Crónica de una nueva patraña política
La decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de negar el recurso de habeas corpus al ex presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva y su posterior encarcelamiento, constituyen una nueva patraña de la derecha brasileña aliada al gran capital y a los medios masivos de difusión masiva afines al bloque conservador.
Obviamente, el ajustado dictamen del órgano judicial viola flagrantemente la Constitución del vecino país, que establece expresamente que la privación de libertad sólo se puede concretar luego de agotadas todas las instancias y los recursos legales.
Por supuesto, el componente más espurio de esta situación es que el acusado fue enviado a prisión sin pruebas de los cargos que se le imputan.
En efecto, en el marco de la investigación montada en torno al escándalo de corrupción conocido como Lava Jato, nunca se obtuvieron pruebas materiales de ilícitos perpetrados por parte del ex mandatario.
Incluso, los magistrados ignoraron las declaraciones de setenta y tres testigos que contradijeron las apócrifas acusaciones del ex director de la constructora OAS y desestimaron todos los recursos presentados por la defensa del ex presidente.
Tampoco tomaron en consideración el minucioso estudio de la sentencia condenatoria, por parte de más de un centenar de abogados que demolieron literalmente el cuerpo de la acusación formulada por el juez Sergio Moro.
Obviamente, la decisión del STF fue fogoneada por las presiones de la red o Globo y de actores políticos de la rancia derecha brasileña y hasta por militares golpistas.
En ese contexto, lo más grave es que el tribunal fue amenazado por el comandante en jefe del ejército, general Eduardo Villas Boas, quien -en tono claramente intimidatoriose manifestó partidario de que el organismo jurisdiccional desestimara al habeas corpus solicitado por el imputado.
Paralelamente, el general (r) Luiz Gonzaga Schroeder Lessa emitió una suerte de proclama gorila, cuando afirmó que “la crisis va a ser resuelta con balas y se va a derramar sangre”, advirtiendo que si Lula volvía a ser presidente, “las fuerzas armadas deberán restaurar el orden”.
Por supuesto, al momento de registrarse la detención del ex presidente, todas las encuestas de intención de voto lo daban como favorito para ganar las elecciones de este año.
Como se recordará, la primera etapa de este plan desestabilizador y antidemocrático fue la destitución de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil concretada hace casi dos años, bajo la insólita acusación de presunto maquillaje de las cuentas públicas.
Este acontecimiento fue la primera etapa del desmantelamiento de una de las más importantes experiencias de transformación política, económica y social de la historia de nuestro continente.
En efecto, el programa de cambio aplicado por el Partido de los Trabajadores y liderado por Lula durante sus dos presidencias, permitió rescatar a nada menos que 29 millones de brasileños de la pobreza, bajar el desempleo del 10,5% al 5,7% y engrosar la clase media del país, que el final de su mandato sumaba el 51% de la población.
Asimismo, mediante programas sociales como “Bolsa familia”, el Estado asistió a más de 12 millones de brasileños en grave situación de vulnerabilidad social.
Como si eso no fuera suficiente, la economía creció a un promedio de 4% anual y se canceló toda la deuda con el Fondo Monetario Internacional, lo cual permitió a Brasil superar la dependencia y el condicionamiento que en el pasado le impidió desarrollarse acorde a su riqueza y real potencial.
Obviamente, la arbitraria destitución de la presidenta Rousseff alentó el comienzo de un proceso regresivo de apropiación del más importante enclave progresista de Sudamérica.
No en vano Brasil se erigió, durante los gobiernos del PT, en un referente entre las denominadas naciones emergentes que desafían el poder global de los países centrales liderados por Estados Unidos y la Unión Europea.
No en vano el propio presidente Michael Temer, que ocupa actualmente el despacho del Palacio de Planalto, es un acérrimo defensor de la economía de mercado, que pese a estar sospechado de actos de corrupción, sigue en el cargo.
Incluso, varios de sus ministros representan los intereses de la rancia oligarquía brasileña y del gran capital, en lo que supone un radical giro hacia la derecha.
El primer paso hacia la consolidación del capitalismo salvaje en Brasil es la draconiana reforma laboral aprobada por el congreso, que barre literalmente con las transformaciones sociales de los gobiernos del PT y retrotrae a Brasil a antes de las reformas promovidas por el líder populista y ex presidente Getulio Vargas.
El nuevo esquema de relaciones laborales, que se caracteriza por el libertinaje de mercado, prevé la caída de la negociación salarial colectiva por rama de actividad, la cual fortalecía sustantivamente el poder negociador de los trabajadores. En ese contexto, los empresarios pueden acordar directamente con su personal, tanto los montos de los salarios como las condiciones de trabajo.
Una de las prerrogativas más polémicas es que se permite pagar salarios sobre una base horaria o diaria, pero ya no mensual. En efecto, el empleador debe convocar al empleado con un mínimo de tres días de antelación y le informa cuál será la jornada de trabajo.
Además, quedarán fuera del área de negociación temas tan sensibles como el salario mínimo, el aguinaldo, las horas extra, la licencia por maternidad y las normas de seguridad.
Incluso, los capitalistas pueden hacer valer cláusulas mucho más flexibles, pactar sueldos a la baja, así como horarios de trabajo, tiempos de descanso, asuetos y hasta la división de las licencias, acorde a las necesidades de las unidades productivas. En ese marco, se podrán establecer jornadas laborales de hasta doce horas.
Una de las claves de este cambio radical es una norma que permite a los empresarios tercerizar sus actividades, barriendo literalmente con los derechos adquiridos por los obreros de planta.
Además, la nueva legislación prevé agilizar sustantivamente los trámites de contratación y despido de personal, lo cual horadará las garantías con las que cuenta la clase trabajadora.
Como es notorio, Lula prometió que, si vuelve a ser presidente, derogará esta norma, que supone un auténtico atentado a los derechos de la inmensa mayoría de los brasileños y un cheque en blanco para el empresariado explotador.
Por ello, sus poderosos enemigos políticos harán lo que sea menester para que no vuelva a gobernar, aunque para ello deban violar la propia Constitución de su país.