De clientelismos, nepotismos y demagogia
La fulminante destitución de los directores políticos de la Administración de Servicios de Salud del Estado por parte del Presidente de la República, Tabaré Vázquez, comporta una actitud nada habitual en la política doméstica, tan proclive a políticos que permanecen atornillados a sus cargos.
Así sucedía en los gobiernos de los partidos tradicionales, que sostenían a jerarcas de la administración contra viento y marea, aunque sus gestiones fueran paupérrimas.
Radicalmente diferente fue la postura del Frente Amplio en el gobierno, que no dudó incluso, a través de su Tribunal de Conducta Política, en cuestionar al propio vicepresidente de la República Raúl Sendic y provocar su renuncia.
Ese gesto de apego a la ética por parte del oficialismo -que fue burdamente distorsionado por el oligopolio mediático que está al servicio de la derecha- no tiene su correspondiente correlato en los gobiernos departamentales del Partido Nacional.
No en vano el escándalo que detonó en la Intendencia de Soriano a raíz de las prácticas ilegales del jefe comunal Agustín Bascou, mereció apenas una tímida observación sin ulteriores consecuencias.
Tampoco hubo una actitud firme de la cúpula nacionalista con los sonados casos de las intendencias de Artigas y Lavalleja, donde la proliferación de parientes en cargos de confianza política con abultadas remuneraciones amenazó con abrir una dramática brecha entre los dos bloques mayoritarios de la colectividad.
Sin embargo, al igual que en el caso de Bascou, todo se redujo a meros fuegos de artificio preelectorales entre el sector “Todos”, que lidera el senador Luis Lacalle Pou, y el cada vez más devaluado sector “Juntos”, encabezado por el también senador Jorge Larrañaga.
En efecto, al margen de meras declaraciones nada sucedió, lo cual corrobora que el nacionalismo realmente no cuestiona la gestión de los jefes comunales que se han cansado de designar funcionarios a dedo con claro criterio clientelar.
Obviamente, la gran mayoría de los cargos de confianza están radicados en los gobiernos departamentales, que aumentaron dichas designaciones en un 27% entre 2015 y 2016.
Mientras siguen acusando al oficialismo de “despilfarrar” los dineros públicos y de haber “llenado” al Estado de funcionarios, las intendencias blancas constituyen un auténtico ejemplo de libertinaje en materia de contrataciones, por supuesto por designación directa.
En efecto, salvo en las intendencias de Montevideo y Canelones -ambas administradas por el Frente Amplio- ningún otro gobierno departamental ha acompañado la tendencia del gobierno central a cubrir la mayoría de las vacantes del área estatal mediante concurso.
No extraña en modo alguno esta resistencia, ya que, durante los gobiernos de derecha, salvo excepciones, jamás existió el concurso para el ingreso a la función pública.
En lo relativo a los cargos de confianza que tanto cuestiona la derecha al oficialismo, los números de las comunas del interior gobernadas por el Partido Nacional -que suman doce- son realmente contundentes.
En efecto, el 60% de las 2.768 contrataciones por designación directa que ingresaron a la órbita estatal se registró en los gobiernos departamentales, que, paradójicamente, solo representan el 13,3% del total del funcionariado público.
Con respecto a los cargos de confianza, las cifras de las intendencias nacionalistas constituyen un elocuente testimonio de que no tienen derecho a criticar a nadie.
Al respecto, cabe destacar que mientras en el gobierno departamental de Cerro Largo -donde entraron más de 200 empleados por la ventana- dicha modalidad de vínculo laboral aumentó de 0 a 163 en 2016, en Maldonado, otra intendencia nacionalista, se pasó de 79 a 106 cargos de confianza.
Además, por añadidura el jefe comunal fernandino percibe un salario superior al del propio Presidente de la República, lo cual constituye un indigerible desaguisado.
En tanto, en Rivera, que es el único gobierno departamental colorado, esta modalidad de contratación aumentó un 133%, en Tacuarembó un 125% y en Florida un 75%. Obviamente, estos dos departamentos son de administración blanca.
¿Puede razonablemente el Partido Nacional criticar al Frente Amplio por los cargos de confianza del Estado que son notoriamente menos que los de las intendencias blancas? Naturalmente, no y si persisten en su actitud, confirman que son unos demagogos e hipócritas de la peor laya.
Si realmente tuvieran la convicción que los dineros públicos deben ser administrados con austeridad, deberían pregonar con el ejemplo reduciendo al mínimo las contrataciones en las intendencias, en áreas no siempre estratégicas para su funcionamiento.
Asimismo, no sería mala señal que blancos y colorados implantaran el concurso para el ingreso a los gobiernos departamentales, a los efectos de otorgar los mismos derechos a todos los ciudadanos y no designar a los funcionarios “a dedo” por mera afinidad política como siempre ha sucedido.
Ni que hablar de las diferencias de criterio y de actitud ética ante el fenómeno del nepotismo. Mientras el presidente Tabaré Vázquez cesó a todos los directores políticos de ASSE a raíz de la contratación de su nuera por parte del ahora ex vicepresidente del organismo Mauricio Ardus, los familiares de los jerarcas siguen tan campantes trabajando en las intendencias de Artigas y Lavalleja, ambas gobernadas por el nacionalismo.
No queremos ni pensar qué sucedería si volvieran a gobernar en el ámbito nacional, aunque los uruguayos -por lo menos los memoriosos y los informadosbien saben cuáles serían los riesgos de regresar al pasado.
Por supuesto, en esa indeseada hipótesis, el tema del ingreso a la función pública sería una mera anécdota. Lo peor sería la política económica que pretende implantar el bloque conservador si llega a ganar el gobierno. Naturalmente, esa película ya la vimos en 2002.
Cuando gobernaba la derecha, supuestamente estaba prohibido el ingreso a la función pública. Sin embargo, eran contratados miles de funcionarios mediante diversas modalidades nada transparentes que no otorgaban estabilidad laboral, entre ellos centenares de becarios y pasantes que permanecieron veinte o veinticinco años trabajando sin reconocimiento de sus derechos.
Muchos de esos vínculos fueron regularizados por los gobiernos del Frente Amplio, a los efectos de reparar situaciones escandalosas y groseramente injustas que encubrieron, durante décadas, el ingreso irregular de personal al Estado.
Tanto en este como en otros temas, la derecha no tiene nada que enseñarle al Frente Amplio. Como siempre, en lugar de mirar la paja en el ojo ajeno que observen la viga en el propio.