Frente Amplio no tiene votos para gravar las jubilaciones militares
La oposición no votará el proyecto que cuenta con media sanción del Senado.
Pese a haber sido aprobado en Comisión, el proyecto que grava las jubilaciones más altas de los retirados militares va camino a naufragar en la Cámara de Diputados. La oposición no votará el proyecto que cuenta con media sanción del Senado.
Pese a haber sido aprobado en Comisión de Hacienda, el proyecto que grava las jubilaciones más altas de los retirados militares va camino a naufragar en la Cámara de Diputados. El Frente Amplio no alcanzó a reunir los votos necesarios ya que hay un sector que considera “inconstitucional” la medida. En noviembre pasado, el proyecto fue aprobado por el Senado con los 16 votos del Frente Amplio. Esta iniciativa junto a la reforma del Servicio de Retiros de las Fuerzas Armadas forma parte de las prioridades en la agenda del Frente Amplio.
Desde el FA, se descarta que el proyecto pueda contar con el apoyo de legisladores de la oposición. El argumento de la inconstitucionalidad es esgrimido desde la oposición y desde los propios uniformados. Además, hay dos informes jurídicos tanto de la Udelar como de la Universidad Católica que van en el mismo sentido. La posición expone al oficialismo a perder una de las fuentes de recursos diseñadas para abatir el abultado déficit que arroja año tras año el Servicio de Retiros y Pensiones Militares de las FFAA. Así lo adelantó a LA REPUBLICA el diputado Jorge Pozzi.“Ya hemos contactado a las bancadas de la oposición y no hay votos”, indicó. El proyecto del gobierno establece un impuesto a los retirados y pasivos militares que cobren más de $ 55.000 mensuales. Con la reforma del Servicio, el gobierno pretende subir los aportes que deben hacer militares a la Caja del 13% al 15% y fijar un tope de la jubilación de $ 101.108 al día de hoy. En cuanto a la edad de retiro, el texto de la reforma de la Caja Militar establece que para el retiro voluntario los efectivos deberán contar con 30 años de servicio o 60 años de edad, cuando actualmente pueden retirarse voluntariamente con 20 años de servicio y 38 años de edad. En cuanto al retiro obligatorio, además del requisito de haber cumplido entre 48 y 65 años de edad –dependiendo del grado–, los efectivos deberán haber prestado entre 22 y 25 años de servicios militares efectivos.
El objetivo de este proyecto de ley es reducir en un 10% las transferencias que se hacen desde Rentas Generales al Servicio castrense que en 2016 representaron US$ 484 millones. Aproximadamente el 66% de la recaudación recaerá sobre quienes perciben pasividades mayores a $ 108.000 mensuales, en el caso del proyecto a las jubilaciones más altos. Se prevé una vigencia para dicho tributo de 18 meses. El gobierno estima que recaudará por año unos US$ 50 millones. Una de las razones del desfinanciamiento de la Caja Militar es que en 1982 había 47.000 militares y ahora hay 18.000 aportando al Servicio. La relación actual es de dos pasivos por cada activo.
No es la primera vez que este tema tensa la interna de la coalición y pone en riesgo la aprobación de proyectos importantes para el FA. En enero de este año, la Liga Federal amenazó con realizar un plebiscito interno para derogar la ley de regulación de la marihuana, en caso de que no surja un ámbito de negociación para que la Facultad de Ingeniería realice un tercer informe sobre la situación del edificio CH 20 INVE. El artículo 14 del estatuto del Frente Amplio que prevé un plebiscito interno nunca se había utilizado desde su fundación. Para llevarlo a cabo deben juntarse firmas que representen el 25% de quienes votaron el 27 de mayo de 2012 en las internas del partido. El año anterior se había plantado contra el proyecto de Rendición de Cuentas impulsado por su propio partido y poner sobre la cuerda floja la aprobación del mismo, al entender que el gasto social previsto para la enseñanza no puede ser postergado hasta 2018. Más atrás en el tiempo, en 2013, se opuso a la ley de regulación del mercado de la marihuana la que finalmente terminó votando por disciplina partidaria. En 2012, por razones personales, decidió no acompañar el proyecto de despenalización del aborto y se retiró de sala ingresando en su lugar su suplente que sí lo votó.