Gestión Integral de residuos se envía al Parlamento
La Dirección Nacional de Medio Ambiente, presentó ante la Comisión Técnica Asesora para la Protección del Medio Ambiente (Cotama) el proyecto de ley de gestión residuos, cuya elaboración superó un año. Posicionar los residuos como recurso y disminuir índices de disposición final son los principales objetivos de esta normativa que hasta el 8 de diciembre recibirá sugerencias y luego se elevará al Parlamento. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), presentó el proyecto de ley de gestión integral de residuos en la reunión plenaria de la Comisión Técnica Asesora para la Protección del Medio Ambiente (Cotama). El proceso de trabajo insumió parte de 2016 y los meses transcurridos de este año, e involucró a más de 60 representantes de 28 organizaciones implicadas.
Uno de los objetivos centrales es posicionar a los residuos como recurso, reconocer sus posibilidades de generar valor y empleo y disminuir índices de disposición final. También priorizar la minimización de la generación en origen frente a cualquier alternativa, promover el reuso y la valorización, a través del reciclado, y fomentar otras formas de valorización de residuos. La aplicación y contralor del cumplimiento estará a cargo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a través de la Dinama, y los gobiernos departamentales deberán ejercer los cometidos asignados en la normativa, así como dictar las resoluciones complementarias que faciliten o aseguren su cumplimiento. También se procura establecer requisitos de autorización para los sitios de disposición final. La iniciativa propone gravar algunos productos a través del impuesto específico interno (Imesi): productos insertos en el mercado en envases no retornables, bandejas de materiales descartables utilizadas para contener alimentos, película plástica utilizada como material de embalaje, vasos descartables, bolsas plásticas para transportar productos y bienes y productos electroelectrónicos, con el objetivo de desestimular su uso e introducción en el mercado. Hasta el 8 de diciembre queda abierto un período para recibir comentarios y sugerencias de redacción y contenido, previo a su presentación al Parlamento por parte del Poder Ejecutivo.