Silvera: “A Botana no le importó dejar a 67 familias sin su hogar a cambio de fútbol”
El vicepresidente del FA y el informe de la comisión investigadora de la Junta Departamental muestran un caso que después de 4 años sigue sin resolverse: el desvío de fondos, que eran destinados a la creación de 67 viviendas, para iluminar el Estadio Muni
El 2017 fue un año plagado de denuncias sobre irregularidades en las Intendencias del Interior. El caso más resonante fue el de Agustín Bascou. Sin embargo, el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, vuelve a surgir entre dichos casos: recibió 15 denuncias penales durante el período de su anterior mandato, las cuales aún no han sido resueltas por la Justicia.
Una de esas irregularidades consistió en el desvío de fondos, -eran destinados a la creación de 67 viviendaspara iluminar el Estadio Municipal. Además, el informe de la comisión investigadora de la Junta Departamental asegura que la elección de la empresa no fue por medio de licitación, a pesar que el intendente aseguró en la Resolución Nº 1050/12 p, a la que LA REPÚBLICA pudo acceder, que “se consultó a varias empresas relacionadas al rubro en nuestro país, resultando que la empresa Rodrigo Fialho RF, es la única que provee tales artefactos eléctricos”.
“¿Qué es más importante? ¿Construir viviendas o comprar iluminaria para un estadio? Siempre, ante esa alternativa, creo que es más importante que las familias tengan viviendas para vivir dignamente. En cambio, con más o menos luz, al fútbol se puede jugar. El intendente sigue aquel viejo dicho: a la población le da pan y circo. Acá el circo es el fútbol y el carnaval. Botana, claramente en este tema de las viviendas tuvo un problema de prioridades. Priorizó el fútbol antes que cumplir con un compromiso que es el convenio que contrajo con el Ministerio de Vivienda y no le importó dejar a 67 familias sin el hogar a cambio de la colocación de luminaria en el estadio municipal”, declaró a LA REPÚBLICA Ademar Silvera, vicepresidente del FA en dicho departamento.
Cabe mencionar que todos estos hechos fueron denunciados tanto por la Junta Departamental como por el Tribunal de Cuentas y fueron presentados ante la Justicia.
“No son cantidades enormes de dinero, pero de todas maneras si vemos irregularidades en cosas pequeñas como esta, seguramente puede haber otras como es el tema de los talleres, los repuestos y el gasoil que compra la Intendencia de Cerro Largo. Pero hay algo mucho más clave: estamos en un momento especial, porque él está pensando conformar una tercera opción dentro de la interna del Partido Nacional. Si la Justicia dilucidara estos hechos, seguramente el futuro político de Botana no sería el mismo. Además, sin lugar a dudas tiene aspiraciones a competir por el gobierno nacional”, agregó.
Asimismo, según el informe presentado por la Junta Departamental, la irregularidad no sólo sucede por el desvío de fondos, sino por cómo sucedió la compra de la luminaria. “El intendente hace caudal de las razones de urgencia para llevar a cabo la contratación sin recurrir al proceso de licitación pública, señalando además que la empresa contratada es la única que provee tales artefactos eléctricos”, se declara en el documento que pudo acceder LA REPÚBLICA. (Para acceder al documento firmado por el intendente ir al punto 2 del recuadro 1).
Sin embargo, resultó que la empresa, denominada Rodrigo Fialho RF no tenía el tipo de artefacto que necesitaba la Intendencia, por lo que tuvo que recurrir a un representante de Philips Uruguay en Pando para venderle los artefactos.“El intendente cambió su discurso. Nos dijo que no había lo que necesitaba en el país. Si uno analiza la fecha en las que se hizo el negocio, prácticamente en menos de dos días se encargaron las luminarias, se compraron, se trajeron de Argentina y llegaron a Melo. Ahí hubo alguna otra irregularidad. La aduana no se enteró de esa adquisición de luminaria o lo vio y lo quiso ignorar”, agregó Silvera.
Al igual que lo declarado por el informe de la comisión investigadora de la Junta Departamental, Silvera señaló que para seleccionar la empresa encargada de vender los artefactos“no se llamó a licitación”. “Pero hay algo más. Lo curioso es que Rodrigo Fialho RF pagó más, o por lo menos la boleta por la cual le vendieron a Fialho el artefacto es por un valor mayor que lo que él le cobró a la Intendencia. Hay una diferencia de plata. ¿Qué
Boletas de compra de ambas empresas presentadas ante la Justicia. Fialho Rodrigo compró en Pando un proyector Philips por US$ 129.176, y vendió el mismo a la Intendencia por US$ 109.800.
¿Qué es más importante? ¿Construir viviendas o iluminar un estadio? Creo que el intendente sigue aquel viejo dicho: a la población le da pan y circo. Acá el circo es el fútbol y el carnaval. Botana claramente en este tema de las viviendas tuvo un problema de prioridades”.
fue lo que ganó esa empresa con ese negocio? ¿Dónde estuvo la ganancia cuando le vendió la luminaria por un precio menor a la que la compró?”, se preguntó.
LA REPÚBLICA recibió de Silvera las boletas de compra de ambas empresas que fueron presentadas ante la Justicia. En ellas, se puede notar que Fialho Rodrigo compró en Pando un proyector Philips por un total de 129.176 dólares.
En cambio, dicha empresa le vendió el artefacto a la Intendencia por 109.800 dólares. Por tanto, hay una diferencia de 19.376 dólares que la empresa Fialho supuestamente perdió.
Las viviendas que nunca terminaron
Según el documento al que accedió LA REPÚBLICA, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la comuna de Cerro Largo firmaron un convenio en setiembre de 2011 para la construcción de 67 viviendas.
El plazo que se estipuló para la finalización de las mismas fue de dos años. El Ministerio aportó un monto de 63.881 UR, que los depositó a una cuenta extra-presupuestal. “No cabe dudas que la cuenta extra pre su pues tal era indicada por la Intendencia para que el Ministerio depositara allí los fondos derivados del convenio en cuestión, ni siquiera los representantes de la Intendencia negaron tal extremo”, se menciona en el informe de la comisión investigadora de la Junta Departamental, y se agrega que“esa desviación de fondos podría ser la causa del magro avance de la obra existente respecto al conjunto de viviendas a los que estaban destinados esos aportes”.
“Han pasado 7 años, las viviendas se comenzaron a hacer y todavía no las han terminado”, aseveró Silvera. “Ese plan era para familias que tenía determinada situación hace 4 o 5 años atrás, ahora esa situación cambió totalmente”.
Agregó que los convenios tienen el mismo peso y valor que una Ley. La diferencia es que no es una normativa general, sino que tiene vigencia para las partes que convienen. “Por tanto, el intendente violentó una Ley”.