Primer diálogo público sobre la Ley integral de violencia basada en género
La Ley integral de Violencia basada en Género, Nro. 19.580, fue promulgada en diciembre de 2017 y ya se está implementando, aunque con dificultades. La falta de asignación presupuestal para las transformaciones que supone no es la única, pero tampoco es menor. Por iniciativa de la Comisión de Género de la Cancillería del Uruguay, el pasado 12 de abril autoridades gubernamentales, representantes del Poder Judicial y de la sociedad civil dialogaron a su respecto, visibilizando lo que es posible aplicar ya y lo que aún no.
En el encuentro ``Dialogando sobre la Ley Integral de Violencia basada en Género``, que se realizó en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) participaron el subsecretario de la cartera, Ariel Bergamino; la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mariella Mazzotti; la coordinadora de ONU Mujeres en Uruguay, Magdalena Furtado; Teresa Herrera, vocera de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y la directora de la Unidad de Género de la Fiscalía General de la Nación, Maria Elena Patricia Lanzani.
Bergamino valoró la iniciativa de convocar a un diálogo sobre la Ley Nro 19.580, que además constituyó la primera exposición pública a su respecto.
El jerarca llamó la atención sobre el carácter reciente de la consolidación del concepto de violencia de género: a partir de los años 90, lo que a su juicio habla de las resistencias que se opusieron a la toma de conciencia de que ´´la violencia contra las mujeres no es biológica ni doméstica, sino la consecuencia de una situación de discriminación intemporal con origen en una estructura social patriarcal``.
Destacó la labor en tal sentido de gobiernos y organizaciones sociales así como el trabajo de los medios de comunicación al difundir los hechos, aunque con ``enfoques muchas veces sensacionalistas``.
Machismo y violencia
Para Furtado, Uruguay se encuentra en un momento histórico: tiene la responsabilidad de dar ejemplo en la región. Las normas son solo una parte de esa responsabilidad: el desafío es su implementación y el cambio cultural.
Según datos de Naciones Unidas, 22 países de América Latina y el Caribe disponen de leyes que protegen a las víctimas de violencia de género. Once dieron además un paso cualitativo, con enfoque integral, mediante leyes que amplían las respuestas institucionales a las manifestaciones de violencia en ámbitos privados y públicos, a través de leyes de segunda generación. Uruguay fue uno de los últimos, junto con Ecuador, pero el enfoque de la Ley 19.590 se considera uno de los más adelantados y completos. Dieciocho países del área avanzaron en la tipificación y sanción del femicidio, incluido Uruguay.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) calculó que en 2016 se produjeron 1.831 femicidios en 16 países de la región, marcando un incremento respecto de 2015. Pero no son las cifras totales porque, además del subregistro, algunas naciones como México y Brasil no informan al respecto.
Uruguay tiene un muy buen registro de los asesinatos de mujeres por razones de género, a través del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. De él surge que en 2017 treinta mujeres fueron asesinadas y en lo que va de 2018 ya suman 12 y hay tres casos sin resolver.
Esas cifras llaman la atención cuando se las relaciona con la población: poco más de tres millones cuatrocientos mil habitantes en total. ``Esto no es tolerable en un país con la menor tasa de pobreza y desigualdad de la región``, afirma Furtado.
Por su parte, Mazzotti considera que la Ley 19.580 es una expresión de la madurez del país en su conjunto –Estado y organizaciones de la sociedad civil- para conectar machismo con violencia hacia las mujeres, recordando que el machismo mata. A su juicio, los lineamientos para la política pública en la materia que incluye la ley y la implementación de la misma, constituyen un compromiso para todo el Estado y también para la sociedad civil.
En la misma actividad, un panel donde coincidieron re-
presentantes del órgano rector de las políticas públicas en
materia de género, de la sociedad civil y de la Fiscalía General de la Nación, moderado por la presidenta de la Comisión de Género del MRREE, Silvana Guerra, analizó los alcances y desafíos de la implementación de la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género.
Fiscalía: implementación con límites
Lanzani enfatizó la voluntad manifiesta de la norma en el reconocimiento de que la víctima es un ser único al que hay que darle respuesta integral, a partir de lo cual distinguió lo que es de aplicación directa de lo que todavía no puede implementarse.
En el primer rubro están las reformas penales, que incluyen la sustitución del delito de violación por los de abuso sexual, abuso sexual especialmente agravado y abuso sexual sin contacto físico, que terminan con el centralismo de la penetración en la tipificación del delito.Tampoco hace falta ya la instancia de parte, es decir que sea la victima quien inicie el proceso.
Destacó también la amplitud del abanico de manifestaciones de la violencia de género, no todas las cuales constituyen delito pero están visualizadas y definidas en el cuerpo de la norma, y la novedades en materia de protección de las víctimas.
La fiscal reconoce que por el momento no se pueden aplicar las medidas de prevención y protección en toda su extensión. La víctima todavía debe ir de un juzgado a otro: a los de Familia Especializada para las medidas de protección; a los Penales y a los de Familia comunes para los trámites de sus respectivas competencias; al médico forense, con los técnicos periciales... Esto puede suponer transitar durante dos días, en general con niños a cuestas. Tampoco las políticas solucionan adonde puede ir la víctima luego de la denuncia, cuando el retorno a su casa puede significar más daño y hasta la muerte.
La implementación del juzgado único, donde se resuelvan desde las medidas de protección, el proceso penal, régimen de visitas, obligaciones alimentarias hasta la reparación a la víctima, ``es complicado pero se puede hacer``, dice Lanzani. Agrega que todos ´´debemos entender que la violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos, y todos tenemos que ser detectores de esa violencia´´.
En la Fiscalìa se creó la Unidad de Víctimas y Testigos, dotada de un equipo interdisciplinario que trabaja las 24 horas. ´´Hoy el trabajo es artesanal, debería ser mas institucional``,
adelanta Lanzani. Sociedad civil: una ley sin presupuesto no sirve
Desde la sociedad civil, Herrera reconoció que se festeja la aprobación de la ley integral, cuyo proceso de redacción duró tres años y en el cual destaca el trabajo de las abogadas Diana González y Alicia Deus.
Pero, asegura que ``el país está lejos de tener una política pública sobre violencia de género. Una ley sin presupuesto no sirve, no sirve si no se aprueba dinero y si no hay cambio de mentalidad``.
Recuerda que la sociedad civil organizada viene pidiendo una declaración de emergencia nacional, porque esa violencia tiene que ser una prioridad, pero no ha ocurrido. Es que ``Desde el presidente para abajo, nadie conoce como las mujeres llegan a esa situación``, afirma.
En relación a los servicios para las víctimas, recordó que ``no se puede aplicar una política
pública en horario de empleado público``, en referencia a sus horarios acotados siendo que los hechos pueden suceder a cualquier hora y las mujeres no tienen adonde dirigirse.
Repensar el programa de servicios de atención, con la perspectiva de unificar los que pertenecen a distintas instituciones, como intendencias e Inmujeres; cambiar la forma de trabajo ´´rompiendo chacras´´ y priorizando la coordinación, trabajar en el cambio de ideología de operadores judiciales, reconvertir juzgados de Familia con poco trabajo en especializados, poner más voluntad política en la prevención, son otras de las demandas de la sociedad civil.
Inmujeres: autonomía económica y representaciones sociales
Admitiendo que los cambios son insuficientes y compartiendo que la sociedad civil interpele al Estado, Mazzotti recalca que cambios hubo, desde 1992 cuando se creó el primer servicio para denunciar violencia doméstica hasta ahora, cuando solamente el Inmujeres tiene 29 servicios en todo el país. Entre ellos, 18 equipos territoriales que trabajan en talleres educativos en forma permanente desde 2014 y ocho equipos en programa de tobilleras, que brindan atención a hombres agresores derivados por el Poder Judicial o que se acercan en forma voluntaria.
Hay servicios de atención en todas las capitales departamentales y también en localidades como Bella Unión, Paso de los Toros y Ciudad del Plata. Además hay otros en pequeñas localidades, como Sarandí del Yi y Durazno , creados en convenio con las intendencias. Cada servicio está integrado por psicólogos, asistentes sociales y abogados que proporcionan patrocinio jurídico. Los equipos del programa tobilleras están en Montevideo, Canelones, Colonia, San José, Flores y Maldonado.
Pero los servicios no aseguran que no se produzcan hechos de violencia: ``En Sarandi del Yi hay una red fuerte, pero igual hubo una muerte, porque la víctima no se animó a hablar en el momento oportuno. Sería conveniente que las mujeres fueran a los servicios de atención antes de denunciar, ya que allí entre otros apoyos van a encontrar patrocinio jurídico``, explicó Mazzotti. Agregó que aún hay mucha población discriminada y estigmatizada: ``las mujeres pobres muy pobres enfrentan violencia de género pero también la pobreza. La sociedad también tiene que ver los mecanismos de exclusión que reproduce``.
Para ella, la raíz de la violencia de género tiene que ver con la autonomía económica de las mujeres y las representaciones sociales (pautas de lugares sociales de hombres y mujeres), además de la matriz conservadora que reproduce esos valores. ´´Cambiar es responsabilidad de todos, de las instituciones también porque pueden ser reproductoras``, advirtió.
Señaló, asimismo, que ``Hoy en Uruguay hay un debate que incorpora fuerzas que intentan discutir los avances, porque los consideran demasiado transformadores. En la Cámara de Representantes se llegó a cuestionar la ley integral por percibirla como ´ley antihombre´, cuando lo que busca es la transformación y liberar al hombre de la violencia`.
Aspectos que no requieren presupuesto
Reconoce Mazzotti que la implementación de la ley es compleja y que el reforzamiento presupuestal será progresivo. No obstante, destaca los aspectos que no requieren presupuesto. Entre ellos, los derechos de las victimas mujeres, niñas, niños y adolescentes, entre los que se incluyen el de saber cómo van los procesos judiciales, tener un acompañante de confianza, no ser confrontadas en ningún momento con el agresor, conservar el trabajo donde se le tienen que proporcionar 24 horas para hacer trámites y 24 más si hay medidas de seguridad, permanecer en el domicilio si es víctima, entre otros. Por otro lado, no se puede dar cargos públicos a quien tenga causas administrativas o penales por violencia de género.
Además de dar la mayor difusión posible al contenido de la ley, hay que fortalecer las acciones del Estado, particularmente en educación, cultura y medios, y volcarse al interior del país. Pero para todo ello se requiere tiempo y progresividad, advierte Mazzotti, sin olvidar que hay mucho que trabajar en materia de reparación de los daños que produce esa violencia.
La directora de Inmujeres insiste en que la ley marca un cambio cultural: ``Necesitamos que desde ya la nueva tipificación de los delitos se aplique, y que no se centre la implementación de la ley solamente en el presupuesto, sin perjuicio que es tarea de todos insistir con los legisladores para que voten a favor`` de más fondos al efecto.
El cierre del encuentro estuvo a cargo de la directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del MRREE, Dianela Pi, quien reiteró la responsabilidad del Estado de asumir la obligación jurídica y moral de atender a las víctimas, y el rol de la sociedad civil de movilizar para que se cumpla.