estado, sin dudas a nivel de la localidad esteña, pero también a escala nacional”.
Tras analizar el informe de la Secretaria Nacional contra el Lavado de Activos, Negro entendió que está probada la existencia de blanqueo de capitales. De dicho informe “se destacan innumerables movimientos y transferencias bancarias por
cuantías muy elevadas, así como que, con tal finalidad ilícita, se realizaron inversiones importantes en sociedades y propiedades de Punta del Este, y se adquirieron incluso vehículos de alta gama”. A su vez Negro indicó que el blanqueo es de más de 3 millones de dólares “apropiados a diversos clientes del Cambio Nelson tiene a nuestro juicio la entidad suficiente para considerar que el disfrute de las ganancias menoscabó el orden socioeconómico como bien jurídico tutelado por los artículos 54 y siguientes de la Ley 14.294 y sus modificativas”, dijo, indicando que “introdujo en el circuito económico una suma de dinero que aminoró el control por el Estado del flujo de capitales procedentes de una importante actividad delictiva, menoscabando así el buen funcionamiento del mercado y de los mecanismos financieros y bursátiles, con una segura repercusión en la economía de todo el departamento de Maldonado”.