“Las causas no avanzan porque para el Poder Judicial no son prioridad”
Destacó la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, aunque enfatizó que el problema no está ahí.
Este domingo 20 de mayo se vivió en nuestro país una jornada en la que la defensa de los Derechos Humanos (DD.HH.) cobró una relevancia más que destacada, ya que miles de personas marcharon gritando silenciosamente pidiendo memoria, verdad y más justicia.
En ese contexto, una de las que marchó por la Av. 18 de Julio fue la escueza y actual presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Indhh), la doctora Mariana Mota.
Unos minutos antes de que partiera hacia esta movilización, LA REPÚBLICA dialogó con Mota.
Con relación a las causas judiciales relacionadas con detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, ¿cuántas están abiertas y por qué no se han logrado resolver?
-Son más de 200 y cerca de 300. Estas tiene diferente grado de avance, alguna están recién empezando, otras hace años que no avanzan, ya sea por los recursos que se presentan o por las dificultades probatorias. Además se han ido incorporando varias denuncias en los últimos tiempos.
¿Y puntualmente de qué depende que avancen o no?
-En primer lugar, las causas de los desaparecidos no avanzan porque para el Poder Judicial no soy prioridad, no han considerado que tengan que tener una atención especial para poder abordarlas y terminar de resolverlas. Son causas en su mayoría muy demoradas que tendrían que haberse resuelto hace muchísimos años. Por un tiempo fue por la existencia de la Leyde Caducidad, pero ya hace un tiempo que la misma no es un obstáculo y sin embargo no hay una dirección del Poder Judicial de priorizarlas. Además los jueces no tienen mucho tiempo para dedicarles. El segundo aspecto son los recursos presentados por los militares o las personas indagadas que tuvieron vinculación con la dictadura y con estos delitos. Después viene la postura de la Suprema Corte de Justicia que entiende que estos delitos no son de lesa humanidad y acepta que se aplique, por ejemplo, la prescripción, y eso termina cerrando las causas.Tampoco hay un equipo de abogados especializados en esta temática que sean pagados por el Estado para trabajar exclusivamente estas causas, como hay en otros países. Eso condiciona todo, porque depende de las posibilidades que tengan las defensas para buscar pruebas, ubicar y convocar a testigos, analizar documentación, lo que muchas veces es bastante complejo. Estas causas tienen un contexto histórico, que hay que conocer y valorar, y por otro lado tienen otras particularidades. No son un hurto o una rapiña. Son expedientes voluminosos que hay que estudiar con detenimiento. Además no hay un aporte del lado de los militares, pero eso es lógico y no tiene porque hacerlo porque si son indagados por delitos no tiene que aportar ninguna prueba. Pero no sólo el Poder Judicial pone trabas sino otros organismos del Estado que demoran en entregar la información requerida, como ser la dirección de algún militar.
¿Qué rol ha jugado en todo esto el Poder Ejecutivo? ¿Ha dado lineamientos claros para ayudar a solucionar estos temas?
-Si bien no está al nivel del Judicial, el problema en el Ejecutivo es que las iniciativas que presenta demoran mucho en ponerse a trabajar y no logra los resultados que la gente esperaba, aunque el Ministerio de Defensa en los últimos tiempos parece estar más proactivo. Pero no parece que este tema sea prioridad para el Estado.
En este contexto, ¿qué aportes considera que puede brindar la reciente creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, la que está a cargo del fiscal Ricardo Perciballe? ¿Cómo puede incidir el nuevo Código del Proceso Penal (CPP)?
-Por un lado, el nuevo CPP no incide porque las causas estas fueron iniciadas con el anterior código y este nuevo no las modifica, o sea que eso va a seguir igual como estaba antes. La designación del fiscal es una buena medida que se tenía que haber tomado bastante tiempo atrás, ya que no había nada que lo impidiera. Lo bueno, además, es que es una sola línea de pensamiento, ya que una misma persona analiza las causas. La pena es que tiene muy poca gente, porque es un fiscal con sólo dos adjuntos para cubrir todas las causas de todo el país. Eso implica movilizarse, ir de una audiencia a otra, viajar al interior y exterior.
Esto no favorece la rapidez con que se requiere que se trabaje en estas causas. Otro aspecto bueno es que aplica normativa internacional, considera que son delitos de lesa humanidad, y eso es un avance porque es la cabeza con la que hay que pensar. Pero no hay que olvidar que el fiscal no es el único en el proceso, ya que está el juez, y si este tiene otro pensamiento, no se resuelve nada. Es que el fiscal puede pedir una cosa y fundarla, pero si quien resuelve maneja otros conceptos, nos vamos para atrás de nuevo.Ya en la Fiscalía había gente proactiva en estos temas, y ahora se puso una persona que conoce mucho del tema, pero el obstáculo no estaba en la fiscalía.
¿Cómo valora esta jornada de movilización en silencio después de tantos años y de un crecimiento tan grande que ha tenido en estos 23 años?
-Mirándola a lo largo del tiempo ha crecido no sólo en personas sino en discusión sobre lo que significa. La gente joven se pliega y entiende lo que pasó, y cuales son los postulados de esta convocatoria y los acompaña, y esa es una manera de entender que esto no es solo un grupo de personas que piden por sus desaparecidos, sino por un tema de DD.HH., de perspectiva de Estado hacia futuro.
Es que si estas graves violaciones no se aclaran no se consideran, estamos ante un Estado débil. Lo importante es sostener esto en el tiempo, en el correr del año, porque decae mucho.