Polémica en España por la pena de cárcel impuesta a un rapero
Personalidad de izquierda consideran que hay un ataque a la libertad de expresión.
Un rapero español fue condenado a tres años y medio de prisión por enaltecimiento del terrorismo en sus canciones, lo que ha suscitado toda una polémica en el país.
El Tribunal Supremo confirmó la pena impuesta en primera instancia al raperoValtonyc, alias de José Miguel Arenas Beltrán, por“delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona”, indicó el alto tribunal en un comunicado.
“Basta leer los hechos declarados probados, para comprender la gravedad de las expresiones contenidas y su correcto encaje en los tipos penales de referencia”, estimaron los jueces del Supremo. Según ellos, las canciones del rapero mallorquín que canta en catalán balear“incluyen expresiones en apoyo y alabanza a las organizaciones terroristas GRAPO, ETA, y a algunos de sus miembros, así como contra el titular de la Corona y sus familiares”. Los magistrados confirmaron su pena atendiendo a algunas citas de las canciones del rapero mofándose de los guardias civiles en el PaísVasco, evocando un regicidio y defendiendo la lucha armada contra el Estado. La polémica en torno a Valtonyc no es la primera de este tipo e n España, donde en los últimos años varios artistas o usuarios de Twitter fueron juzgados y condenados a penas de prisión, principalmente por el cargo de enaltecimiento del terrorismo.
Varias personalidades de izquierda consideran que estos procesos son un ataque a la libertad de expresión. Las asociaciones de víctimas del terrorismo defienden en cambio la firmeza de la justicia ante lo que consideran una banalización de la violencia. “En democracia, una canción no debería convertirse nunca en 3 años y medio de cárcel”, escribió enTwitter Irene Montero, número dos del partido de izquierda radical Podemos.
La asociación de escritores Pen International condenó también la decisión del Tribunal Supremo y reclamó, además, que se derogue una ley de seguridad promovida en 2014 por el gobierno conservador de Mariano Rajoy y tachada de liberticida por sus detractores.