El trabajo esclavo no será penado en Brasil
Bancada ruralista en el Parlamento logró su objetivo.
Ismauir de Sousa pasó casi tres décadas en haciendas del norte de Brasil. Sin alimentación adecuada, durmiendo en tiendas plásticas y compartiendo agua con animales, estaba sometido a largas jornadas de trabajo. “Los reclamos al patrón a veces rendían en pago, otras en balas”, recuerda.
Rescatado en 2003, Ismauir, de 58 años, rememora el sufrimiento de aquellos años, días después de que el gobierno restringiera el concepto de trabajo esclavo, limitándolo a situaciones de privación de la libertad. “Las condiciones eran tan malas que el sufrimiento comenzaba apenas salía de casa”, pero esa “era la única opción”, relata en una conversación telefónica con la agencia francesa AFP. Con la nueva definición, casos como el de Ismauir no serían considerados. Tampoco el del Gildasio Silva, quien una década atrás, con 27 años y tres hijos, partió a una hacienda en Maranhao, en el noreste.“Pasé seis meses en el campo y no recibí un centavo, siempre debía dinero, tenía que pagar las herramientas y la comida que ellos mismos vendían a precios absurdos”, cuenta. Gildasio escapó y tres meses después regresó con una inspección que liberó a casi veinte trabajadores. “Esos operativos salvan vidas que se sienten perdidas en esos lugares”, explica. Los críticos con la nueva legislación argumentan que con ella el gobierno de Michel Temer buscaba satisfacer a sectores de un Congreso que estaba próximo a votar una segunda denuncia en contra del presidente.
“Es un error monumental con el objetivo de atender una de-
manda antigua de los ruralistas y comprar 200 votos en la Cámara”, dijo el fraile francés Xavier Plassat, de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), quien tras casi treinta años rescatando personas en el norte del país es una de las voces más documentadas sobre el tema. Esta cuestión es, además, de gran sensibilidad para la última nación de las Américas en abolir la esclavitud, pero que en los últimos años parecía haber compensado el rezago histórico. En 1995 Brasil reformuló su sistema de combate al trabajo, con avances elogiados en organismos internacionales. Desde entonces, más de 50.000 personas fueron rescatadas. Una de las críticas contra la nueva normativa es que desconoce la caracterización actual de condiciones análogas a esclavitud, que comprenden desde el trabajo forzado hasta el servicio por deuda, las condiciones degradantes y la jornada exhaustiva.
“Brasil va a llamar el trabajo esclavo con otro nombre, porque la ley no va a incluir estos casos y las personas dejarán de ser liberadas”, señaló Leonardo Sakamoto, consejero del Fondo de la ONU para Formas Contemporáneas de Esclavitud. “Entre 75% y 90% de los casos identificados como trabajo esclavo se deben a jornadas exhaustivas y condiciones degradantes”, añadió Plassat.“No creía que uno podía volverse un esclavo, pero vas aceptando por no tener opciones y cuando ves a tu familia pasando hambre te ves forzado a trabajar, incluso siendo humillado”, cuenta el trabajador rescatado Gildasio Silva, ahora desempleado y con otro hijo. Para Caio Magri, director de Instituto Ethos de Empresa y Responsabilidad Social, se debería enfrentar el problema de forma sistémica.“En vez de retroceder, como lo hace esta medida, hay que reducir la impunidad, crear mecanismos de prevención y atacar la desigualdad para dar opciones a los trabajadores”.
La normativa también politiza la llamada “lista sucia” de trabajo esclavo, creada en 2003, que señala a quienes incurren en ese delito. Antes formulada por un equipo técnico, ahora quedaría únicamente en manos del ministro de Trabajo.
Magri explica que ese“instrumento inédito” se había transformado también en una garantía de transparencia comercial. Sakamoto agrega que el trabajo esclavo reduce costos en las cadenas de producción, volviéndose competencia desleal. “¿Cuánto tardarán los productores de carne internacionales en denunciar a Brasil por competencia desleal?”, se pregunta. Para el equipo de auditores que guía las inspecciones, paralizado en protesta contra la normativa, la preocupación no es menor. “Este gobierno dio señales desde el inicio de que atendería a sectores específicos de la economía descontentos con el concepto adoptado”, afirma Renato Bignami, auditor fiscal del Ministerio de Trabajo.