Se cumplen 33 años de la liberación de los presos políticos de la dictadura
El 14 de marzo de 1985, las cárceles políticas uruguayas quedaron vacías. En Libertad, llegaron a transitar 2.873 reclusos. En esa misma jornada, en el colegio de los Padres Conventuales en el centro de Montevideo, un grupo de dirigentes históricos de los Tupamaros, muchos de ellos recién liberados, brindaron una conferencia de prensa. La mayoría había estado preso desde 1972. El hoy fallecido ex ministro de Defensa y senador Eleuterio Fernández Huidobro dio lectura a una misiva de Raúl Sendic, y anunció una movilización para plebiscitar “un plan por la tierra y contra la pobreza” (expropiar latifundios de más de 2.500 hectáreas, nacionalizar la banca, no pagar la deuda externa). Sendic, con secuelas de la herida de bala en su cara, desde su detención en 1972, y con dificultades para hablar, será después operado en Cuba, y recién participará en un acto público en diciembre de 1986 (estadio Franzini, Montevideo). El ex presidente de la República, José Mujica, participó en esta reunión de los Conventuales. Había sido liberado el 10 de marzo, luego de 13 años de prisión. Volvió de inmediato a la militancia política y se reencontró con su compañera, hoy vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky (encarcelada desde agosto de 1972 hasta el 12 de marzo de ese año). Mujica permaneció unos días de retiro en este colegio católico y luego se instaló en la quinta de su madre, en Paso de la Arena.
El 1º de marzo de 1985, asumió el presidente Julio María Sanguinetti y envió un proyecto de pacificación nacional al Parlamento, pero cuatro días después, la Cámara de Representantes aprobó un articulado en el que se establecía la vigencia de una “amnistía general e irrestricta”. Lo hizo por 55 votos en 94. Gobierno y oposición iniciaron intensas negociaciones. Intervino la entonces ministra de Educación y Cultura, Adela Reta ¬una eminente penalista¬, que aportó una “fórmula transaccional”, que implicaba en los hechos la liberación de todos los presos políticos. El Senado respaldó la salida (24 en 27), y el 8 de marzo, la Asamblea General, por 86 votos en 91 presentes, respaldó el nuevo texto. Ese mismo día, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 15.737 de Pacificación Nacional, que ratificaba la Convención de Costa Rica sobre derechos humanos y creaba la Comisión de Repatriación (que presidiría el entonces diputado colorado de la CBI, Víctor Vaillant).
La amnistía comprendía a todos los delitos políticos comunes y militares conexos cometidos entre el 1º de enero de 1962 y el 1º de marzo de 1985. La nueva Ley permitía la inmediata liberación de 206 presos políticos que aún estaban en las cárceles. Los acusados por “delitos de sangre” debían ser nuevamente juzgados en un plazo de 120 días. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia ordenó su puesta en libertad mientras se diligenciaban los procesos.
El 10 de marzo fueron saliendo de la penitenciaría de Libertad (San José), en pequeños grupos, uruguayos que llevaban hasta 13 años de encarcelamiento. “En Montevideo, cientos de manifestantes se concentraban frente a la Jefatura de Policía (de la calle San José), para recibir la libertad de las presas políticas.
Las mujeres salen en camionetas de la Policía; la multitud grita.
En ese contexto renuncian los miembros del Supremo Tribunal Militar presidido por el coronel Federico Silva Ledesma.