Polémica en Tacuarembó por desalojos a 12 familias
Según el concejal, las personas que están siendo notificadas de desalojo están radicadas de forma “ilegal” en el lugar.
Doce familias afincadas desde hace años en una zona inundable de Paso de los Toros deberán dejar sus casas en febrero. Allí fueron alojadas en forma ilegal luego que actores políticos, “buscando réditos electorales”, les dieran materiales para que construyeran en esa zona. Así lo denuncian concejales del FA.
Doce familias que viven en Paso de los Toros están siendo notificadas de desalojo para febrero. Al parecer, el reclamo lo realizó UTE ya que es el propietario de dichos terrenos. Ante esta situación, LA REPÚBLICA entrevistó a los concejales municipales por el Frente Amplio José Luis Langorta y Walter Sánchez. Ambos coinciden en que a pesar de que las personas están radicadas de forma “ilegal”, algunos actores políticos los incentivaron para que se instalaran en el lugar con el objetivo de conseguir“réditos electorales”.
“Determinados actores políticos, buscando réditos electorales, verbalmente les decían que se metieran ahí porque nunca los iban a sacar, pero es una zona de riesgo. Con las crecidas siempre hay que estar evacuando a esa gente, lo que produce desgaste en los organismos. Repito, con el deseo de conseguir el voto de esta gente, los metieron ahí y nunca más se preocuparon de nada. La mayoría de esos actores políticos que hicieron eso fueron del Partido Nacional”, afirmó Langorta.
“No se podía construir en esos lugares, pero en estos años actores políticos locales han fomentado la creación de asentamientos en esa zona, inclusive llevando camiones y arrimándole a la gente materiales. Pero después, cuando vienen los problemas, se lavan las manos y dejan a la gente abandonada”, declaró Sánchez.
“La gente quedó de rehén del gobierno y quizás pensaron que por miedo íbamos a agachar la cabeza como siempre, pero estamos cansados de esta casi dictadura que se vive en los pueblos del interior”. LA FRASE
En la misma sintonía, Langorta afirmó que algunos individuos le llevaron materiales para la construcción de las casas.
“Desde el municipio hemos intentado eliminar estos asentamientos y buscar una solución, pero hay organismos institucionales y dependencias municipales que le aportan materiales. Es una situación muy grave y delicada”.
Consideró que las personas que están en esa zona están radicadas de forma “totalmente ilegal”, ya que están dentro de la llamada cuota 60, que son predios que le pertenecen a UTE. Explicó que cuando se construyó la represa Baygorria en 1955 y se formó el lago, como forma preventiva, UTE fijó la cuota 60 como protección para que no se edifique en esa zona y así evitar el desalojo de la gente con la crecida.
“Lo importante es buscar una solución. Esto es un drama que se genera a partir de la construcción de la represa y de la famosa inundación del año 59, los que vivimos aquello tomamos conciencias del riesgo, pero la gente que no lo vivió hizo caso omiso”, agregó Langorta.
Afirmó que, según el último relevamiento, en la zona hay 61 familias. “Es gente muy vulnerable. Esto muestra la carencia del municipio, la Intendenciay los distintos ministerios que tienen que intervenir para darle soluciones habitacionales a esta gente, quienes nunca fueron asesorados”.
Explicó que actualmente son unas 12 familias las que han recibido el pedido de desalojo, pero señaló que hasta febrero va a estar pausado por la feria judicial.
Consideró que alguien tiene que intervenir para que
esa gente no quede “tirada en la calle”. “De nada vale que empecemos a pasar factura del pasado si no aportamos una solución. Creo que tendrían intervenir todos los organismos involucrados”.
En la misma sintonía, Sánchez afirmó que UTE adquirió los terrenos de esa zona cuando construyó la represa.
Sin embargo, señaló que en el lugar existen situaciones muy diversas: hay familias que están en el lugar desde hace más de 30 años y otras que se han instalado en el último tiempo.
Afirmó que las personas que tienen más años en el lugar han construido casas con techos de hormigón y fabricación de bloque, y nunca les ha llegado el agua por las
inundaciones, mientras que los que han venido en los últimos años han construido “casas precarias”. Asimismo, mencionó que los que los que viven hace más años pagan luz y agua.
“Esto es una injusticia, tenemos un montón de gente que ha construido en todos estos años casas de costaneras, muy precarias, y hoy en día UTE le está mandando cedulones a gente que hace 30 o 40 años que está instalada, con casas bien fabricadas y que tiene al día todas sus obligaciones”, agregó.
Afirmó que UTE “nunca complicó” a la gente que vivía en la zona y que el problema surge por una denuncia de una persona que quería erradicarse en el lugar, pero los otros vecinos no se lo permitieron.
“Ante esa denuncia, lo que hace UTE fue cortar el problema de raíz”.
Por último, negó que el desalojo tuviera relación con UPM. “El alcalde manifiesta que para él el desalojo llega por UPM, yo no estoy de acuerdo con eso. UTE nunca molestó a los vecinos, las veces que se ha dado ha sido por alguna denuncia. Además, una de las cosas que se ha planteado en la negociación con UPM, es que muchas de las viviendas que se van a construir para los trabajadores van a ser destinadas al municipio de Paso de los Toros para que se pueda solucionar el problema habitacional que tenemos. Entonces, no es como dice el alcalde, UPM en esto no tiene nada que ver”.