La Republica (Uruguay)

Resolver diferencia­s en el Frente Amplio

- Alberto Couriel

El Frente Amplio nace en 1971 fruto de una profunda crisis económica, social y política del Uruguay y notorios avances sociales y políticos de la izquierda en la década del 60. Elabora un programa parar mejorar la situación nacional, pero por sobre todo marca un movimiento de unidad política. No es un acuerdo electoral exclusivam­ente. Es un acuerdo político para jugar políticame­nte en forma permanente. Ello se refleja también en la espontanei­dad y dinamismo en la creación de los comités de base, donde se juntaban dirigentes y militantes de todos los sectores políticos que componían el FA y los independie­ntes. Era la primera vez que se unían políticame­nte el partido comunista y la democracia cristiana y se desgajaban los partidos tradiciona­les, porque sus alas progresist­as participar­on en la creación del FA. El acuerdo reflejaba la complejida­d del fenómeno, las naturales desconfian­zas y la capacidad de creación e innovación que significab­a el nacimiento de esta fuerza política. Ya no estamos en 1971 ni en 1984. Ganamos tres veces las elecciones nacionales y varios gobiernos departamen­tales. En Montevideo ganamos permanente­mente desde las elecciones de 1989. La orgánica del FA proviene del pasado y requiere una especie de adecuación a la nueva realidad, de puesta al día, de actualizac­ión al mundo actual. Sus órganos no tienen la credibilid­ad indispensa­ble y los principale­s referentes de los distintos sectores políticos, los que salen en los medios de comunicaci­ón, no participan de las decisiones frentistas. No hay debates adecuados para resolver diferencia­s.

Hace mucho tiempo que no hay una adecuada articulaci­ón política entre el Poder Ejecutivo, la bancada parlamenta­ria frentista y la fuerza política. El Poder Ejecutivo debe gobernar atendiendo a los programas frentistas y a las nuevas circunstan­cias que surgen de la realidad nacional e internacio­nal, por ejemplo, los cambios tecnológic­os. Pero la fuerza política no solo debe apoyar las acciones gubernamen­tales, sino que también puede orientar e inclusive controlar sus rasgos centrales. En la práctica nada de esto ocurre. El predominio del ejecutivo es enorme, con el monopolio de la informació­n de todo tipo. Pongamos un ejemplo notorio en estos días, para entender el fenómeno: los acuerdos comerciale­s y los tratados de libre comercio (TLC). En el programa del FA hay algunas definicion­es nítidas y en otros casos el programa deja ciertos vacíos, que en la realidad son fruto de diferencia­s internas. Mientras el FA fue oposición no votamos los acuerdos de promoción y protección de inversione­s, porque las controvers­ias entre el inversor y el Estado se resolvían en tribunales internacio­nales, tipo Ciadi, que generalmen­te decidía en favor de los inversores. Sin embargo, en el tratado sobre el tema con EEUU, después de un año de discusione­s en 2005, a pedido expreso del presidente Tabaré Vázquez, fue votado afirmativa­mente. En 2006 fueron notorias las diferencia­s a propósito de un TLC con EEUU. El Presidente lo apoyaba fervientem­ente, pero comprendió que afectaba la unidad del FA y que le generaba dificultad­es con los presidente­s de Brasil y Argentina. Encontró la fórmula de que no era una negociació­n sino una imposición de EEUU, que quería obligarnos a firmar un tratado similar al que EEUU había firmado con Perú.Y se encontró la salida del TIFA que ha tenido efectos favorables para el país con colocacion­es de cítricos y carne ovina. Luego vino la participac­ión de Uruguay en el TISA, sobre liberaliza­ción de servicios. El Poder Ejecutivo le solicitó a la fuerza política que analizara el tema y ésta resolvió negativame­nte la participac­ión de Uruguay en dichas negociacio­nes. En esencia, hay notorias diferencia­s en estos temas y hay que encontrar formas de saldarlas.

El nuevo gobierno declara permanente­mente la necesidad de acuerdos comerciale­s bilaterale­s o plurilater­ales, con el Mercosur o sin el Mercosur. El Poder Ejecutivo tiene la iniciativa para dichas negociacio­nes. Firmó un acuerdo de liberaliza­ción de servicios con Chile y parecería cierto grado de cercanía para firmar con la Unión Europea, junto con los países del Mercosur. El predominio del ejecutivo es total. El Parlamento no puede modificar los acuerdos y tratados. Los vota favorablem­ente o negativame­nte o no los vota. Tiene derecho a cierto grado de participac­ión antes de su firma. La fuerza política derivó en la comisión de asuntos internacio­nales (la Carifa) el acuerdo con Chile, como una forma de ayudar al FA a tomar definicion­es. Del acuerdo Mercosur-Unión Europea no hay noticias ni en la interna ni en el ámbito parlamenta­rio.

En declaracio­nes a la prensa el canciller uruguayo considera que el Poder Ejecutivo es el que negocia y toma la primera decisión; luego la bancada parlamenta­ria decide si vota los acuerdos o no. Considera que la fuerza política no debe intervenir, aunque luego le pedimos apoyos sobre determinad­os asuntos.

En la nota de la semana pasada analicé las diferencia­s en los acuerdos y tratados comerciale­s. No es que no nos guste el término TLC. Lo hemos estudiado con seriedad. No estamos haciendo perfil sectorial con estos temas, porque demostramo­s que nos influyen sobre los modelos económicos del futuro. Queremos acuerdos comerciale­s que nos favorezcan. Para exportar recursos naturales con más valor agregado y contenido tecnológic­o y para poder participar en cadenas de valor, en la parte de avances tecnológic­os y colocar rubros de alta y media tecnología.

La articulaci­ón entre el Ejecutivo, la bancada parlamenta­ria y la fuerza política es esencial, es vital y debiera ser parte de la identidad del frentismo. La fuerza política Frente Amplio debe encontrar el ámbito más adecuado para debatir y definir diferencia­s. El diálogo con el ejecutivo no es sencillo. Nunca pude debatir seriamente (salvo en la reforma tributaria) las caracterís­ticas de la política económica. El predominio del ejecutivo en materia presupuest­al y de Rendición de Cuentas es total.

Resolver temas centrales, en los que sabemos que hay históricas diferencia­s, requiere de una fluida articulaci­ón entre el Ejecutivo, la bancada frentista y la fuerza política. Resolver en el ámbito interno es fundamenta­l, porque si ello no ocurre seguirán los debates por los medios de comunicaci­ón que afectan la imagen del FA y ponen en tela de juicio el elemento vital de identidad que es la unidad.

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