La ofensiva de la rosca oligárquica
Pese a que el presidente Tabaré Vázquez accedió a recibir a las agremiaciones rurales y habilitó espacios de análisis y negociación para abordar los problemas del sector con criterio selectivo, los supuestos productores auto-convocados mantienen posturas intransigentes.
Evidentemente, no valoran el espíritu dialoguista del jefe de Estado y elevan una plataforma reivindicativa insólita e inaceptable: dólar a 36 pesos, gasoil a 26 pesos y rebajas impositivas y de aportes patronales, entre otras medidas. Es decir, un traje a la medida de sus intereses sectoriales.
Ello corrobora que este movimiento, que se autodefine como apolítico aunque no deja de expresarse políticamente, sólo quiere confrontar y desgastar al oficialismo.
No en vano uno de sus voceros es Santiago Bordaberry, connotado latifundista, hermano del senador colorado Pedro Bordaberry e hijo del dictador Juan María Bordaberry.
Si bien nadie niega que algunos sectores de la actividad agropecuaria se encuentren en una compleja situación, otros que no lo están se suman a la protesta no por solidaridad sino por mero oportunismo.
Incluso, el fundador de la Unión de Asalariados y Trabajadores Rurales y Afines Dardo Pérez denunció que los patrones están obligando a sus empleados a participar en las marchas de protesta.
Históricamente, el agro ha sido uno de los sectores más favorecidos por dádivas y generosas quitas y refinanciaciones, en muchos casos al barrer y sin un estudio previo que determine el origen de las respectivas deudas y la eventual viabilidad de los negocios.
Así sucedió a la salida de la dictadura -cuando el aparato productivo estaba desmanteladoy en otras coyunturas de crisis, incluyendo la primera administración del Frente Amplio, que asumió en medio de una auténtica debacle económica y social, luego del dramático tsunami de 2002.
A diferencia de otros actores de la sociedad uruguaya, los empresarios siempre tuvieron el suficiente poder para chantajear a los gobiernos del turno, aduciendo que el agro es el “motor” del país, ya que representa más del 70% de las exportaciones.
Aunque nadie ignora el peso cualitativo de esta actividad, en el campo se registran las peores y más flagrantes asimetrías de la sociedad uruguaya, entre quienes todo lo poseen y los que nada tienen, más que sus brazos para laborar de sol a sol, a menudo en condición de semi-esclavitud y servidumbre.
Esa radicalidad se dirime entre quienes poseen y exhiben con soberbia sus automóviles de alta gama y camionetas 4X4, visten camisas de seda importadas y vacacionan en el Caribe y Miami y los paisanos, que sobreviven malamente en precarios ranchos, enfundan ropas de pordioseros y sólo aspiran a seguir respirando, una función biológica indispensable para mantenerse con vida y seguir generando riqueza y plusvalía para sus voraces patrones.
Más allá del príncipe y el mendigo a quienes aludía el inconmensurable Mark Twain en su clásica novela homónima, la convivencia entre esas dos clases sociales -la de los capitalistas privilegiados y la de los peones pobres y cuasi marginales constituye el más grotesco rostro del sistema de la acumulación en su versión más salvaje y despiadada.
Por más que durante décadas los obreros del campo soportaron estoicamente la inmoral explotación con la complacencia del bloque conservador, la aprobación de una nueva normativa a partir de 2008 ha dignificado en parte el trabajo rural, con la limitación de la jornada de labor y el establecimiento de laudos salariales.
Por primera vez en la historia de esta democracia liberal burguesa contaminada por mitos, falacias y prejuicios, los peones rurales ostentan derechos y pueden reivindicar un espacio de negociación colectiva otorgado por ley, que es férreamente resistido por los grandes terratenientes.
Sin embargo, las remuneraciones que perciben siguen siendo de hambre, porque quienes se rasgan las vestiduras reclamando medidas para mejorar la competitividad, paradójicamente los insultan con retribuciones indignas y hasta consideran que los costos salariales afectan la rentabilidad.
La mayor contradicción -que desafía toda lógica- es que el agro genera cuantiosas rentas pero concentra y no redistribuye, acorde a las ortodoxas e inmutables reglas de la economía de mercado.
Como antes, ahora los grandes estancieros que usan como carne de cañón a los pequeños productores y hasta a sus desarrapados peones, pretenden que el gobierno deje a la deriva a toda la sociedad, a la clase trabajadora y en particular a los más vulnerables, para solucionar problemas coyunturales que, en muchos casos, son sistémicos.
Así lo corroboró el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Pablo Zerbino, quien responsabilizó a las políticas sociales que ha implementado el gobierno de izquierda por la situación del negocio agropecuario.
En ese contexto, el empresario afirmó que “hoy estamos en otra situación. La bonanza se terminó. Deshacer las políticas sociales, que son las que nos están complicando, es difícil”.
Al respecto, es pertinente recordar que, en setiembre del año pasado, en oportunidad de asumir la titularidad de la cúpula de la ARU, Zerbino se erigió en un abanderado de los reclamos de las cámaras empresariales y esbozó una suerte de programa de gobierno, que incluye rebajas o eliminación de impuestos, el abatimiento del gasto público, un dólar más alto y la reducción de los costos salariales, entre otras medidas incluidas en el decálogo del perfecto oligarca.
Ahora, aunque parezca inverosímil, reclama la eliminación o la minimización de las políticas sociales, lo cual supone invertir menos en educación, en salud, en vivienda y en asistencia a los uruguayos pertenecientes a los estratos sociales más desfavorecidos.
En esa hipótesis, caería la inversión en desarrollo humano integral, que resulta crucial para construir una sociedad más justa, democrática y con igualdad de oportunidades, acorde a lo que determina el mandato constitucional.
Obviamente, tanto a Zerbino como a sus colegas de la Federación Rural y de las cámaras empresariales, poco les importa el desarrollo de la sociedad uruguaya.
Lo único que le interesa a estos patricios es preservar su statu quo de privilegio, lo cual demostraron incluso durante la dictadura, cuando se enriquecieron gracias a la represión autoritaria que ilegalizó a las organizaciones sindicales y persiguió, encarceló, torturó y asesinó a sus dirigentes más combativos.
Los reclamos del presidente de la ARU coinciden con los de los protagonistas de las actuales movilizaciones y con los de los partidos de derecha. Por supuesto, no es casualidad sino causalidad.