Piden que Lula sea escuchado antes del juicio del 24 de enero
El alcalde de Porto Alegre pidió el apoyo del Ejército de Brasil para el día en que se lea la sentencia.
El cuerpo de defensa del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, solicitó un nuevo interrogatorio antes del juicio programado para el 24 de enero, el cual podría enviar a Lula a prisión por las acusaciones de corrupción que pesan sobre su persona.
Mediante una nota divulgada ayer en las redes sociales, los abogados de Lula da Silva piden que el expresidente brasileño (2003-2011) sea “nuevamente escuchado”, esta vez por el tribunal de segunda instancia que tiene la decisión final sobre el futuro del exmandatario.
El cuerpo de defensa de Lula da Silva sostuvo que el juez Sergio Moro, responsable de las investigaciones del caso Petrobras, dirigió a Lula “preguntas extrañas al proceso” y no le permitió que se defendiera a sí mismo. “El juez le hizo preguntas ajenas al proceso y no le permitió ejercer el derecho de autodefensa en su plenitud”, afirmaron los abogados en relación a las irregularidades que sufrió el proceso.
La petición se elevó ante el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región de Brasil, quienes podrán confirmar, modificar o anular la condena dictada en contra de Lula por cargos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
Por otra parte el alcalde de Porto Alegre (sur) pidió el apoyo del Ejército de Brasil para evitar“una invasión”el próximo 24 de enero, cuando el expresidente Lula da Silva será juzgado en esa ciudad en un día clave para su futuro político.
El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula anunció movilizaciones masivas en Porto Alegre, incluso días antes del fallo de segunda instancia que podría confirmar la condena a casi diez años de cárcel al líder de la izquierda brasileña y complicar sus intenciones de ser candidato en las elecciones presidenciales de 2018.
Con rumores en el aire de que el propio Lula se presente ante el juez y ante la amenaza de los movimientos sociales de instalar desde el día 20 un campamento en la ciudad, el alcalde conservador Nelson Marchezan Jr quiso curarse en salud.
“Solicité al presidente Michel Temer el apoyo de la Fuerza Nacional y del Ejército para que actúen el día 24 debido a las manifestaciones de líderes políticos que convocan una invasión en Puerto Alegre. Tomé esa medida para proteger al ciudadano y al patrimonio público”, según el pedido al gobierno que Marchezan Jr divulgó en Twitter.
Un tribunal federal de Porto Alegre juzgará la apelación del expresidente (20032010), sentenciado en julio pasado por el juez de primera instancia Sergio Moro a nueve años y medio de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. La causa se refiere a la supuesta obtención de un apartamento en el balneario de Guarujá (Sao Paulo, sudeste), que le habría ofrecido la constructora OAS a cambio de contratos en la petrolera paraestatal Petrobras. Si la condena es ratificada, el exmandatario podría perder su libertad una vez que se agoten todos los recursos judiciales, que llegan hasta la Corte Suprema. Y, aunque debería quedar inhabilitado electoralmente, existen recursos que le permitirían continuar en la carrera presidencial.
Lula niega las acusaciones y asegura que son parte de“un pacto diabólico” de opositores para impedirle regresar al poder. El ícono de la izquierda latinoamericana, de 72 años, es objeto de otros seis procesos judiciales y el favorito para las presidenciales de octubre, según los sondeos previos.